Residentes de La Pequeña Habana temen una “aniquilación económica” cuando cierre el parque de casas móviles
Awilda Suriel se sentó en el suelo, con las rodillas recogidas y la cabeza entre las manos mientras veía a sus vecinos dirigirse al césped frente a ella. Se movían incómodos, con los brazos cruzados y la mirada baja. Mientras la mayoría guardaba silencio, los pocos que intercambiaron cortesías apagadas callaron cuando los propietarios del Silver Court Trailer Park iniciaron la reunión.
Lo que los reunía era el hecho de que pronto los separarían.
Suriel, de 43 años, compró su casa rodante hace dos años por $45,000, luego invirtió lo que le quedaba de sus ahorros —$20,000— en convertirla en un hogar para sus tres hijos: revestimiento nuevo, un cobertizo para el auto y reparaciones interiores.
Había ahorrado durante siete años para comprar el lugar, conduciendo a menudo más de diez horas al día para Uber. “Pensé que viviría aquí el resto de mi vida”, comentó.
Pero un papel pegado con cinta adhesiva en su puerta principal el 11 de marzo destrozó ese sueño.
En él, el propietario de Silver Court informaba a los residentes que el parque —con 65 años de antigüedad y situado en La Pequeña Habana de Miami— cerraría sus puertas en un plazo de seis meses.
Se trata del más reciente parque de casas móviles en Miami-Dade en cerrar ante el avance del desarrollo urbano. El año pasado, miles de residentes del parque de casas móviles Li’l Abner, en Sweetwater, recibieron la orden de desalojo, lo que lanzó a algunos a la indigencia. Al igual que en aquel caso, muchos de los residentes de Silver Court están a punto de perder uno de los pocos vestigios de vivienda estable y verdaderamente asequible que quedan en Miami-Dade. La mayoría desconoce cómo logrará abrirse camino en el costoso mercado inmobiliario de Miami.
Al ser consultada sobre qué planes tiene para la propiedad de Silver Court, la empresa 1989 Sunny Court LLC —propietaria del parque— no ofreció detalles específicos. No obstante, la compañía aseguró que cualquier proyecto futuro “aportará valor” al sur de Florida; dicha empresa forma parte de Marquis Property Company, una firma inmobiliaria con sede en California que en 2021 adquirió Silver Court —junto con el parque de casas móviles Sunnyside/West Haven, en West Miami— por un monto combinado de $50 millones.
Quienes residen allí actualmente tienen hasta septiembre para marcharse. Para incentivar las salidas anticipadas, los propietarios del parque han ofrecido $10,000 a quienes se marchen antes del 31 de mayo. Quien permanezca hasta el 15 de julio recibirá $5,000 y quienes se marchen para finales de agosto podrán contar con $2,500; todo ello, además de una compensación proporcionada por el estado —de entre $1,375 y $6,000, dependiendo del tamaño de la casa móvil y de si su propietario decide emprender el costoso y logísticamente complejo proceso de trasladarla.
El residente Joseph Madera, profesor de matemáticas, se ha convertido en el líder semioficial de un grupo de propietarios de casas móviles que buscan impugnar los términos de su desalojo.
“Es una catástrofe social”, declaró Madera, de 46 años, al inicio de la reunión.
Muchos de los residentes del parque son personas mayores con ingresos fijos, y aquellos que no lo son pertenecen, en su gran mayoría, a sectores de bajos ingresos, afirmó la senadora estatal Ileana García, republicana cuyo distrito abarca el parque. “Es una población muy, muy vulnerable”.
“He recorrido mi distrito y nunca he visto una situación de mayor empobrecimiento que la de ese parque”, añadió.
Aun así, muchos de los propietarios de Silver Court pagaron por sus casas móviles —su principal patrimonio— una suma superior a los $10,000 que se les ofrecen; según argumentan, el valor de mercado de estas viviendas duplica o triplica la oferta de compra más alta presentada por el dueño del parque.
El desalojo, aseguran, representa una pérdida catastrófica de patrimonio y de estabilidad habitacional.
“Es una aniquilación económica”, declaró Madera.
“Sin lugar adonde ir”
Suriel regresó a su casa arrastrando los pies tras la reunión, pasando junto a coloridas casas rodantes de tonos pastel situadas a un lado de las estrechas y agrietadas calles del parque.
A pesar de encontrarse justo al lado de la Calle Ocho, Silver Court es un lugar tranquilo, incluso en las horas pico.
“Aquí se vive con tranquilidad”, dijo Suriel al pasar junto a un grupo de vecinos que reían, sentados en sillas plegables en la entrada de una casa. “Es el lugar más tranquilo en el que he vivido”.
A pesar de la tranquilidad, Suriel estaba exhausta. Tenía ojeras. Le costaba conciliar el sueño.
A pesar de ser llamada “casa móvil”, la caravana de Suriel tiene cimientos, tal como lo están la mayoría de las viviendas en el parque. Esto la hace estructuralmente inamovible o, en caso de poder moverse, solo sería posible a un costo enorme —probablemente de cinco cifras—. Al igual que la mayoría de los propietarios de caravanas, Suriel es dueña de su vivienda móvil, pero alquila el terreno sobre el que esta se asienta.
Sin ahorros restantes y con su único activo de valor ahora invendible —y, en la práctica, carente de valor alguno más allá de ofrecerle un techo para los próximos meses—, no tiene ni idea de adónde irán ella, su pareja y sus tres hijos, de 18, 14 y 4 años.
