Propietarios luchan contra nueva urbanización en antiguo campo de golf de Kendall

¿Debe convertirse un campo de golf abandonado y lleno de maleza en un santuario natural para aves y murciélagos, o en una comunidad cerrada? ¿Tienen los urbanizadores derecho a alterar las normas de zonificación y construir viviendas en terrenos de parques si tienen terrenos donde la demanda de viviendas es alta? ¿Llegó el momento de trazar una línea para salvar los espacios verdes que están desapareciendo por la expansión suburbana en Miami-Dade?

Un enfrentamiento en torno al destino del antiguo Calusa Country Club está en la agenda del miércoles en el Ayuntamiento del Condado. La decisión de los comisionados sobre si permitir 550 casas unifamiliares en 168 acres designados como terrenos de parques y recreación según el plan maestro del condado tendrá implicaciones mucho más allá de Kendall, dicen los propietarios que han luchado contra el proyecto durante años.

“Pedimos al condado que evite arrasar árboles, rellenar lagos y desplazar la vida silvestre en un terreno que nunca estuvo destinado a ser urbanizado”, dijo Amanda Prieto, líder del grupo activista ciudadano Save Calusa, que representa a 2,300 propietarios de viviendas. “No hay que degradar el carácter de un vecindario. La zonificación no debe ser determinada por el mejor postor. Así no debería funcionar el gobierno”.

El urbanizador GL Homes argumenta que el mejor uso del terreno es residencial, sobre todo porque los estudios del condado muestran que la oferta de terrenos para la construcción de nuevas viviendas unifamiliares se agotará en 2025. El urbanizador también dice que podía solicitar permiso para construir 1,000 viviendas en la propiedad, pero redujo el número a 550, lo que lo convierte en la densidad más baja de cualquier reurbanización de un campo de golf en el condado, incluidos los de Fontainebleau, Doral y Williams Island.

Gran demanda y escasa oferta de terrenos unifamiliares

“Necesitamos poner viviendas unifamiliares en algún lugar y aquí tenemos un terreno vacío en medio de una zona residencial”, dijo Dick Norwalk, vicepresidente ejecutivo de GL Homes. “La oposición habla del campo de golf como si fuera un lugar silvestre. No es un verdadero sitio silvestre, no importa cómo lo quieran pintar. Y no estamos quitando un hermoso espacio verde público. Es una propiedad privada y siempre lo ha sido. Solo era accesible al público si pagaba para jugar golf”.

Norwalk dijo que su empresa negoció ampliamente con los vecinos cuyas casas colindan con el antiguo campo de golf —los propietarios del anillo— para diseñar un plan de obra sensible ante la comunidad circundante.

“La mentalidad de que esto es un juego de suma cero no es productiva. Tenemos que construir un lugar atractivo para vender”, dijo. “No deberíamos pelearnos. Deberíamos trabajar juntos para hacer mejoras”.

Los residentes de Calusa que no son propietarios del anillo tenían previsto manifestarse en masa el miércoles —están fletando un autobús para trasladar a la gente al downtown— y argumentar que los terrenos clasificados como parques y zonas recreativas por el convenio y el plan maestro del condado deberían mantener su designación. Al fin y al cabo, esa es la razón por la que compraron ahí. Temen que aumente el tráfico en unas calles ya congestionadas, que disminuya el valor de las propiedades, que las escuelas se llenen y que haya inundaciones.

“Pongamos en práctica lo que llamaré la Regla Bacardí”, dijo el abogado David Winker, quien representa a los propietarios no pertenecientes al anillo, en referencia a Facundo Bacardí, el presidente del imperio del ron que compró la propiedad en 2003 y ahora es copropietario con GL Homes. “Dejemos de convertir los terrenos de parques y recreación en subdivisiones. No toquen nuestros parques. Necesitamos lo verde si queremos tener lugares sostenibles para vivir.

“Y seamos claros. Esto no es una vivienda asequible o para los trabajadores, de lo que carece Miami. Esto es una vivienda unifamiliar de lujo que lanza todo su impacto sobre los propietarios existentes sin ningún beneficio para la comunidad”.

