Florida prohíbe la sociología en el plan de estudios básico de las universidades estatales

Las universidades públicas de Florida ya no permitirán que un curso introductorio de sociología independiente cuente para los requisitos de educación general, después de que los líderes estatales aprobaran el jueves una prohibición de gran alcance a nivel de todo el sistema, la cual refleja años de críticas republicanas hacia esta disciplina.

Esta medida —que originalmente no figuraba en la agenda de la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal— relegará, en la práctica, la sociología introductoria a la categoría de asignatura optativa a partir de este otoño, eliminándola del plan de estudios básico que cursa la mayoría de los estudiantes de pregrado.

Asimismo, marca una intensificación en los esfuerzos de los líderes de Florida por reconfigurar la enseñanza universitaria, particularmente en temas como la raza, el género y la desigualdad, los cuales los funcionarios conservadores han señalado cada vez con mayor frecuencia como ejemplos de ideología “woke”.

Durante años, los legisladores republicanos y los líderes educativos han sostenido que la sociología —especialmente los cursos introductorios con gran número de inscritos— ha sido cooptada por la ideología progresista y se ha desviado de la investigación académica empírica. La votación del jueves constituye una de las acciones de mayor envergadura emprendidas hasta la fecha dentro de esa campaña.

La decisión excluye a la sociología introductoria del catálogo de educación general del estado: el conjunto de cursos fundamentales que todos los estudiantes deben completar —independientemente de su especialidad— en diversas áreas como las matemáticas, las ciencias, las humanidades y las ciencias sociales.

Este cambio sorpresivo se produjo por recomendación del canciller del Sistema Universitario Estatal, Ray Rodrigues, quien citó la resistencia del cuerpo docente ante un plan de estudios y un libro de texto de sociología —diseñados por el estado— que habían sido aprobados recientemente.

Rodrigues señaló a aquellos profesores que han calificado dichos materiales como una “afrenta a la libertad académica” y de calidad “inferior”, argumentando que limitan la manera en que los cursos abordan temas como la raza, el género y la sexualidad. También hizo referencia a informes que sugerían que algunos docentes planeaban acatar las normas estatales solo “sobre el papel”, mientras continuaban enseñando los temas restringidos; comentarios que, según afirmó, socavaban la confianza necesaria para mantener dicho curso dentro del plan de educación general.

Al promover su exclusión, Rodrigues argumentó que la disciplina ha sido “capturada ideológicamente”.

“La sociología, como disciplina, se ha convertido ahora en una labor de defensa social y política disfrazada con las vestiduras de la academia”, declaró durante la reunión de la junta celebrada en Pensacola. Asimismo, criticó a la Asociación Americana de Sociología (American Sociological Association) —la organización nacional más importante de la disciplina—, citando su enfoque en la desigualdad y el cambio social como prueba de que este campo se ha alejado de la investigación académica objetiva.

En un mensaje de texto enviado al Herald/Times, Rodrigues afirmó que la medida adoptada por la junta equivale a una prohibición firme: a las universidades no se les permitirá reincorporar un curso introductorio de sociología al plan de educación general, ni siquiera si este fuera rediseñado para cumplir con la legislación estatal.

La decisión no fue unánime. Dos miembros de la junta votaron en contra del cambio, incluida la representante del cuerpo docente Kimberly Dunn, profesora de contabilidad en la Florida Atlantic University, quien advirtió que la medida era demasiado amplia.

“La eliminación podría ser prematura y más amplia de lo necesario”, afirmó Dunn. “La sociología contribuye directamente a las competencias que enfatizamos de manera constante. Se trata de habilidades que nuestros graduados necesitan en todos los sectores”.

Señaló que mantener la sociología dentro del plan de educación general preserva “una indagación disciplinada y basada en la evidencia sobre aspectos de importancia crítica de la experiencia humana”.

Docentes de todo el estado han advertido, en el mismo sentido, que las restricciones impuestas al plan de estudios revisado —incluidos los límites a la enseñanza que presenta el racismo sistémico, el sexismo o la opresión como principales impulsores de la desigualdad— despojarían a la disciplina de sus conceptos fundamentales y distorsionarían el campo de estudio.

La votación del jueves constituye el paso más reciente dentro de un esfuerzo más amplio para reestructurar la educación general en las 12 universidades públicas de Florida.

Este impulso comenzó en 2023, cuando la Legislatura —controlada por los republicanos y con el respaldo del gobernador Ron DeSantis— aprobó una ley de educación superior que exige la revisión de los cursos y restringe la instrucción vinculada a la diversidad, la equidad y la inclusión. La ley instruye a las universidades a poner énfasis en el conocimiento “fundamental” y prohíbe la instrucción arraigada en lo que los funcionarios estatales describen como “políticas de identidad”, incluidas aquellas teorías que plantean que el racismo sistémico y la desigualdad están intrínsecamente arraigados en las instituciones estadounidenses.

La sociología se convirtió rápidamente en un punto central de atención. En 2024, la Junta de Gobernadores eliminó la asignatura Principios de Sociología de la lista de cursos troncales aprobados y obligatorios para la graduación, sustituyéndola por una clase de historia. Posteriormente, funcionarios estatales colaboraron con un pequeño grupo de profesores y administradores para elaborar un marco curricular revisado y un libro de texto alineados con la ley, los cuales fueron distribuidos a los campus a principios de este año.

Dicho plan de estudios —que restringe la enseñanza que presenta el racismo sistémico, el sexismo o la opresión como principales impulsores de la desigualdad— suscitó una fuerte reacción negativa por parte de profesores de todo el estado; muchos de ellos afirmaron que el plan despojaba a la disciplina de sus conceptos fundamentales y la tergiversaba. Algunos de los docentes que participaron en su redacción se desvincularon posteriormente de la iniciativa.

Solo cuatro universidades —la Universidad del Sur de Florida (USF), la Universidad Florida A&M, la Universidad del Norte de Florida y la Universidad Florida Gulf Coast— habían solicitado formalmente eliminar la sociología introductoria de su oferta de educación general.

La votación del jueves fue aún más lejos, al extender la aplicación de este cambio a las 12 universidades públicas del estado.

No obstante, los 28 colleges públicos de Florida continuarán ofreciendo la sociología introductoria como curso de educación general, utilizando para ello el marco curricular revisado por el estado, según declaró durante la reunión el Comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas.

Sus defensores sostienen que los cursos introductorios se habían centrado excesivamente en los marcos contemporáneos de justicia social, y que los nuevos estándares restablecen el énfasis en los pensadores clásicos, los métodos empíricos y un abanico más amplio de perspectivas.

Las universidades seguirán ofreciendo la especialidad y los cursos de sociología; sin embargo, algunos docentes advierten que la eliminación de la asignatura introductoria del catálogo de educación general podría acarrear consecuencias duraderas para los departamentos de artes liberales.

Desde hace mucho tiempo, la sociología introductoria ha sido un curso con un elevado número de inscritos, capaz de atraer a estudiantes de las más diversas especialidades y que, a menudo, sirve como puerta de entrada a campos como la criminología, la salud pública, la educación y el trabajo social. Según los profesores, al perder su designación como curso de educación general, es probable que menos estudiantes decidan cursarla; un cambio que, con el paso del tiempo, podría reducir la matrícula en los cursos de nivel superior y provocar una sangría en los ingresos por concepto de matrículas de los departamentos afectados.