Registros muestran reducción de otra multa de seis cifras al esposo de la abogada municipal de Miami

Al esposo de la abogada municipal de Miami se le redujo un gravamen de aplicación del código en unos $ 117,000 en abril de 2019, la segunda vez en ocho meses que una junta de la ciudad reduce drásticamente las fuertes multas de una vivienda de su propiedad.

Los registros de propiedad muestran que Carlos Morales, dueño de Express Homes Inc. y esposo de la abogada municipal de Miami, Victoria Méndez, han comprado, remodelado y vendido casas en Miami-Dade durante años, incluidas algunas en la ciudad donde su esposa es la máxima funcionaria legal. Su actividad empresarial fue puesta bajo los reflectores después que Morales y Méndez fueran demandados en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade la semana pasada por denuncias de que se confabularon para enriquecerse a través de un esquema inmobiliario que involucró la compra de una casa en La Pequeña Habana “por debajo del valor de mercado”, la eliminación de $271,250 en multas de aplicación del código en julio de 2018 y la venta de la propiedad con ganancias.

Méndez y Morales negaron cualquier acción indebida y Méndez dijo que la demanda era una táctica usada por abogados que representan a empresarios de La Pequeña Habana en una demanda separada por presunto acoso en la aplicación del código.

“Carlos Morales, su compañía relacionada Express Homes, y la abogada municipal de Miami son completamente inocentes”, escribió Matthew Ladd, quien representa a Morales y Express Homes, en un comunicado. “Son las víctimas de una estratagema poco ética para apalancar litigios personales contra empleados de la ciudad y sus familias en un esfuerzo por resolver la demanda federal estancada”.

Ladd escribió que Morales ha trabajado durante años “de manera legítima” en la compra de viviendas en mal estado, remodelándolas y liquidando los gravámenes sobre las propiedades.

Una revisión de los registros de violación del código de Miami muestra que en 2019, la junta de aplicación del código de la ciudad redujo las multas de otra propiedad perteneciente a Morales, en 90 SW 33 Ave., de $121,250 a $3,750.

Ambas propiedades sobre las que Morales consiguió que se redujeran o eliminaran enormes gravámenes de aplicación del código fueron compradas por su compañía al Programa de Tutela del Condado Dade, una organización privada sin fines de lucro que recibe fondos estatales para cuidar a personas incapacitadas que no tienen a nadie que administre sus asuntos.

Los registros de la ciudad muestran que Morales solicitó una audiencia sobre el gravamen de la propiedad en 90 SW 33 Ave. ante la junta de aplicación del código de la ciudad, integrada por ciudadanos nombrados por el alcalde y los comisionados de la ciudad. Cuando la junta escuchó el asunto el 4 de abril de 2019, con cinco de los siete miembros presentes, una moción para la gran reducción fue aprobada 4 a 1, según las actas de la reunión publicadas en el portal digital municipal de Miami. Un registro de la reducción del gravamen fue revisado en registros públicos por el Herald el lunes.

Los miembros de la junta Eduardo Moralejo, Eric Nemons, Hemant Patel y Carlos Dulzaides votaron a favor de reducir la multa. Allyson Warren emitió el único voto en contra. La junta tenía los mismos miembros durante la votación de julio de 2018 que anuló la gran multa citada en la demanda, pero el desglose de la votación no está disponible en línea en el registro de actas de reuniones de la ciudad.

En su declaración, Ladd dijo que Morales siguió un proceso típico para que la junta de aplicación del código redujera las multas, y que Morales no se benefició por estar casado con Méndez.

“Ninguno de los funcionarios responsables de resolver las infracciones incluyó a la abogada municipal”, escribió Ladd.

Francis Suárez fue abogado en algunas transacciones

El Programa de Tutela hizo negocios con la empresa de Morales 14 veces durante 12 años, según un informe publicado el martes por WLRN, aliado noticioso del Herald.

Los registros de algunas de las transacciones inmobiliarias de Morales muestran que uno de los políticos más conocidos de Miami ayudó a finalizar el papeleo. El alcalde Francis Suárez, entonces comisionado en representación del Distrito 4, preparó y presentó escrituras como parte de múltiples transacciones inmobiliarias que involucraban a Morales.

Según una revisión del Herald la semana pasada de los registros de propiedades inmobiliarias de Miami-Dade, entre 2011 y 2014, Suárez figuró como autor de documentos preparados para al menos ocho transacciones en las que Express Homes Inc. compró o vendió propiedades, incluyendo dos casos en los que la empresa compró casas de personas en el Programa de Tutela.

Siete de esas transacciones ocurrieron antes de que Suárez votara a favor de nombrar a Méndez como abogada municipal en septiembre de 2013. Méndez había trabajado en la oficina del abogado municipal desde 2004, ascendiendo a través de los años. Suárez, elegido por primera vez para la Comisión en 2009, era abogado inmobiliario y trabajaba para el bufete de abogados Alvarez & Barbara, LLP.

En una votación de 3-2 de la Comisión de Miami, Suárez presentó la moción para contratar a Méndez el 12 de septiembre de 2013. Antes de emitir su voto ese día, según una transcripción de las actas de la reunión, dijo que había pasado una cantidad significativa de tiempo con todos los candidatos, aunque le hubiera gustado pasar “dos veces, tres veces, cuatro veces, tal vez cinco veces la cantidad de tiempo con todos los candidatos o más, y en particular algunos que no son internos de la ciudad con los que no hemos trabajado”.

“Pero, ya saben, así son las cosas”, dijo Suárez antes de la votación de 2013. “Creo que he hecho todo lo posible para ser justo y, ya saben, para dar el mismo tiempo a todos los candidatos”.

El martes, un portavoz de Suárez dijo al Herald que su trabajo en las transacciones inmobiliarias no influyó en su voto a favor de que Méndez fuera nombrada abogada municipal.

“El voto del entonces comisionado Suárez se basó en los méritos de los candidatos que estaban siendo considerados”, dijo Soledad Cedro, directora de comunicaciones de Suárez.

Dijo que el trabajo de él como abogado de escrituras no estaba relacionado en modo alguno con sus obligaciones oficiales como comisionado, y que todos sus clientes eran tratados de la misma manera y se les ofrecían los mismos servicios.

La documentación ofrece una rara visión del trabajo privado de Suárez, quien durante años se ha negado a revelar su lista de clientes de sus trabajos en el sector privado.

Suárez, que está considerando una postulación a la nominación presidencial republicana de 2024, es actualmente socio operativo sénior en la empresa de capital privado DaGrosa Capital Partners, y también es asesor jurídico en la oficina de Miami de la empresa nacional de litigios Quinn Emanuel.

Esta historia fue publicada originalmente el 8 de marzo de 2023, 2:00 p. m..