¿Sufrió lesiones por culpa de su ciudad o condado? Legisladores de Florida podrían ayudarle a obtener más dinero

En 2021, José Correa se encontraba en un cruce peatonal en la intersección de las calles Le Jeune y Bird cuando un autobús del condado de Miami-Dade que giraba a la izquierda lo embistió. Tras una demanda, el condado llegó a un acuerdo por $4.3 millones por las lesiones de Correa.

Dos años después, Heriberto A. Sánchez-Mayen, arrestado por dormir en un parque de St. Petersburg durante el día, fue tan maltratado por la policía camino a la cárcel del condado de Pinellas que tuvieron que amputarle ambas piernas por encima de las rodillas. La ciudad llegó a un acuerdo por $2.5 millones.

En la práctica, esos acuerdos fueron solo un boleto a una nueva batalla legal por una indemnización, esta vez con la Legislatura de Florida.

Según la ley estatal, nadie puede obtener más de $200,000 dólares de una sentencia o acuerdo contra el gobierno en casos de negligencia sin que la Legislatura apruebe un proyecto de ley para pagar el resto. Las agencias estatales, ciudades, condados, oficinas del alguacil, universidades estatales, hospitales públicos y escuelas están exentos de pagos en demandas por negligencia que superen esa cantidad sin intervención legislativa.

Los legisladores han solicitado ocho veces en esta legislatura indemnizar a los floridanos y turistas lesionados —a quienes se les debe un total de $47.2 millones— por lesiones causadas por los gobiernos locales, a diferencia de otros proyectos de ley que se mueven en esta legislatura por lesiones causadas por agencias estatales. Con la sesión programada para concluir el 13 de marzo, la Legislatura solo ha aprobado dos de esos proyectos de ley, incluyendo uno que pagaría a Sánchez-Mayen sus $2.3 millones restantes.

Sin embargo, algunos legisladores creen que debería ser más fácil para los floridanos y turistas lesionados obtener una mayor parte del dinero que se les debe por acuerdos y sentencias contra los gobiernos estatales y locales. Un proyecto de ley en el Senado, SB 1366, aumentaría el límite de pago por persona lesionada a $350,000. Un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, HB 145, iría más allá y aumentaría el límite de pago por persona a $500,000.

El proyecto de ley del Senado también aumentaría el límite de pago por incidente cuando se adeudan daños a más de una persona, de $300,000 a $500,000. El proyecto de ley de la Cámara lo aumentaría a $1 millón.

Los representantes estatales aprobaron el proyecto de ley de la Cámara en enero por 104 votos a favor y 7 en contra. Un tercer comité aprobó la versión del Senado por 21 votos a favor y 1 en contra el martes. Está lista para su votación en la Cámara.

Los límites de pago de Florida no han aumentado desde 2011. Pero los legisladores llevan años intentando aumentarlos. Las negociaciones fracasan ante la oposición de los representantes de los gobiernos locales, que afirman no poder afrontar los aumentos. El promotor del proyecto en el Senado, Jason Brodeur, republicano de Sanford, refutó estos argumentos este año, afirmando que los aumentos propuestos son esencialmente los mismos que cuando se establecieron inicialmente, tras ajustarse a la inflación. “Este dinero se destinará a compensar a las personas que han sufrido daños evitables a causa de municipios que admiten haberlo hecho”, declaró Brodeur durante el debate del proyecto de ley en comisión. “Por lo tanto, en algún momento aumentará. Quizás este año, quizás el próximo”.

Brodeur añadió: “Nos estamos esforzando mucho para establecer un límite razonable, para que todos los condados sientan equitativamente lo mismo que sintieron en 2011”.

Antes de votar a favor del proyecto de ley el martes, el presidente entrante del Senado, Jim Boyd, republicano por Bradenton, instó a Brodeur a mantenerse firme en su propuesta al negociar con la Cámara de Representantes.

“Creo que es un buen nivel después de años de un límite inferior”, declaró Boyd. “Pero un poco más alto… potencialmente genera más dinero para los contribuyentes”.

Un proceso increíblemente arduo y difícil

El proceso de pago de los daños y perjuicios adeudados a una persona por su gobierno local se basa en una teoría jurídica arcana llamada “inmunidad soberana”, derivada del derecho consuetudinario británico, que significa que las entidades estatales no pueden ser demandadas sin su consentimiento, incluidos los gobiernos locales y el propio estado.

La ley de Florida que permite que una persona reciba un pago de hasta $200,000 es una exención a dicha ley. Los legisladores están considerando fortalecer dicha exención.

La representante Fiona McFarland argumentó la necesidad de una reforma en la Cámara de Representantes en enero, antes de que la cámara aprobara su versión del proyecto de ley que busca aumentar el límite financiero a $500,000 por persona y $1 millón por incidente. En pocas palabras: encontrar una compensación financiera es demasiado difícil.