Una larga lucha contra la urbanización

La disputa de los propietarios con Bacardí se remonta a una década atrás. El convenio original de Calusa de 1967 exigía que la propiedad siguiera siendo un campo de golf durante 99 años, a menos que 75% de los propietarios colindantes accedieran a levantarlo. Bacardí compró el club campestre por un precio de ganga de $2.7 millones en 2003 —sabiendo que estaba restringido por el convenio y clasificado como parque y recreación— y poco después los golfistas empezaron a notar su deterioro. Tras el paso de los huracanes Wilma y Katrina en 2005, la casa club dañada no fue reparada y fue sustituida por un remolque y baños portátiles. El campo cerró en 2011 y fue reclamado por la naturaleza.

Bacardí ofreció a los propietarios del anillo $50,000 a cada uno para que renunciaran al convenio. No lo hicieron, así que Bacardí los demandó. El convenio se mantuvo en una sentencia judicial en 2016, pero Bacardí dijo que continuaría la batalla legal para invalidarlo, y luego pagó a los cansados propietarios del anillo acuerdos individuales de hasta $300,000, dijeron los vecinos. De 146 propietarios del anillo, 123 aceptaron los pagos y firmaron renuncias y acuerdos de no divulgación, fracturando a la comunidad. Los comisionados del condado liberaron el convenio en octubre de 2020, allanando el camino para nuevas casas en el antiguo campo. GL Homes pagó a Bacardí $32 millones por la propiedad y él tiene una participación de 35% en la empresa de urbanización.

El vecindario de Calusa se extiende desde Kendall Drive hasta Killian Parkway, entre SW 127 Avenue y 137 Avenue.

Winker dirá a los comisionados que lo sucedido en Calusa es un ejemplo de la entrega de demasiado poder a los propietarios y urbanizadores para manipular la zonificación y obtener grandes beneficios.

“No podemos sentar un precedente en el que los propietarios se conviertan en armas contra sus vecinos cuando los especuladores los compren y usen la fuerza política para convertir los parques en urbanizaciones”, dijo. “Tengo derechos de propiedad, pero no tengo derecho a comprar la casa de al lado y convertirla en un club de desnudismo porque me lo puedo permitir”.

Persisten las dudas sobre la preservación del ambiente

Winker y los propietarios de viviendas a quienes representa se opondrán a la urbanización por motivos medioambientales.

El descubrimiento del murciélago de bonete de la Florida, en peligro de extinción, que busca comida en sus vuelos nocturnos sobre las antiguas calles, dio lugar a un estudio de Bat Conservation International, en el que los investigadores registraron un promedio de 287 llamadas durante 42 noches.

Los propietarios pidieron al condado que examinara de cerca una colonia de aves en una isla de un lago que en su día fue una trampa de agua, donde prosperan garcetas, anhingas, correlimos y patos de cabeza roja, y una garza tricolor amenazada construyó un nido.

Norwalk dijo que los consultores medioambientales a los que contrató no encontraron signos de murciélagos posados en la propiedad y solo hallaron una pequeña colonia de aves que requiere más estudios durante la temporada de anidación. Prometió cumplir con el Departamento de Gestión de Recursos Ambientales (DERM) del condado durante la fase de obtención de permisos para la urbanización.

“Si hay que preservar o amortiguar esa isla, desarrollaremos un plan de acción y haremos lo que nos diga el DERM”, dijo. “No estamos minimizando la presencia de la garza tricolor, pero la mayoría de las aves son garzas bueyeras en un lago que no tiene mucha vida piscícola porque es un hábitat degradado por los fertilizantes y los pesticidas. Podríamos hacer un hábitat mejor”.

En cuanto a las críticas de los propietarios de viviendas de que se eliminarán 577 árboles y se rellenarán 13 acres de lagos para dar paso a las casas, Norwalk respondió que GL Homes plantará 5,000 árboles nuevos y creará 23 acres de nuevos lagos.

Winker sostiene que los estudios de impacto ambiental del urbanizador tenían un alcance limitado.

“Los estudios no están completos y no transmiten suficiente información precisa a los comisionados para que puedan tomar decisiones informadas”, dijo. “Consígannos los informes adecuados ahora en lugar de dar largas hasta que llegue el momento de solicitar los permisos.

“Una vez que el gato de la zonificación está fuera de la bolsa, es difícil volver a meterlo”.