‘Tengo miedo de quedar en la calle’: Continúa el suplicio de inquilinos de edificio colapsado en Hialeah
A cinco semanas del derrumbe parcial del edificio 2350 Palm Avenue, en Hialeah, las familias que allí residían viven en absoluto desconcierto: no pueden regresar a sus apartamentos, no tienen un lugar estable dónde vivir y el arrendador del inmueble dejó de pagar su alojamiento provisional.
Durante un mes, que se cumplió el 30 de noviembre, Jorge Alvarino, propietario del edificio bajo la empresa Orengo LLC, pagó la estadía de 13 familias, mientras que dos inquilinos rompieron el contrato una vez se derrumbó el edificio.
Hasta el momento del derrumbe, el precio del alquiler de los apartamentos tipo estudio o de una habitación en ese edificio oscilaba entre $950 a $1,150.
Alvarino dijo a el Nuevo Herald apenas se derrumbó el pasillo del segundo piso del edificio que podría garantizarles hospedaje a los inquilinos un mes, asegurando que en ese lapso de tiempo lograría reparar el inmueble.
Sin embargo, el Departamento de Construcciones de Hialeah informó que hasta el 9 de diciembre el propietario del edificio no ha presentado un plan para corregir las deficiencias del inmueble, avalado por un ingeniero. Este es un requisito para obtener el permiso que permitirá reparar los daños de la estructura.
Alvarino no ha respondido a las solicitudes de el Nuevo Herald para conocer el estatus de la reparación del inmueble.
Siete familias han confirmado a el Nuevo Herald que desde diciembre el pago de hospedaje corre por su cuenta, luego de que Alvarino les devolviera el mes de depósito y adelanto de sus contratos, a pesar de que la ordenanza de Miami-Dade en caso de desalojo indica que los primeros tres meses de hospedaje los debe cubrir el dueño del inmueble.
La Declaración de Derechos del Inquilino, ordenanza aprobada en mayo de 2022, indica: “Cuando el Oficial de Construcción ordena que se desocupe un edificio, unidad o unidades residenciales ocupadas (...) el propietario deberá, dentro de las ocho horas desde el momento de la orden de desalojo, hacer todos los arreglos necesarios para reubicar a los residentes desplazados en una vivienda que sea segura, higiénica y protegida hasta el momento en que el edificio, la unidad o las unidades sean seguras para la reocupación, o durante al menos un período de tres meses”.
Yanislai Pita, una de las inquilinas afectadas, de 37 años, asegura que fue la corredora de bienes raíces del edificio quien le dijo que “el alojamiento en el hotel va a ser solo por un mes, después pasa por gasto de ustedes. Al que no le convenga que recoja sus cosas y se vaya”, denunció.
Desde que Alvarino dejó de pagar por su alojamiento en el hotel ubicado en 148 NW 167th St., en North Miami Beach, Pita y su pareja, comparten una habitación con otra familia que vivía en el inmueble: María Magdalena Hernández, de 61 años, y su hija.
Estas dos familias no pueden cubrir el pago de una habitación individual, están viviendo en una habitación doble hasta que puedan encontrar alternativa de vivienda.
Pero este no es el único caso de vulnerabilidad entre los inquilinos.
Mariela Campos, de 32 años, asegura que se vio obligada a romper el contrato de arrendamiento tras nueve meses de alquiler. Ella vivía en el inmueble junto a su pareja e hija de ocho años. Estuvieron 10 días viviendo en el hotel que había gestionado Alvarino, del 2 al 12 de noviembre.
Ahora esta familia busca un cuarto dónde vivir. Han dormido en casas de amigos y en su vehículo mientras encuentran un alojamiento permanente.
“Esta situación nos ha causado mucho estrés, nos ha dado varias crisis de asma a mí y a mi hija; ahora tengo una alergia en la cara. Todo esto es producto del estrés. Nosotros qué nos íbamos a imaginar que nos íbamos a quedar en la calle”, dijo Campos, quien aseguró que ya se ha mudado cuatro veces, causándole “depresión” toda esta situación.
Opciones legales para los desalojados
Jeffrey M. Hearne, director de Legal Services of Greater Miami, organización que provee servicios legales gratuitos, explica que los inquilinos pueden solicitar ayuda al gobierno condal para que les brinde asistencia económica por alojamiento y puede demandar al arrendador de conformidad con la Declaración de Derechos del Inquilino.
“Nosotros demandamos a un arrendador de un edificio en Miami Beach que también fue desalojado y el dueño solo quería pagar alojamiento por algunas semanas; eventualmente pagó los tres meses que le correspondía pero fue un proceso largo”, indicó Hearne.