Cuando un legislador presenta una reclamación en nombre de la persona lesionada, los abogados de la Cámara y el Senado actúan como magistrados y celebran una audiencia basada en las pruebas del juicio o acuerdo, y posteriormente. Finalmente, recomiendan una cifra de pago, que suele ser similar a la cifra del acuerdo o sentencia. Los legisladores la utilizan como punto de partida. “Conocemos bien este proceso”, declaró McFarland, republicana de Sarasota, en su alegato final sobre la HB 145. “Hay que encontrar un patrocinador del proyecto de ley. Hay que contar con un abogado. Hay que esperar que un cabildero nos represente, y también que ambas cámaras del gobierno estén dispuestas a escuchar un proyecto de ley sobre reclamaciones”.

McFarland, quien ha gestionado su proyecto de ley desde 2024, añadió: “Es un proceso increíblemente arduo y difícil”.

McFarland no solo busca duplicar con creces la cantidad que una persona puede obtener sin tener que encontrar un cabildero que se ocupe de su reclamación ni un legislador que patrocine la legislación necesaria, sino que también busca eludir ese proceso por completo.

Según la ley actual, la única manera en que una ciudad, por ejemplo, puede liquidar una reclamación por encima del límite de $200,000 es si ha adquirido un seguro. El proyecto de ley de McFarland eliminaría ese requisito, permitiendo a la ciudad liquidar la reclamación por encima del límite sin la intervención de la Legislatura. Ese no es el caso del proyecto de ley del Senado; Brodeur se enfrentaría a una oposición significativa por parte de condados, ciudades, distritos escolares, hospitales y alguaciles si considerara añadirlo a la disposición.

Las entidades estatales amparadas por la inmunidad soberana suelen estar autoaseguradas. Eliminar la disposición sobre seguros eliminaría, en efecto, la influencia de esos gobiernos para negociar con una víctima lesionada. Actualmente, la parte lesionada no tiene más remedio que aceptar el límite de $200,000 o acudir a la Legislatura para obtener un pago mayor, lo que suele tardar años.

El incidente más antiguo entre los proyectos de ley de reclamaciones de este año data de 2001. El más reciente es de 2023.

CLÁUSULA DE “OBLIGACIÓN LEGALMENTE” DE STAR INSURANCE

Incluso cuando la entidad gubernamental cuenta con seguro, esto no significa que la víctima tenga garantizado un pago por encima del límite. En 2011, Erin Joynt, originaria de Kansas, estaba tomando el sol en Daytona Beach cuando un socorrista la atropelló con su camioneta, informó Fox 35 Orlando.

Joynt demandó al condado de Volusia y recibió una indemnización de $2 millones. Debido al límite de inmunidad soberana, Joynt demandó a la aseguradora del condado, Star Insurance Company, por la mayor parte del dinero. Sin embargo, Star Insurance incluyó una cláusula en la póliza del condado que estipulaba que la cobertura solo se activaba cuando el condado estaba “legalmente obligado” a pagar los daños, según un resumen del caso.

En 2018, un tribunal federal de Florida interpretó la cláusula en el sentido de que la aseguradora solo tenía que pagar hasta el límite de inmunidad soberana, fallando a favor de Star y sentando un precedente legal. Entonces, si una póliza de seguro está diseñada a la medida de Star, no tendrá que pagar más del límite sin una factura de reclamación.

Durante el debate del Senado el martes, Bob Harris, cabildero y asesor general del Consorcio Educativo del Área del Panhandle, afirmó que, en la mayoría de los casos, los distritos escolares que representa no pagan el límite del seguro de sus pólizas.

“Afortunadamente, afortunadamente, llegamos a acuerdos en la mayoría de los casos por menos del límite de la póliza”, declaró Harris.

Harris declaró al Herald/Times que no estaba seguro de cómo se redactó la póliza de seguro del consorcio. Comentó que su principal preocupación es que, si aumentan los límites de inmunidad soberana, también aumentará la cantidad que los distritos escolares tienen que pagar por cada reclamación antes de que entre en vigor el seguro.

Actualmente, esa cantidad es de $150,000, y el seguro cubre los otros $50,000 para alcanzar el límite. Si el límite aumenta, Harris cree que la cantidad que las escuelas pagan por adelantado también aumentará.

“Verán cada vez más presión porque habrá más casos”, afirmó Harris. “Eso es lo que generalmente sucede cuando hay aumentos”.

El presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Ed Hooper, republicano de Palm Harbor y miembro del Comité de Reglas donde se trató el proyecto de ley del Senado el martes, expresó su comprensión por los gobiernos locales de los condados con restricciones fiscales donde se ubican los distritos escolares que Harris representa, y por la “situación difícil en la que se encuentran” con respecto a posibles indemnizaciones más altas por lesiones.

Sin embargo, Hooper votó a favor del proyecto de ley, explicó, porque el límite actual de indemnización es demasiado bajo para las personas que “resultan gravemente heridas o fallecen a causa de un accidente”. Y el proceso de reclamación puede tardar “cinco o seis años” mientras “un abogado, un magistrado y un cabildero extraen decenas y decenas de miles de dólares de ese acuerdo por los honorarios que les corresponden legítimamente”.

“Por lo tanto, creo que este proyecto de ley, en cierto modo, podría animar a más personas a evitar ese proceso de reclamación y tal vez intentar llegar a un acuerdo con este límite máximo, lo cual considero justo”, concluyó Hooper.

Esta historia fue publicada originalmente el 6 de marzo de 2026, 3:44 p. m..