Rubio, como testigo estrella en el juicio contra Rivera por su vínculo con agentes venezolanos, agita la selección del jurado

Se espera que el senador Marco Rubio comparezca este martes como testigo clave en el juicio federal que se celebra en Miami contra su viejo amigo David Rivera, un excongresista republicano con quien Rubio compartió casa en Tallahassee hace décadas, cuando ambos eran miembros de la Legislatura estatal.

Rivera, de 60 años, y la consultora política Esther Nuhfer, de 51, están acusados ​​de actuar como agentes extranjeros no registrados para el gobierno de Venezuela entre 2017 y 2018, periodo en el que las relaciones de Estados Unidos con dicho país se tensaron, coincidiendo con el inicio de la primera administración Trump y la imposición de sanciones a la compañía petrolera nacional venezolana y a varios altos funcionarios.

Esta semana, el proceso de selección de una docena de jurados imparciales para el juicio de los acusados ​​ha sido todo menos rutinario, debido al papel que desempeña Rubio en calidad de testigo.

El lunes, un posible jurado declaró conocer a Rubio por haber asistido con él a la escuela secundaria en Miami, y afirmó que no podría ser “imparcial”, dado que no confía en una sola palabra que salga de la boca del exsenador republicano. Dicho jurado, identificado únicamente mediante un número, fue desestimado por causa justificada.

Posteriormente, el martes, otra posible jurado manifestó que no podría dar crédito a nada de lo que Rubio dijera, acusándolo de haber cometido “crímenes de guerra” y “violaciones del derecho internacional”, y añadiendo que le resultaría difícil considerarlo como “un hombre íntegro”. Ella también fue excusada por causa justificada.

En otro incidente ocurrido el martes, el equipo de la defensa de Rivera solicitó la recusación de todo el grupo de posibles jurados tras constatar que había muy pocos republicanos registrados entre los más de 100 candidatos; sin embargo, la jueza federal de distrito Melissa Damian desestimó la petición. La selección del jurado se reanudará el miércoles.

Mientras tanto, funcionarios del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service) y del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) inspeccionaron la sala del tribunal, situada en el décimo piso del Edificio de Justicia Federal James Lawrence King, donde se desarrollará el juicio a partir del lunes con las declaraciones iniciales. El Servicio de Alguaciles —responsable de la seguridad en los tribunales— y el DSS —encargado de la protección de Rubio las 24 horas del día— han aunado esfuerzos para garantizar la seguridad del senador durante su comparecencia para testificar sobre sus interacciones pasadas con Rivera y Nuhfer.

Contrato de $50 millones

Ambos acusados ​​están imputados por no haberse registrado como agentes extranjeros ante el Fiscal General de los Estados Unidos en marzo de 2017, momento en que la consultora de Rivera firmó un contrato de $50 millones con la filial con sede en Houston de la compañía petrolera nacional de Venezuela, PDVSA, la cual opera bajo el nombre de CITGO. El contrato tenía, ostensiblemente, el propósito de promover la expansión de CITGO en los Estados Unidos, lo que incluía la resolución de disputas sobre perforación petrolera con el gigante estadounidense Exxon, cuyos activos habían sido nacionalizados por Venezuela.

Tanto Rivera como Nuhfer argumentan, en su defensa, que trabajaban directamente para la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana —PDV USA— y no para PDVSA propiamente dicha; por consiguiente, sostienen que no estaban obligados a registrarse como agentes extranjeros del gobierno venezolano. La consultora de Rivera recibió $20 millones de PDV USA antes de que la filial estadounidense rescindiera el contrato tras un desacuerdo surgido en 2017; Rivera compartió dichos ingresos con Nuhfer y otros dos socios.

No obstante, los fiscales federales sostienen que un alto funcionario venezolano, cercano al presidente Nicolás Maduro, orquestó este lucrativo contrato entre la consultora de Rivera —Interamerican— y PDV USA, utilizándolo como fachada para remunerar a Rivera, Nuhfer y otros colaboradores por sus labores de cabildeo, orientadas a recabar apoyo político para Venezuela en un esfuerzo por “normalizar” las relaciones con los Estados Unidos.

Como parte de dicha trama, afirman los fiscales, Rivera y Nuhfer procuraron impedir la imposición de sanciones contra Maduro y otros altos funcionarios.

Cabildeo ante Rubio

En junio de 2017, Rivera, Nuhfer y otros colaboradores unieron fuerzas para ejercer presión política —cabildear— ante Rubio —entonces senador republicano por Florida, con sede en Miami— y ante la abogada Kellyanne Conway, asesora de la Casa Blanca del entonces presidente Donald Trump, según consta en el auto de acusación formal. Si bien Rivera y Nuhfer no lograron reunirse con Conway, sí consiguieron concertar dos reuniones con Rubio.

En la primera reunión, Rivera se encontró con Rubio en una residencia privada en Washington. Rivera le comunicó a Rubio que un acaudalado empresario venezolano “había persuadido al presidente Maduro para que aceptara un acuerdo mediante el cual celebraría elecciones libres y justas en Venezuela”, según consta en la acusación formal.

En la segunda reunión, celebrada en un hotel de Washington, Rivera, Nuhfer y el magnate venezolano Raúl Gorrín discutieron “asuntos relacionados con Venezuela”, señala la acusación. También participó en la reunión por vía telefónica Henry Ramos Allup, un político venezolano opositor a Maduro.

Sin embargo, a mediados de julio, Gorrín informó a Rivera, a Nuhfer y a un socio de Miami que “el presidente Maduro se había negado a aceptar la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela a cambio de una reconciliación con los Estados Unidos”.

Según la acusación, Rivera también colaboró ​​con Gorrín para organizar una reunión entre el congresista de Texas Pete Sessions —republicano— y Maduro en Caracas.

