Legisladores de Florida consideran financiación para propietarios de casas móviles en dificultades
Los propietarios de casas móviles de Florida que tienen dificultades para acceder a la vivienda podrían recibir pronto ayuda a corto plazo.
La Cámara de Representantes de Florida está debatiendo un proyecto de ley que facilitaría a los gobiernos locales la asistencia financiera a los propietarios de casas móviles que se enfrentan al aumento de las tarifas de los terrenos.
Y, a medida que parques de casas móviles como Li’l Abner, en Sweetwater, cierran en el sur de Florida para dar paso a nuevos desarrollos, el proyecto de ley exige que los condados y las ciudades creen planes de contingencia para ayudar a las personas desplazadas por el cierre de los parques.
El Proyecto de Ley 267 de la Cámara de Representantes flexibiliza las restricciones de financiación del Programa Estatal de Iniciativas de Vivienda, conocido como SHIP, que proporciona a los gobiernos locales fondos para promover la asequibilidad de la vivienda para los residentes.
Anteriormente, condados como Miami-Dade —que recibió $12.4 millones en fondos SHIP este año— no podían asignar más del 20 por ciento de los fondos de su programa a apoyar a los propietarios de viviendas prefabricadas. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes, y su homólogo en el Senado, el Proyecto de Ley 594, aprobado el miércoles, eliminan esa restricción. “Lo que he escuchado de los residentes de mi comunidad es que los alquileres aumentan constantemente, pero sus ingresos no aumentan proporcionalmente”, dijo la senadora estatal Colleen Burton, de Winter Haven, una de las patrocinadoras del proyecto de ley del Senado.
El programa estatal de vivienda busca promover la propiedad de vivienda: el 65 por ciento de los fondos debe destinarse a actividades aprobadas para la propiedad de vivienda, como financiación del pago inicial, reparaciones de emergencia y asistencia hipotecaria.
Y aunque muchos propietarios de casas móviles son dueños de los remolques en los que viven, suelen alquilar el terreno bajo el que se encuentran, lo que los coloca en una zona gris respecto a la propiedad.
Pero sus casas no suelen ser móviles. A menudo están ancladas al suelo y su traslado solo implica un gran gasto. Por eso, dijo Burton, el proyecto de ley clasifica las tarifas de alquiler de terrenos como una actividad relacionada con la propiedad de vivienda, lo que significa que los propietarios de casas móviles que ganan menos del 140 por ciento del ingreso medio del área ($123,900 para una familia de cuatro personas en el condado de Miami-Dade) podrían calificar para hasta seis meses de asistencia para el alquiler de terrenos. “Simplemente estamos poniendo a los propietarios de casas móviles en el mismo terreno de juego que otros residentes de Florida”, dijo Burton.
La amenaza de desplazamiento persiste.
Tanto los proyectos de ley de la Cámara de Representantes como los del Senado exigen a los gobiernos locales que elaboren planes para ayudar a los afectados por el cierre de parques de casas móviles.
Muchas comunidades de casas móviles de Florida han cerrado en la última década y media.
Una de ellas fue el Parque de Casas Móviles Li’l Abner. Hogar del 15 por ciento de la población de la ciudad de Sweetwater, CREI Holdings, propietario de Li’l Abner, cerró el parque el año pasado después de décadas para dar paso al desarrollo de viviendas multifamiliares.
Aproximadamente 3,000 residentes, muchos de ellos personas mayores y de bajos ingresos, fueron desplazados, lo que llevó a muchos a la indigencia.
Sin embargo, si bien los proyectos de ley ordenan a los gobiernos locales elaborar planes para ayudar a los propietarios de casas móviles que se enfrentan al cierre de parques, no ofrecen detalles específicos, como si los propietarios desplazados y de bajos ingresos tienen derecho a pagos de reubicación superiores a los entre $3,000 y $6,000 que ya les garantiza el estado.
“El desplazamiento puede ser un problema muy costoso”, declaró Burton, y añadió que “tendría que financiarse por separado”. “Supongo que ese podría ser el próximo paso”, dijo.
De aprobarse, las disposiciones del proyecto de ley entrarían en vigor el 1 de julio.
Este artículo se produjo con el apoyo financiero de patrocinadores como The Green Family Foundation Trust y Ken O’Keefe, en colaboración con Journalism Funding Partners. El Miami Herald mantiene el control editorial total de esta obra.