Comisionado de Miami pide a Carollo que devuelva a la ciudad millones en honorarios legales
¿Podría el comisionado de Miami Joe Carollo verse obligado a devolver millones de dólares que la ciudad gastó en su defensa en una demanda civil federal que resultó en una sentencia de $63 millones?
Un comisionado de Miami cree que sí.
El comisionado Miguel Ángel Gabela, rival de Carollo, solicita a la ciudad que inicie una acción civil para recuperar los honorarios y costos legales pagados con fondos públicos por la defensa de Carollo en la demanda interpuesta por los empresarios de La Pequeña Habana Bill Fuller y Martín Pinilla. En 2023, un jurado les otorgó una sentencia de $63.5 millones al determinar que Fuller y Pinilla fueron víctimas de una campaña de represalia política impulsada por Carollo.
Gabela también solicita que la ciudad suspenda los pagos en cualquier otro procedimiento del caso. Se espera que la Comisión de la Ciudad aborde estos temas en su reunión del 11 de septiembre. Gabela no estuvo disponible para una entrevista el jueves.
La propuesta de Gabela es el último avance en la rivalidad entre los dos comisionados, cuyos argumentos en reuniones públicas han terminado en enfrentamientos a gritos. Pero el tema no es totalmente nuevo para Gabela, quien presentó una legislación a principios de este año para detener el pago por adelantado de honorarios legales a los asesores externos de los funcionarios electos.
“Hay que detener esta sangría”, dijo Gabela en primavera, señalando específicamente los honorarios legales de Carollo. Tras la resistencia de sus colegas, Gabela se decidió por una legislación que exige al fiscal municipal informar a la comisión cuando los honorarios de un caso superen los $250,000. La propuesta fue aprobada por 3 votos a 1, con el voto en contra de Carollo.
Al ser contactado el jueves para que comentara sobre la nueva propuesta, Carollo alegó que los esfuerzos de Gabela por recuperar los honorarios legales tenían motivaciones políticas antes de las próximas elecciones municipales de noviembre. Carollo ha estado considerando postularse a la alcaldía, pero aún no la ha presentado formalmente.
“Todo esto es parte del juego”, dijo Carollo. Añadió que, “legalmente, la propuesta de Gabela carece de fundamento”.
La legislación propuesta por Gabela surge tras un fallo de julio del Tribunal federal de Apelaciones, que bloqueó el intento de Carollo de anular el veredicto de $63 millones. El tribunal de apelaciones confirmó la decisión de un tribunal inferior que denegó la solicitud de nulidad del juicio presentada por Carollo. El equipo legal de Carollo ha solicitado una nueva audiencia del caso.
Para justificar por qué Carollo debería asumir los gastos de su defensa, la propuesta de Gabela cita una ley de Florida que establece que los honorarios de abogados pagados con fondos públicos a un funcionario o empleado “que sea considerado personalmente responsable por actuar fuera del ámbito de su empleo, o que haya actuado de mala fe con fines maliciosos” pueden ser recuperados por el municipio en una acción civil contra dicho empleado.
La legislación propuesta por Gabela no incluye una cantidad exacta en dólares, y el fiscal municipal, George Wysong, no respondió el jueves a una pregunta sobre cuánto dinero ha gastado la ciudad en la defensa de Carollo en el caso.
Sin embargo, en una demanda presentada el año pasado por la aseguradora de la ciudad, QBE Specialty Insurance Company, afirmó que la defensa de Carollo en esa demanda y otros casos relacionados ha superado los $10 millones.
QBE argumentó que no se le puede responsabilizar de cubrir la factura legal de ocho cifras, citando en parte una declaración de la Corte Suprema de Florida que establece que “uno no debería poder asegurarse contra su propia mala conducta intencional”. “La premisa fundamental que subyace a todas y cada una de las demandas es que Carollo, mediante sus propias acciones y al reclutar a otros para que siguieran sus órdenes, participó en una campaña de represalias y acoso que duró años con el objetivo consciente de perjudicar a los demandantes”, escribió QBE en su demanda.
Incluso si la legislación de Gabela prospera, lograr que Carollo pague podría resultar difícil. Hasta la fecha, Carollo aún no ha pagado nada de la sentencia de $63 millones en su contra.
En declaraciones al Herald el jueves, afirmó que simplemente no tiene el dinero. Su casa en Coconut Grove, así como su salario como comisionado municipal, están protegidos por los tribunales y no pueden cobrarse para cumplir con la sentencia.
El año pasado, la ciudad pactó un acuerdo de $12.5 millones en una demanda independiente, pero relacionada, contra Fuller. Mientras tanto, otro caso relacionado sigue en curso en un tribunal federal, aunque Carollo fue desestimado como acusado en ese asunto el mes pasado.