El dinero es un problema. Son cinco personas, y ninguno de los muchos propietarios a los que ha llamado está dispuesto a alquilarles nada más pequeño que una vivienda de tres dormitorios; según ella, los alquileres mensuales de este tipo de propiedades superan con creces los $3,000. En Silver Court, la cuota por el terreno que ella paga ronda los $900 mensuales.
No cree que vaya a aceptar la oferta de $10,000 para marcharse antes de junio. Solo los pagos correspondientes al primer mes, el último mes y el depósito de seguridad consumirían casi la totalidad de ese dinero, explicó. Además, Suriel calcula que, entre ella y su pareja, los ingresos familiares ascienden tal vez a unos $5,000 mensuales, dependiendo de la cantidad de horas que trabaje cada uno.
Y, por si fuera poco, afirmó: “No tengo adónde ir”.
Tal como establece la ley de Florida, los propietarios de casas móviles ubicadas en parques que están experimentando un cambio de uso del suelo tienen derecho —dependiendo de si poseen una casa móvil de ancho simple o doble— a recibir $3,000 o $6,000, suma que pueden utilizar para trasladar físicamente sus viviendas a otro parque.
Si deciden abandonar sus casas móviles —algo que Suriel probablemente hará—, el estado desembolsa únicamente $1,375 o $2,750; esta cifra también varía según el tamaño de la unidad. Más allá de eso, la ley no garantiza absolutamente nada a los propietarios de estas viviendas.
Trasladar su casa móvil costaría, sin duda alguna, mucho más de lo que el estado garantiza. Aun si Suriel pudiera permitírselo —cosa que no puede— y si su vivienda lograra sobrevivir al proceso de ser arrancada del suelo y cargada en un camión —algo que, muy probablemente, no soportaría—, ella no sabría a dónde llevarla.
García, la senadora estatal —quien también representa al distrito donde se ubicaba el parque Li’l Abner—, declaró sentirse “estupefacta ante la falta de protecciones de las que gozan las casas móviles”.
Los residentes merecen recibir un aviso de al menos entre nueve y 12 meses antes de que se les ordene desalojar sus hogares, afirmó ella. Y, si bien no ofreció cifras exactas, García señaló que “definitivamente” estudiaría la posibilidad de revisar los esquemas de compensación para los propietarios de casas móviles que se enfrentan al cierre de un parque. Cualquier pago que se realice debería tener en cuenta la apreciación del valor de las casas móviles, añadió.
Todas estas son ideas que García busca impulsar durante la próxima sesión legislativa, la cual tendrá lugar dentro de poco más de 10 meses.
Queda por ver cuánto apetito existe en Tallahassee para llevar a cabo estos cambios. En la sesión anterior, se presentaron proyectos de ley tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado que pretendían duplicar con creces los pagos por reubicación y abandono de viviendas. Ambas iniciativas quedaron estancadas en las comisiones legislativas.
No obstante, independientemente de las sumas que la Legislatura de Florida termine estipulando, estas tendrían que ser muchas veces superiores a las que se ofrecen actualmente para que resulten verdaderamente significativas, opinó Madera, líder del grupo de propietarios organizados del parque.
Los $10,000 ofrecidos por Sunny Court LLC superan técnicamente lo exigido por la ley estatal. Aun así, “es una cantidad irrisoria”, afirmó. “Tal vez equivalga a tres meses de alquiler”.
Durante la reunión de propietarios, los asistentes debatieron sobre lo que implicaría una compra justa. “Sabemos que son los dueños del terreno”, dijo Madera, “pero hay maneras de abordar esto que no sean tan devastadoras emocional, psicológica y económicamente”.
Se barajaron cifras hasta que un propietario gritó, entre aplausos: “¡$60,000 y tres años!”.
Tener más dinero y más tiempo para encontrar un nuevo lugar sería de gran ayuda para Suriel. Pero ninguna de las dos cosas compensaría los incalculables costos —tanto familiares como emocionales— de perder su hogar.
Durante años, Suriel había soñado con tener una casa propia. Por supuesto, le habría encantado comprar una casa o un condominio. De hecho, tenía el dinero para el pago inicial. “Pero soy chofer de Uber”, dijo. “Trabajo mucho, pero ¿cómo me va a dar un préstamo el banco?”.
Comprar el tráiler en efectivo, razonó, era su única opción.
Al girar en la esquina de su calle, Suriel se detuvo en medio de la calzada, contemplando la vista de su casa. Era la hora dorada de la tarde, y el sol poniente bañaba el tráiler color hueso con una luz cálida.
Pensó en los días y las noches que pasó conduciendo gente por Miami para ahorrar lo suficiente y comprar el lugar. Las incontables horas lejos de sus hijos —tiempo que nunca recuperaría.
“Pensar en lo que construí, en todos mis sacrificios … solo para verlo desaparecer …,” se quedó en silencio.
Quizá este cierre no signifique mucho para el dueño del parque, razonó Suriel.
“Para nosotros, es todo.”
Esta historia se produjo con apoyo financiero de patrocinadores que incluyen a The Green Family Foundation Trust y Ken O’Keefe, en colaboración con Journalism Funding Partners. The Miami Herald mantiene el control editorial total de este trabajo.
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de abril de 2026, 9:53 a. m. with the headline "Residentes de La Pequeña Habana temen una “aniquilación económica” cuando cierre el parque de casas móviles."