Juez de Miami ordena pagar $314 millones a tres estadounidenses torturados en Venezuela
Un juez federal de Miami otorgó más de $314 millones en indemnizaciones a tres ciudadanos estadounidenses que alegaron haber sido encarcelados y brutalmente torturados por el antiguo régimen venezolano de Nicolás Maduro antes de ser liberados en un intercambio de prisioneros realizado en 2023 que aseguró la liberación del aliado de Maduro, Alex Saab.
El juez federal de distrito Darrin P. Gayles dictó el martes una sentencia en rebeldía contra Maduro, Saab, otros cinco exfuncionarios venezolanos y la presunta organización de narcotráfico conocida como el Cartel de los Soles, después de que no respondieran a la demanda. En su fallo, Gayles describió al antiguo gobierno de Maduro como una “empresa criminal” responsable de los abusos sufridos por los tres hombres.
Los demandantes —Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval— presentaron la demanda el año pasado contra varios altos funcionarios venezolanos, alegando que fueron sometidos durante meses a torturas físicas y psicológicas mientras permanecían detenidos, entre ellas descargas eléctricas, severas golpizas, aislamiento prolongado, dolorosas posiciones de estrés y otras formas de abuso que, según afirman, continúan causando un trauma duradero tanto a ellos como a sus familias.
La demanda también nombró como demandados a la actual presidenta interina Delcy Rodríguez, al ministro del Interior Diosdado Cabello, al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, al fiscal general Tarek William Saab y a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Los tres estadounidenses formaban parte de un grupo de diez ciudadanos estadounidenses liberados por Venezuela en diciembre de 2023 como parte de un intercambio secreto de prisioneros negociado por la administración Biden. A cambio, Washington liberó a Saab, el empresario colombiano acusado desde hace años por fiscales estadounidenses de lavar cientos de millones de dólares mediante contratos con el gobierno de Maduro. Saab ha negado de manera consistente haber cometido irregularidades.
Según la demanda, las detenciones no fueron arrestos aislados, sino parte de una estrategia deliberada de Maduro para capturar ciudadanos estadounidenses y utilizarlos como fichas de negociación después de que Saab fuera extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos en 2021 para enfrentar cargos de lavado de dinero.
“Cuando Estados Unidos capturó y arrestó a Alex Saab... Maduro respondió con actos de terrorismo antiestadounidense aún más agresivos”, sostiene la demanda, acusando al exmandatario venezolano de utilizar ciudadanos estadounidenses como rehenes para forzar el regreso de Saab.
La demanda fue presentada al amparo de la Ley Antiterrorista de Estados Unidos, una legislación federal utilizada con poca frecuencia que permite a las víctimas estadounidenses del terrorismo reclamar indemnizaciones civiles contra los responsables y, en determinadas circunstancias, buscar el embargo de sus bienes.
Acusaciones de tortura sistemática
La demanda acusa a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de ejecutar un programa sistemático de torturas bajo las órdenes de Maduro.
Kenemore, un especialista en informática de Fort Worth, Texas, permaneció 643 días detenido en Venezuela tras ser secuestrado cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela en marzo de 2022 por hombres armados que posteriormente lo obligaron a cruzar la frontera y lo entregaron a las autoridades venezolanas.
Según la demanda, fue acusado falsamente de espionaje y sometido a repetidas golpizas, aislamiento prolongado, privación de alimentos, suministro de agua contaminada y una forma de abuso psicológico conocida como “tortura blanca”. También habría sido obligado a inhalar vapores de gasolina y pintura y mantenido en condiciones que le provocaron ataques crónicos de pánico, insomnio, úlceras estomacales y daños permanentes en los nervios de las muñecas y las manos tras su liberación.
Marval, un empresario de Florida cuya compañía hacía negocios en Venezuela, aseguró haber sufrido algunos de los peores abusos.
Según la demanda, funcionarios de la DGCIM lo golpearon repetidamente, le fracturaron la espalda, le aplicaron descargas eléctricas —incluidas en los genitales— y amenazaron con matarlo mientras extorsionaban a su esposa. Además, presuntamente sembraron granadas y municiones en su vivienda antes de acusarlo de terrorismo, mientras lo obligaban a entregar las contraseñas de sus cuentas bancarias en Estados Unidos y vaciaban los ahorros de toda su vida.
Su esposa también denunció que las autoridades venezolanas confiscaron bienes familiares y la llamaban repetidamente para exigirle dinero a cambio de no asesinarlo.
Saad, originario de Alabama y residente en Venezuela durante varios años por motivos laborales, afirmó que fue arrestado en 2022 por agentes de la DGCIM que lo rodearon en un mercado local gritando “¡terrorista!”.
Permaneció 557 días detenido sin acceso a un abogado ni a una audiencia judicial, según la demanda. Durante uno de los traslados en una aeronave militar, agentes lo obligaron a permanecer en una dolorosa posición de estrés que casi le dislocó un hombro y le causó daños permanentes en los tendones del brazo. También aseguró que se le negó atención médica pese a desarrollar infecciones y otras complicaciones de salud durante su encarcelamiento.
Las acusaciones coinciden con denuncias más amplias sobre torturas cometidas por organismos de seguridad venezolanos que actualmente también son investigadas por la Corte Penal Internacional.
Delcy Rodríguez queda fuera del fallo
Aunque Rodríguez fue incluida como demandada, Gayles no emitió sentencia en su contra.
Sus abogados comparecieron ante la corte federal en abril para solicitar la desestimación de la demanda, argumentando que Rodríguez goza de inmunidad frente a litigios civiles por ser la jefa de Estado de Venezuela reconocida internacionalmente.
Los demandantes rechazan ese argumento y sostienen que el fundamento constitucional de su mandato ha expirado y que la inmunidad soberana no debería protegerla de responsabilidades civiles.
El fallo deja abierta la posibilidad de que el litigio contra Rodríguez continúe por separado.
Aún no está claro si Kenemore, Saad y Marval podrán cobrar finalmente los 314 millones de dólares. La ejecución de sentencias contra funcionarios extranjeros suele depender de la localización de activos que puedan ser legalmente embargados en Estados Unidos u otras jurisdicciones. Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una incursión en Caracas el 3 de enero, se encuentra actualmente en un centro de detención federal en Nueva York junto a su esposa, a la espera de juicio.
Aun así, la decisión constituye una de las mayores indemnizaciones civiles obtenidas por ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido torturados por autoridades venezolanas y representa una de las condenas judiciales más severas hasta la fecha contra la conducta del antiguo régimen de Nicolás Maduro.
