Jueza: Opa-locka despidió ilegalmente a denunciante que ayudó en investigación del FBI

Una ex empleada de Opa-locka que denunció corrupción en el Ayuntamiento fue despedida ilegalmente en 2017 como represalia por hablar, falló el domingo una jueza de circuito de Miami-Dade.

Delia Kennedy, ex administradora de subvenciones de la ciudad, fue despedida por la entonces administradora de la ciudad, Yvette Harrell, poco después de ser identificada como testigo del jurado de instrucción en una investigación del FBI sobre una importante corrupción municipal. En un fallo de 21 páginas, la jueza Vivianne Del Rio defendió la condición de denunciante de Kennedy y criticó a la ciudad por despedirla en aparente represalia, y por argumentar en el tribunal que había razones legítimas para su despido.

“Las excusas autocomplacientes y a posteriori de la ex administradora de la ciudad fueron concluyentes, no estaban respaldadas por la evidencia del expediente, eran contrarias a la evidencia del expediente y eran inverosímiles”, escribió Del Rio.

Cuando Harrell despidió a Kennedy el 31 de marzo de 2017, dijo que el puesto de Kennedy se había quedado sin financiamiento debido a “desafíos presupuestarios”. Pero la directora de Finanzas de la ciudad en ese momento, Charmaine Parchment, —que era la jefa de Kennedy— testificó que no era cierto y que Harrell se había quejado previamente de los esfuerzos de denuncia de Kennedy.

El abogado de la ciudad en ese entonces, Vincent Brown, había revelado la identidad de Kennedy y de otros 20 empleados actuales y anteriores de Opa-locka como testigos del jurado de instrucción en la investigación del FBI en un correo electrónico de 2016 a todos los empleados de la ciudad. Brown dijo que fue un error.

El día en que Kennedy fue despedida, Melinda Miguel, inspectora general en jefe de la Florida que dirige una junta de supervisión estatal que vigila las finanzas de Opa-locka, envió un correo electrónico a Harrell para advertirle de que no debía “tomar ninguna medida de represalia contra los testigos conocidos del FBI” y señaló que podía costarle a la ciudad en posibles demandas.

Kennedy, de 64 años, pudiera cobrar ahora más de $1 millón por daños y perjuicios, aunque aún no se ha determinado una cifra exacta. Su abogado, Michael Pizzi, dijo que Kennedy no ha decidido si podría recuperar su empleo, pero dijo que se siente “reivindicada” por el fallo.

“Ella denunció y arriesgó todo, y lo perdió todo, y hoy es su reivindicación”, dijo Pizzi.

El actual administrador de la ciudad de Opa-locka, John Pate, quien no trabajaba para la ciudad en 2017, se disculpó en un comunicado por el trato que la ciudad dio a Kennedy.

“Me gustaría disculparme personalmente con la señora Kennedy por lo que experimentó en el pasado y darle la bienvenida de nuevo con los brazos abiertos, si eso es lo que ella desea y después de que todas las acciones judiciales hayan concluido”, dijo Pate el lunes.

Pate, junto con un grupo de nuevos funcionarios electos, han estado tratando de limpiar la imagen de Opa-locka en los últimos años después que el FBI allanara el Ayuntamiento en 2016. Siete personas vinculadas con el gobierno municipal han sido condenadas desde entonces por cargos de corrupción.

Pate dijo que ha trabajado para actualizar la ordenanza de denunciantes de la ciudad para que sea más fácil denunciar.

“Animo a nuestros empleados a que sigan denunciando posibles malas conductas y actividades ilegales”, dijo.

Kennedy presentó su demanda contra la ciudad y Harrell en julio de 2017. Harrell, una abogada que ya no trabaja para la ciudad, fue despedida como acusada en 2019. No respondió inmediatamente a una solicitud de declaraciones el lunes.

La jueza Del Río dijo en su fallo que Kennedy proporcionó evidencia “irrefutable” de que la ciudad infringió el estatuto de denunciantes de la Florida, que tiene como objetivo proteger a los empleados de las represalias después que denuncias irregularidades.

La jueza rechazó el argumento del equipo legal de Opa-locka de que Kennedy no podía acogerse a la protección de denunciantes porque no presentó una queja adecuada a Harrell, que era el sujeto de la supuesta mala conducta. Antes de ser despedida, Kennedy presentó quejas escritas y orales sobre la mala conducta a varias dependencias, incluyendo el FBI, la Comisión de Ética de Miami-Dade y el Departamento de Aplicación de la Ley de la Florida.

“El tribunal rechaza la propuesta de la Ciudad de que la Ley de Denuncias debe recibir una interpretación y aplicación estrecha, una afirmación rotundamente inconsistente con el propio estatuto, la intención legislativa y la Ley de la Florida que controla”, escribió Del Río.

Harrell dimitió como administradora en 2017 antes de ser contratada de nuevo en el mismo papel en octubre de 2018. La comisión de la ciudad votó para destituirla más tarde ese año.

Esta historia fue publicada originalmente el 12 de octubre de 2021, 8:16 a. m..