El 2 de abril de 2018, indica la acusación, Rivera, Gorrín y Sessions se reunieron con Maduro y otros políticos venezolanos para discutir la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Como parte de la reunión, Sessions accedió a llevar una carta con dicha propuesta de Maduro al entonces presidente Trump —quien se encontraba en su primer mandato—; no obstante, sus gestiones resultaron infructuosas.

Tanto la defensa como la fiscalía deseaban que Rubio testificara

El testimonio de Rubio ha sido motivo de una intensa disputa entre la fiscalía y la defensa desde que Rivera y Nuhfer fueron acusados, a finales de 2022, de conspirar para defraudar al gobierno de EEUU, de no registrarse como agentes extranjeros del gobierno de Venezuela y de lavado de dinero.

En un principio, el fiscal federal adjunto Harold Schimkat declaró que citaría a Rubio como testigo, pero posteriormente cambió de opinión; sin embargo, este año dio un giro a su postura después de que la defensa citara judicialmente a Rubio a través del Departamento de Estado.

Los abogados defensores argumentaron que pretendían citar a Rubio para demostrar que Rivera y Nuhfer no actuaban como agentes no registrados del gobierno venezolano con el fin de normalizar las relaciones con el régimen de Maduro, tal como sostiene la acusación formal. En cambio, sostienen, en las reuniones celebradas con Rubio en 2017 y 2018, los acusados ​​intentaban elaborar una estrategia de salida para Maduro, de modo que este pudiera ser reemplazado por un líder de la oposición en Venezuela que contara con el respaldo de los Estados Unidos.

Con ese fin, los abogados de Rivera —Edward Shohat y David Weinstein— y los de Nuhfer —David O. Markus y Margot Moss— también pretendían citar a declarar al expresidente de Venezuela, Maduro, una vez que este fuera capturado por las fuerzas militares estadounidenses a principios de enero para enfrentar cargos por narcotráfico en Nueva York. Sin embargo, Maduro, a través de su abogado, comunicó su negativa a actuar como testigo de la defensa, advirtiendo que invocaría su derecho constitucional a guardar silencio en caso de ser obligado a testificar.

En febrero, Damian, el juez presidente, declaró: “Creo que este asunto está zanjado por el momento”.

La participación de Susie Wiles

El equipo de la defensa también solicitó citar a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, dado que esta había ejercido como lobista para la influyente firma Ballard Partners —con sede en Tallahassee— durante el periodo 2017-2018, momento en el que dicha firma representaba a Gorrín; este último, propietario de un canal de televisión en Caracas, buscaba expandir su negocio hacia el mercado estadounidense.

No obstante, el juez Damian, en conjunto con un juez magistrado, accedió a la solicitud de la fiscalía de anular la citación de la defensa para obtener el testimonio de Wiles.

El juez magistrado Edwin Torres falló a favor de la moción de los fiscales, argumentando que “la jefa de gabinete se ha convertido en la segunda persona más poderosa e importante en el funcionamiento del Gobierno Federal” y que exigirle testificar durante dos días “perturbaría las funciones laborales de la Sra. Wiles”.

En su orden, Torres también puso en tela de juicio el valor del testimonio de ella, afirmando: “Los acusados ​​no han demostrado que la Sra. Wiles tenga una conexión directa con este caso”. Damian, la jueza federal, declaró que coincidía con el análisis de Torres.

Además de Rubio, otro testigo clave para el gobierno es el promotor inmobiliario de Miami Hugo Perera, quien conoció a Rivera a través de Nuhfer y posteriormente presentó al excongresista de Miami-Dade a Gorrín. Tanto Perera como Gorrín poseían viviendas en la exclusiva Fisher Island.

A su vez, Gorrín facilitó el acceso a Maduro y a otra alta funcionaria, Delcy Rodríguez, quien —según los fiscales— ordenó a la filial estadounidense de la compañía petrolera nacional de Venezuela que contratara a la firma de consultoría de Rivera para ejercer labores de cabildeo en los Estados Unidos. Rodríguez sustituyó a Maduro como presidenta de Venezuela tras la destitución de este por parte del gobierno estadounidense.

Conexiones en Miami

Documentos judiciales tanto del caso penal como de una demanda civil paralela revelaron que Rivera desvió más de la mitad de sus ingresos provenientes de PDV USA —$13 millones— hacia tres subcontratistas en Miami que supuestamente prestaron “servicios de consultoría estratégica internacional” a la filial estadounidense de la compañía petrolera nacional de Venezuela. Los tres beneficiarios de dichos fondos fueron Gorrín, Nuhfer y Perera.

En vísperas del juicio, el equipo de la defensa de Rivera ha acusado a los abogados de Perera de colaborar con los fiscales para revisar las declaraciones iniciales que este prestó a los agentes del FBI en 2020, con el fin de reforzar su testimonio en contra del exrepresentante estadounidense. Rivera ejerció en el Congreso entre 2011 y 2013, tras haber pasado la década anterior en la Legislatura estatal, periodo durante el cual Rubio ocupó el cargo de presidente de la Cámara de Representantes entre 2006 y 2008. Durante esa etapa, Rivera y Rubio compartieron vivienda en Tallahassee.

Gorrín, quien no figura como acusado en la causa contra Rivera, fue imputado por un gran jurado federal de Miami en 2018 bajo cargos de corrupción extranjera y lavado de dinero. Asimismo, fue acusado en otro caso de lavado de dinero en Miami en el año 2024. En los documentos judiciales, los fiscales describen a Gorrín como un “fugitivo” de la justicia.

El nombre de Gorrín no aparece en la lista de testigos ni de la fiscalía ni de la defensa en el caso Rivera-Nuhfer.