Miami-Dade aprobó el año pasado una Carta de Derechos del Inquilino. La Legislatura intenta eliminarla
Docenas de ciudades y condados de la Florida han aprobado proyectos de ley de derechos de los inquilinos, estableciendo normas sobre los aumentos de alquiler, solicitudes y desahucios.
Los legisladores estatales quieren anularlos todos.
El miércoles, la Cámara aprobó el proyecto de ley HB 1417 en una votación de 81 a 33, en gran parte siguiendo líneas partidistas, y el Senado se prepara para retomar su compañero, el SB 1586, el viernes. Los proyectos de ley prohíben a los gobiernos locales regular las relaciones entre inquilinos y propietarios, como las creadas por los condados de Pinellas y Miami-Dade el año pasado.
En su lugar, los propietarios y los inquilinos tendrían que cumplir la estatal Ley de Propietarios e Inquilinos de la Florida, que es menos estricta que las ordenanzas locales.
Los legisladores republicanos dijeron que los proyectos de ley están destinados a eliminar el mosaico de regulaciones que varían de una ciudad a otra y, dicen, hacen subir los alquileres.
“Este proyecto de ley protege a los inquilinos, este proyecto de ley protege a los propietarios y este proyecto de ley protege el capitalismo”, dijo la representante Tiffany Esposito, republicana de Fort Myers, patrocinadora del proyecto de ley de la Cámara.
Los legisladores demócratas dicen que ven la legislación como un regalo a los propietarios, y dijeron que la ley estatal no va lo suficientemente lejos para proteger a los inquilinos que pasan apuros.
“No puedo creer que los proponentes de este proyecto de ley lo estén etiquetando como una ‘carta de derechos de los inquilinos’”, dijo la representante Angie Nixon, demócrata de Jacksonville. “Este proyecto de ley está diseñado para ayudar a los propietarios corporativos a expensas de los inquilinos, muchos de los cuales ya están pasando apuros para permanecer en sus viviendas”.
Una división política
La legislación subraya la división filosófica entre republicanos y demócratas —y el gobierno estatal y los locales— sobre cómo responder a la crisis de vivienda asequible en el estado.
Durante la pandemia, muchas ciudades y condados adoptaron una “carta de derechos” que establecía directrices sobre las relaciones entre inquilinos t propietarios.
La ordenanza de la Carta de Derechos del Inquilino de Miami-Dade, por ejemplo, prohíbe a los caseros preguntar sobre desahucios anteriores en las solicitudes de alquiler y exige a los caseros que notifiquen a los inquilinos sobre nuevos propietarios. Los condados Pinellas y St. Petersburg han aprobado ordenanzas que obligan a los propietarios a avisar con más antelación antes de subir las tarifas o los alquileres.
Los propietarios se han opuesto a las ordenanzas y han encontrado un oído comprensivo en Tallahassee, donde los legisladores han promovido un enfoque de “libre mercado” ante la crisis. Los agentes inmobiliarios y los administradores de propiedades han apoyado las medidas.
La Legislatura aprobó el mes pasado una amplia medida de vivienda asequible que invirtió más de $700 millones en estimular la urbanización, pero también prohibió a los gobiernos locales la adopción de controles de alquiler. Los legisladores cambiaron la ley el año pasado para obligar a los propietarios de complejos de apartamentos a verificar los antecedentes de los empleados, después que una joven de Orlando fue asesinada por el trabajador de mantenimiento de su complejo de apartamentos.
“Es una realidad aterradora que los gobiernos locales estén haciendo imposible que los urbanizadores proporcionen viviendas a los inquilinos”, dijo el representante David Borrero, republicano de Sweetwater, que trabaja para una empresa de construcción.
Estipulaciones para propietarios e inquilinos
Si se aprueban los proyectos de ley HB 1417 y SB 1586, los inquilinos y propietarios de todo el estado quedarán sujetos a la ley estatal llamada Ley de Propietarios e Inquilinos Residenciales de la Florida.
La ley incluye requisitos para que tanto propietarios como inquilinos den mantenimiento a las instalaciones, establece directrices sobre las visitas no anunciadas de los propietarios y exige que propietarios e inquilinos avisen con cierta antelación antes de cancelar un contrato de alquiler.
Los proyectos modifican la ley de distintas maneras.
Antes de rescindir un contrato de alquiler mensual, ambos proyectos exigirían a los propietarios un aviso de 30 días, en lugar de los 15 actuales.
Los contratos de alquiler más largos requerirían un aviso de entre 30 y 60 días, en lugar de los 60 actuales, según el proyecto de la Cámara. El proyecto de ley del Senado exigiría que dichos contratos tengan avisos con 60 días de antelación.
El proyecto de ley del Senado tiene otra ventaja: un propietario que quiera subir el alquiler 5% o más tendría que avisar al inquilino con al menos 60 días de antelación.
Varias comunidades, incluido el Condado Miami-Dade, también crearon nuevas oficinas para hacer cumplir sus nuevas normas entre inquilinos y propietarios. Esas oficinas pudieran seguir existiendo en virtud del proyecto de ley, dijo Esposito, pero ya no podrían hacer cumplir las ordenanzas locales de inquilinos.
La representante Anna Eskamani, demócrata de Orlando, dijo que la ley estatal en vigor, el Capítulo 83, no incluye protecciones simples, como exigir a los propietarios que ofrezcan contratos de alquiler en el idioma de los inquilinos y la prohibición a los propietarios de rechazar a posibles inquilinos que dependen de la asistencia del gobierno para gastos de mudanza por una única vez.
“El Capítulo 83 no es solo el mínimo, sino que se creó para beneficiar al propietario y punto”, dijo Eskamani.
Esta historia fue publicada originalmente el 27 de abril de 2023, 4:25 p. m..