Jueza dictamina que el ex senador Artiles debe entregar más documentos en el caso de fraude electoral

El ex senador de la Florida, Frank Artiles, tendrá que entregar algunos registros bancarios, reportes de crédito, comunicaciones vía teléfonos celulares y otros documentos digitales que se usarán como evidencia en un caso de corrupción de alto perfil en su contra, dictaminó el viernes una jueza de circuito de Miami-Dade.

Pero los archivos, que forman parte de la evidencia en un caso criminal de gran alcance que involucra dinero turbio y un candidato “fantasma” en una elección de Miami, estarán limitados a todo lo producido entre el 1º de enero de 2020 y el 30 de abril de 2021. Ese período se extiende más allá de cuando los investigadores alegan que Artiles pagó a un candidato sin partido más de $40,000 para postularse e influir en el resultado de la elección del Distrito 37 del Senado estatal.

La jueza Ariana Fajardo Orshan dijo que concedía en parte y denegaba en parte una moción de los abogados de Artiles para bloquear un importante conjunto de documentos que podrían arrojar luz sobre si Artiles reclutó y pagó a Alexis Pedro Rodríguez, para que cambiara su afiliación partidista de republicano a sin partido para “confundir a los votantes” en las elecciones de 2020.

Al limitar el período de la comunicación, la jueza dijo que también estaría limitando la exposición de algunas terceras personas que podrían haberse comunicado con Artiles pero que no tienen vínculos con el caso y tienen derecho a permanecer en privado, una tema que los abogados de Artiles argumentaron en su moción para bloquear la divulgación de los documentos.

Los equipos que los investigadores tienen en su poder incluyen dos MacBook Pros y un iPad Air.

Se estudiarán las objeciones de terceros

Fajardo Orshan dijo que Artiles tendrá hasta el 15 de febrero para hacer saber a esas terceras personas que su información podría hacerse pública si se comunicaron con Artiles durante ese período. Los terceros tendrán entonces hasta el 1º de marzo para presentar sus objeciones si tuvieran algún problema por cuestiones de privacidad.

“No quiero limitar el derecho del público a los registros”, dijo Fajardo Orshan, dejando la puerta abierta para que los fiscales de la Fiscalía Estatal del Condado Miami-Dade demuestren que tienen necesidad de ampliar el período de divulgación si creen que tienen evidencia que no cae entre esas fechas.

La investigación de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade se ha extendido y ha involucrado a prominentes políticos de la Florida, incluyendo grupos de dinero turbio vinculados a poderosos donantes corporativos, mientras los investigadores tratan de descubrir las fuentes de dinero que, dicen, jugaron un papel en el ardid electoral.

Los investigadores afirman que Artiles sacó de la caja fuerte de su casa mucho dinero en efectivo – entre $3,000 y $5,000– y se los dio a Rodríguez. Pero el origen del dinero no ha sido identificado, al menos no públicamente.

Aunque Fajardo Orshan propuso celebrar un procedimiento a puerta cerrada para discutir las preocupaciones de privacidad de terceros, Dana McElroy, abogada del Miami Herald y de otras empresas de comunicación, se opuso a ese enfoque y abogó por una audiencia abierta.

“No tengo ninguna objeción con los clientes corporativos, no tengo ninguna objeción con las empresas. Creo que mi objeción es que hay muchos expedientes que tratan, con fines de esta discusión, de Jane Smith. Jane Smith es una persona privada en nuestra sociedad que tal vez pensó en postularse a un cargo, o consultó sobre la posibilidad de postularse a un cargo, pero nunca fue una figura pública”, explicó Fajardo Orshan.

Posible nueva percepción sobre la financiación

Florida Power and Light (FPL), la mayor empresa de servicios públicos del estado, ha sido vinculada al ardid electoral por tener relación con dos organizaciones sin fines de lucro –Grow United y Let’s Preserve the American Dream– que están bajo escrutinio como parte de la investigación de la Fiscal Estatal del Condado Miami-Dade sobre el escándalo de los candidatos fantasmas.

La empresa matriz de FPL anunció a principios de esta semana que llevó a cabo una investigación interna sobre la supuesta participación de FPL en el ardid de dinero turbio, y no encontró “ninguna evidencia... de ilegalidad o mala conducta por parte de FPL o cualquiera de sus empleados”.

Frank Quintero, abogado de Artiles, dijo que limitar el período de la evidencia les ayudaría a estrechar la comunicación con terceros.

Fajardo Orshan también dijo que cualquier registro encontrado en el iPhone 12 Pro que está en posesión de los investigadores de Miami-Dade debe excluir cualquier comunicación entre Artiles y su esposa o sus hijas, y también debe excluirlas de cualquier foto. Añadió que no se encontraron registros relevantes en una impresora y un disco duro externo que también formaban parte de la investigación.

Los abogados de Artiles han presentado otras mociones de protección en el pasado para tratar de proteger los registros del caso y que no se hagan públicos, argumentando que algunos de los documentos infringen el derecho de Artiles a un juicio justo y violan los derechos de privacidad de algunos de sus familiares. Los abogados de Artiles presentaron una moción de protección similar en mayo, que fue concedida en algunas partes y denegada en otras. El Miami Herald y otros medios de comunicación han presentado mociones para intervenir.

La próxima vista del caso está programada provisionalmente para el 2 de marzo a la 1:30 p.m.

Artiles, de 48 años, enfrenta varios cargos de delito grave por supuestamente reclutar y pagar a Rodríguez, un distribuidor de piezas de automóviles y conocido suyo desde tiempo atrás, para que se postulara como candidato sin partido en el Distrito 37 del Senado contra un titular con el mismo apellido con el fin de confundir a los votantes. Rodríguez enfrenta cargos similares, pero se ha declarado culpable y está cooperando con los investigadores.

El reclutamiento del candidato ficticio comenzó con un mensaje de Facebook a las 4 a.m. del pasado mes de mayo.

“Llámame después del mediodía.... Tengo una pregunta para ti”, escribió Artiles a Rodríguez, una persona a la que conocía desde hacía dos décadas y que pasaba por dificultades económicas.

Más tarde, Artiles le ofreció $50,000 para que se postulara como candidato sin partido en las elecciones del Distrito 37 del Senado. Rodríguez dijo que creyó en la oferta porque Artiles le dijo que tenía acceso a “dinero en una cuenta”, según muestran los registros judiciales.

Hasta ahora, se desconocen los detalles sobre la procedencia del dinero de la cuenta. Los registros que Artiles deberá entregar en respuesta al fallo del viernes pudieran revelar más información sobre dicha cuenta.

Los registros judiciales muestran que entre junio de 2020 y noviembre de 2020, Artiles pagó a Rodríguez $44,708 para ser candidato.