Alex Otaola enfrenta demanda por difamación ligada a menor de edad
Una demanda presentada ante un tribunal de Miami-Dade acusa al influencer cubanoamericano y excandidato republicano a la alcaldía de Miami-Dade, Alexander Otaola, de haber contribuido a exponer públicamente y difamar a un menor que había acusado a uno de los aliados políticos de Otaola de conducta sexual ilícita.
La demanda de 61 páginas, presentada por Ronaldo Mosqueda Toledo, alega que Otaola y la abogada Lisbet Velázquez utilizaron el programa en línea de Otaola, “Hola! Ota-Ola”, para revelar la identidad del adolescente, quien tenía 17 años en el momento de la acusación de conducta sexual inapropiada, para retratarlo como “un psicópata”, “una rata” y “un ser humano despreciable” durante una transmisión realizada el 18 de julio de 2025 a través de YouTube y otras plataformas de redes sociales.
La demanda sostiene que Otaola y Velázquez divulgaron a sabiendas información de identificación sobre un menor cuya identidad estaba protegida por la ley de la Florida, después de que el adolescente denunciara un presunto abuso sexual por parte de Andy Santana Zamora, ex tesorero de la campaña de Otaola para la alcaldía de Miami-Dade en 2024.
El ex tesorero de Otaola fue arrestado el 3 de octubre de 2024 y acusado de agredir sexualmente a un adolescente de Hialeah tras haberle suministrado drogas.
Sin embargo, la Fiscalía Estatal de Miami-Dade terminó retirando los cargos contra Santana después de que el denunciante de 17 años se retractara de las declaraciones que había hecho ante los fiscales, en entrevistas televisivas y en las redes sociales, según consta en los registros judiciales.
Santana es ahora acusado en la demanda de haber esposado y retenido por la fuerza a la persona que, según el documento, él agredió.
Según la demanda, Otaola y Velázquez no solo atacaron la credibilidad del adolescente durante la transmisión, sino que también incitaron a los espectadores a “vigilarlo”, “someterlo a vigilancia” y reportar cualquier información a Velázquez. La demanda alega que dichas acciones constituyeron difamación, causación intencional de angustia emocional y violaciones de las normas de protección de la privacidad para las víctimas de delitos sexuales. La demanda también afirma que Otaola y Velázquez tenían conocimiento de la agresión sexual y de la actividad sexual ilícita en las que se acusa a Santana de haber incurrido.
Asimismo, la demanda sostiene que la empresa de medios de Otaola, OTACA Media Productions, obtuvo beneficios económicos de la transmisión a través de publicidad, patrocinios y la interacción de la audiencia generada en torno a la controversia. La demanda reclama daños compensatorios y punitivos no especificados contra Otaola, Velázquez, Santana y OTACA Media Productions.
El Miami Herald intentó contactar a Santana, Otaola y Velázquez para solicitar sus comentarios. Santana y Velázquez no respondieron a las llamadas, mensajes de texto ni correos electrónicos, y Otaola declinó ofrecer declaraciones.
Tras perder las elecciones frente a Daniella Levine Cava, Otaola centró sus esfuerzos en impugnar su victoria. Un intento de impulsar un proceso de revocatoria para destituirla del cargo fracasó.
