Cuando un edificio condenado deje a la gente sin hogar en Miami, los propietarios pudieran recibir la factura

La próxima vez que se condene un edificio residencial en Miami-Dade, el propietario pudiera enfrentar una cuantiosa factura de hotel.

Una ordenanza aprobada el martes por la Comisión Miami-Dade exige a los propietarios de edificios que proporcionen alojamiento de emergencia a corto plazo a los vecinos que se vean obligados a salir por problemas estructurales relacionados con la falta de mantenimiento. Si los propietarios no lo hacen, Miami-Dade pudiera enviarles una factura por hasta 90 días de asistencia de vivienda financiada por el gobierno.

Los activistas a favor de las personas de bajos ingresos impulsaron la ordenanza en todo el condado como una forma de mejorar la red de seguridad para las personas que se ven obligadas a abandonar viviendas que todavía serían habitables si el propietario les hubiera dado el mantenimiento adecuado.

“Lamentablemente, hemos visto lo que sucede en ausencia de una norma como esta”, dijo Alana Greer, directora de la organización Community Justice Project. “Inquilinos que llevan mucho tiempo sin hacer nada indebido se ven obligados a quedar en la calle con un aviso de apenas horas de antelación”.

La ordenanza patrocinada por la comisionada Sally Heyman establece una sanción económica para los edificios condenados que aumenten temporalmente el número de personas que necesitan ayuda de la agencia para personas sin hogar del condado. Miami-Dade proporcionó vivienda a las personas que se quedaron sin hogar por los edificios condenados el año pasado, y la nueva norma daría al condado una manera de ir tras los propietarios para recuperar esos costos. Los contratos de alquiler existentes están exentos de la ley hasta que se renueven.

Heyman dijo que la ley fue creada para limitar a tres meses la ayuda a la vivienda que Miami-Dade planea proporcionar a los vecinos desplazados después de la expiración de una avalancha de fondos federales para personas sin hogar, disponibles por la Ley CARES de 2020.

“Ocho meses después de Surfside, a algunas personas les está gustando mucho su reubicación, en un lugar muy agradable”, dijo.

El Homeless Trust, una rama del gobierno de Miami-Dade financiada por los impuestos, proporcionó alrededor de $2 millones en estancias en hoteles para las personas que vivían en seis complejos de apartamentos y condominios cerrados por los inspectores de construcción como parte de las medidas más estrictas que siguieron al derrumbe parcial el 24 de junio de Champlain Towers South, donde murieron 98 personas.

Miami Beach ya cuenta con una ordenanza similar.

Cuando la ciudad llevó a cabo su propio escrutinio de la seguridad de los edificios después de Surfside, la mayoría de los propietarios de las estructuras evacuadas también cubrieron los costos de alojamiento temporal, según un memorando de la alcaldesa Daniella Levine Cava. Con seis edificios residenciales desalojados en Miami Beach el año pasado, la ciudad solo incurrió en gastos de alojamiento de unos $5,000 del único edificio en el que el propietario no pagó los gastos de reubicación, según el memorando publicado la semana pasada.

Ronald Book, cabildero y presidente voluntario de la junta que supervisa la agencia para personas sin hogar del condado, dijo que la legislación es la primera en Miami-Dade que crea obligaciones financieras vinculadas a las personas que reciben ayuda para la vivienda.

“Hemos enviado facturas por algunas cosas en ocasiones, pero nada como esto”, dijo, y agregó que la agencia ya está planeando exigir el reembolso a algunos edificios condenados en las semanas posteriores al colapso de Surfside. “Vamos a buscarlo”.

Las nuevas normas del condado aplican a los propietarios de edificios bajo órdenes de evacuación causadas por decisiones “negligentes” del propietario. Según la ley, el propietario debe proporcionar 90 días de alojamiento a las personas desplazadas y llevarlas a lugares temporales para vivir en un plazo de ocho horas desde que se les obligue a desalojar.

Si no se hacen esos arreglos, el propietario enfrentaría la responsabilidad financiera si el condado opta por proporcionar asistencia de vivienda. La legislación autoriza a Miami-Dade a pagar siete días de comida y alojamiento, y luego tres meses de asistencia para la vivienda. Los propietarios de los edificios serían responsables de reembolsar a Miami-Dade esa ayuda.

Las nuevas normas de Miami-Dade aplican tanto a los edificios de apartamentos como a los complejos de condominios, en los que los propietarios pudieran ser también los residentes desplazados. Los administradores del condado dijeron que esperan prolongados esfuerzos de cobro de cualquier costo de vivienda, con el tipo de gravamen impuesto a una propiedad que a menudo solo se paga cuando una propiedad es vendida o requiere un préstamo.

En su memorando a los comisionados, Levine Cava señaló que las normas pudieran retrasar el día en que los propietarios de condominios desplazados regresen a sus hogares, añadiendo obligaciones financieras adicionales al presupuesto de una asociación.

En los casos en que los propietarios se vean obligados a abandonar su propio edificio por la falta de mantenimiento de la estructura por parte de la asociación, “la imposición de un gravamen puede afectar a la capacidad de la asociación de propietarios para financiar las reparaciones y mejoras necesarias para que el edificio vuelva a ser seguro para su ocupación”, dice el memorando.