Empresarios de Calle Ocho quieren que contribuyentes de Miami paguen parte de la sentencia judicial de Carollo

Dos empresarios de La Pequeña Habana que ganaron un juicio civil federal contra el comisionado de Miami Joe Carollo están argumentando que la ciudad debe ser responsable de parte de un fallo de $63.5 millones dictada después que un jurado determinó que los empresarios fueron víctimas de una campaña de represalias políticas impulsada por Carollo.

En un escrito judicial presentado el jueves, el abogado de William “Bill” Fuller y Martín Pinilla pidió a un juez federal que aclarara el veredicto del caso, que no establecía específicamente si la sentencia se aplicaba a Carollo en su calidad oficial de comisionado municipal. Si el juez diera la razón a Fuller y Pinilla, la ciudad sería responsable de pagar $16 millones a los empresarios en compensación por la pérdida de actividad comercial.

Si el juez les da la razón, los contribuyentes de Miami pagarían los millones adeudados a Fuller y Pinilla en el caso, pero pasaría algún tiempo antes que se resuelva el caso. El mismo día que se presentó la petición de aclaración de Fuller, Carollo recurrió el veredicto ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Onceno Circuito.

Fuller, copropietario del club nocturno Ball & Chain, y su socio Pinilla demandaron a Carollo en 2018, acusando al comisionado de presionar a la policía municipal y a los inspectores de códigos para que acosaran al club y a otros negocios como venganza por el apoyo de Fuller a uno de los oponentes políticos de Carollo en las elecciones municipales de 2017. Después de numerosas apelaciones a lo largo de los años y un juicio de seis semanas a principios de este verano, un jurado falló en contra de Carollo.

Además de la apelación, los abogados de Carollo presentaron una moción sellada para un nuevo juicio y una nueva sentencia. Los registros del tribunal federal muestran que el documento permanecerá sellado hasta nuevo aviso. Carollo ha negado haber hecho nada indebido y cuestionó la cuantiosa indemnización concedida a sus oponentes, y ha insistido en que el tribunal de apelaciones se pondrá de su parte.

No se espera que el juez federal de distrito Rodney Smith se pronuncie sobre la avalancha de peticiones posteriores al juicio hasta por lo menos agosto. Los abogados de ambas partes han pedido tener hasta el 7 de agosto para responder a las peticiones de los otros debido a las vacaciones de verano y otros conflictos de agenda.

El abogado de Fuller y Pinilla, Jeff Gutchess, escribió en su presentación que el testimonio a lo largo del juicio indica que Carollo no solo era personalmente responsable en el caso, sino que actuó en su papel de comisionado.

“Aunque el fallo del tribunal refleja un veredicto dictado contra Carollo a título individual (incluyendo una indemnización por daños punitivos), es necesario aclarar que el fallo se refiere a Carollo en su capacidad oficial (incluyendo su adjudicación de daños compensatorios), en consonancia con los alegatos de las partes y el curso de los procedimientos durante el juicio”, dice la moción.

Gutchess también señala que la abogada municipal Victoria Méndez envió a abogados del personal de la ciudad a asistir al juicio y que el Departamento Jurídico del Ayuntamiento coordinó la defensa de Carollo con varios abogados externos contratados por la ciudad.

Méndez respondió en una declaración al Miami Herald el lunes.

“Los demandantes retiraron a la ciudad de Miami del caso y, como tal, la ciudad no era parte”, escribió Méndez. “La actual moción de los demandantes de añadir a la ciudad, después que el caso fue juzgado hasta su conclusión, en un intento de someterla al veredicto, no tiene ninguna base de hecho o de derecho en ningún lugar de Estados Unidos”.

También se avecina otro pleito. Una empresa dirigida por Fuller y sus socios llamada The Mad Room demandó a la ciudad en 2021 alegando que la administración municipal era cómplice del acoso a múltiples negocios asociados con Fuller. Ese caso, que no ha sido fijado para el juicio, es contra la propia ciudad —no Carollo individualmente— lo que significa que los contribuyentes pudieran terminar pagando una sentencia contra la ciudad.

La ciudad ya ha pagado millones para financiar la defensa legal de Carollo, la mayor parte de ellos procedentes de una póliza de seguros, según correos electrónicos internos de la ciudad de principios de junio, tras el veredicto. Los correos electrónicos mostraban que las facturas legales de ambos casos antes del juicio de Carollo habían sido cubiertas en su mayor parte por una póliza de seguros de $5 millones, pero las facturas desde que comenzó el juicio no se habían totalizado y la póliza de seguros se había agotado.

Méndez escribió a empleados municipales que la ciudad estaba tratando de obtener más cobertura de seguro. El lunes no respondió de inmediato a la pregunta del Herald sobre si la ciudad había obtenido un seguro adicional.

Sarah Blaskey, redactora del Herald, contribuyó a este artículo.

Esta historia fue publicada originalmente el 3 de julio de 2023, 5:28 p. m..