Hialeah aprueba alivio fiscal para adultos mayores: beneficia 6.9% de hogares. ¿Es legal?
La ciudad de Hialeah aprobó por unanimidad un programa excepcional de alivio del impuesto de propiedad que enviará cheques de reembolso, similares a los del estímulo económico, a los propietarios de viviendas mayores que califiquen. La medida, sin embargo, aún requiere una votación final.
Según la ordenanza, los residentes elegibles mayores de 65 años con una propiedad familiar e ingresos inferiores a un umbral específico recibirán un reembolso calculado sobre la parte que corresponde a la ciudad de su factura de impuestos de 2025. La ciudad estima el costo en aproximadamente $1.2 millones, financiado con los ingresos excedentes del fondo general, específicamente los ahorros que la ciudad logró al realizar pagos anticipados de pensiones que redujeron los costos a largo plazo.
Aunque el alcalde informó inicialmente al Miami Herald que 5141 residentes se beneficiarían del alivio, la ordenanza estima que beneficiará a aproximadamente 2225 hogares de personas mayores, según los datos de pago de impuestos de propiedad proporcionados por la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade.
Se espera que los reembolsos promedien $539 por hogar, aunque el monto exacto dependerá del pago de impuestos de cada residente. Los 2225 hogares representan el 6,9 % de todos los hogares de Hialeah.
El año pasado, durante la administración de la alcaldesa interina Jacqueline García-Roves, la ciudad propuso un reembolso más amplio $200 para aproximadamente 32100 propietarios, una medida con un costo estimado de $6.4 millones. Dicha propuesta finalmente fracasó y nunca se implementó.
Aunque el concejo aprobó los pagos de estímulo en primera lectura el martes por la noche, la votación final está programada para el 10 de marzo.
Consideraciones legales
Abogados afirman que el programa podría enfrentar impugnaciones legales si los opositores argumentan que constituye un uso inadmisible de los ingresos del impuesto de propiedad, conocidos como impuestos ad valorem, para beneficiar a un grupo reducido de residentes.
“Una ciudad no puede otorgar impuestos ad valorem a ningún grupo en particular. Una ciudad puede usar fondos federales, fondos de la Agencia de Reurbanización Comunitaria u otros ingresos para ayudar a residentes de bajos ingresos o necesitados, o para un fin público legítimo”, declaró Jose Smith, quien fuera abogado municipal de las ciudades de Miami Beach y North Miami. “Pero solo se deben usar ingresos no ad valorem, y no puede diseñarse para ayudar a un solo grupo de personas. Debe tener un fin público”.
La Constitución de Florida establece: “Ni el estado ni ningún condado, distrito escolar, municipio, distrito especial ni agencia de ninguno de ellos se convertirá en copropietario o accionista, ni cederá, prestará ni utilizará su poder tributario o crédito para ayudar a ninguna corporación, asociación, sociedad o persona”.
Al preguntársele sobre la interpretación legal, el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, declaró al Herald: “¿Quién va a demandar? La teoría es muy interesante, pero ¿quién va a demandar y alegar su inconstitucionalidad?”.
Calvo añadió que no es inconstitucional. “Estamos ofreciendo un programa de ayuda, algo que ya se ha hecho en el pasado, aunque las cantidades y los grupos eran diferentes, pero es algo que ha sido completamente examinado por nuestro departamento legal.
“Una determinación de inconstitucionalidad requiere que un juez tome esa decisión”, añadió el alcalde. “Y no creo que haya una posibilidad realista de que alguien lo lleve a los tribunales, pero aparte de eso, es legal, completamente legal. Nuestro abogado municipal dice que es legal”.
El argumento de legalidad se centra en que el dinero provienen del fondo general de la ciudad, al respecto Calvo dijo que los cheques provienen de la cuenta operativa de la ciudad, que es el Fondo General. “Ese fondo recibe dinero de diversas fuentes“, dijo. “Eso no significa que esos fondos estén restringidos. Es el único lugar donde se pueden emitir esos cheques”.
Los funcionarios municipales sostienen que, dado que los reembolsos provienen de los ingresos generales y no de un nuevo impuesto de propiedad, el programa se considera una asignación presupuestaria, lo que cumple con el requisito constitucional de que los fondos públicos se utilicen para un fin público legítimo.
La propuesta, aprobada en primera lectura el martes por la noche, se implementaría a finales de marzo si el Ayuntamiento la adopta en la lectura final, una votación que parece probable, dada la falta de oposición ahora que Calvo es el alcalde y cuenta con el apoyo consensuado del concejo.