Por su parte, el abogado David Winker explicó que “es ilegal que el arrendador intente romper el contrato con los inquilinos y se niegue a pagar los tres meses que la ordenanza del condado indica, yo le recomendaría a los inquilinos que traten de hablar con el Departamento Legal de Miami-Dade para que hagan cumplir la provisión”.
“Lo que yo he visto que ocurre en casos como estos es que el condado les paga a los inquilinos su estadía y luego demandan al dueño del inmueble por el incumplimiento de la ordenanza”, indicó Winker.
Sobre la participación del condado sobre esta situación, la oficina de la alcaldesa, Daniella Levine Cava, envío un comunicado a el Nuevo Herald asegurando: “Continuaremos trabajando con nuestros socios en la Ciudad de Hialeah y ofreceremos recursos del condado, ya que apoyan a las familias afectadas que atraviesan esta difícil situación. Nuestros recursos de vivienda, como el Programa de asistencia de alquiler de emergencia (ERAP), las Subvenciones de soluciones de emergencia (ESG) y el personal de administración de casos, están disponibles para cualquier persona que necesite servicios en el Condado Miami-Dade”.
El condado asegura estar revisando activamente este caso para garantizar que se hayan hecho cumplir todas las políticas locales de vivienda.
Cuatro familias reciben ayuda de la Ciudad de Hialeah
De las 15 familias afectadas por el desalojo, el Departamento de Subvenciones de Hialeah provee ayuda a cuatro a través del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP 2) que opera con fondos del Departamento del Tesoro y cuenta con $4,177,149 para proporcionar asistencia en alquiler y servicios públicos.
Zunilda Woods, de 53 años, vivía con su hija de 13 años en el edificio desde hace tres años cuando llegó a Estados Unidos, proveniente de las Islas Caimán. Es una de las beneficiarias de la ayuda, está alojada en un hotel en Okechobee Road.
“Este último mes ha sido muy estresante, he perdido 10 libras, mi hija ha bajado las calificaciones. Acabo de firmar un contrato con la ciudad para recibir la ayuda de vivienda. Me dieron el equivalente a un mes de hotel y me dijeron que buscara un apartamento para que puedan ayudarme los primeros tres meses. Me siento un poco más aliviada”, relató Woods.
Sin embargo, no todas son buenas noticias para estos inquilinos. Muchos de ellos son inmigrantes con poco tiempo en el país, quienes aún no poseen la documentación para calificar a un programa de ayuda federal.
Ese es el caso de Pita quien a pesar de haber sido la inquilina que gestionó la ayuda de la ciudad, no puede beneficiarse de dichos fondos porque está en trámite para adquirir su residencia y aún no tiene documentos emitidos por el gobierno federal o por la Florida.
La directora de Subvenciones de la ciudad, María Ruiz, explicó a el Nuevo Herald que “todos los solicitantes de fondos federales deben presentar una identificación válida emitida por el gobierno. Algunos de los inquilinos no tenían ninguna identificación, por lo que no pudimos establecer la identidad, que es un requisito del programa”, dijo.
Ruiz explicó que esta situación “toca un tema importante: la cantidad de inmigrantes recién llegados que buscan asistencia que está más allá de la capacidad de la ciudad para brindar”.
Sobre la ayuda de la ciudad, Campos indicó que le piden “un montón de requisitos que no tenemos”.
Ella explica que “nosotros no tenemos crédito, tenemos muy poco tiempo en este país. Es muy difícil encontrar un apartamento dónde vivir, todo es más caro para nosotros en esta circunstancia. Tengo miedo de quedar en la calle”, indicó.
Solamente dos familias han logrado mudarse a una nueva vivienda.
Gisella Vargas, de 31 años, proveniente de Bolivia, quien es madre soltera de dos niños de siete y tres años, consideraba inmanejable seguir viviendo en un hotel.
Vargas aprovechó el dinero del mes de depósito y de adelanto que le devolvió Alvarino de su alquiler, para pagar el primer mes de su nuevo apartamento.
“Encontré un apartamento en North Miami Beach por $1,600, es mucho más cómodo que seguir en el hotel. No teníamos cocina y pagar las tres comidas para nosotros tres era muy caro, estaba siendo inmanejable.” dijo Vargas.
Por su parte, Francisco Lanusa, de 32 años y origen nicaragüense, encontró una nueva vivienda en Hialeah. Trasladarse cada día desde North Miami Beach les complicaba su dinámica familiar, llevar a su hijo a la escuela y a su esposa al trabajo, que se ubica a pocas cuadras de su anterior vivienda.
Mientras el tiempo transcurre y la angustia se acentúa, al menos siete familias siguen viviendo sin saber si al día siguiente tendrán un techo para pasar la noche.
