Urbanizador se declara culpable de desfalcar fondos federales
El que fuera un importante urbanizador, encausado en un caso de fraude de viviendas por muchos millones de dólares en el que está involucrada una de las familias más prominentes de Miami, se declaró culpable para no ir a juicio por jurado en el tribunal federal la próxima semana.
Lloyd Boggio, de 70 años, fue acusado el año pasado conjuntamente con su antiguo socio Matthew Greer, de 38, y varios otros de conspiración para robar fondos del gobierno de EEUU para subsidiar urbanizaciones de viviendas asequibles en el condado Miami-Dade a través de un programa de créditos fiscales diseñado para crear apartamentos de alquiler para residentes de bajos ingresos.
Boggio enfrenta hasta 10 años de cárcel por un solo cargo de lavado de dinero. Como parte de su acuerdo extrajudicial, él acordó renunciar a unos $2 millones en siete cuentas de banco congeladas y una residencia por valor de muchos millones de dólares en Coconut Grove, además de devolver otros $7,174,357.
“El acusado y sus cómplices robaron $36 millones en fondos federales que de otro modo hubieran sido usados para brindar viviendas asequibles a cientos de residentes necesitados en todo el estado de la Florida”, dijo el fiscal federal Wifredo Ferrer en un comunicado. En general, dijo, la fiscalía recuperó más de $20 millones en fondos robados por los acusados en este caso.
Greer, ex presidente ejecutivo de Carlisle Development Group, se había declarado culpable de inmediato de dos cargos de conspiración para robar en un acuerdo extrajudicial que requirió que él testificara en contra de su antiguo mentor, Boggio. Los abogados defensores de Boggio planeaban inicialmente atacar a Greer como testigo por medio de interrogarlo sobre el papel jugado por sus padres, los abogados Bruce y Evelyn Greer, en los proyectos de Carlisle.
Bruce Greer había comenzado la compañía con Boggio hace dos décadas, y Evelyn Greer, ex alcaldesa de Pinecrest y ex miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, asesoró a su hijo y a Boggio en los asuntos de Carlisle, de acuerdo con archivos judiciales.
Los padres de Greer, quienes en ningún momento estuvieron bajo investigación, recibieron inmunidad judicial en un anexo secreto al acuerdo extrajudicial del hijo un año atrás. Ahora, la estrategia planeada por la defensa de Boggio de que él no había hecho nada indebido, sino que simplemente había seguido el consejo de la madre de Greer, no será usada en el juicio debido a su propio acuerdo extrajudicial.
Al conseguir un acuerdo extrajudicial, Boggio evita el peligro de ser juzgado y posiblemente hallado culpable de conspiración, robo, fraude de transferencias bancarias y lavado de dinero que podrían haberlo enviado a la cárcel para el resto de su vida.
Gracias al respaldo financiero de sus padres, Greer compró la participación de Boggio en Carlisle en el 2007. Al año siguiente, Greer lo reemplazó como presidente ejecutivo, pero Boggio conservó intereses lucrativos en varios de los proyectos de Carlisle proyectos que estaban todavía por construir.
Los fiscales Michael Sherwin y Michael Berger acusaron a Greer y a Boggio de conspirar con sus antiguos asociados urbanizadores, los cofundadores del Biscayne Housing Group Michael Cox y Gonzalo DeRamon así como el contratista de Fort Lauderdale Michael Runyan y el contratista de Plantation René Sierra. Colectivamente, los urbanizadores robaron alrededor de $36 millones en subsidios federales de vivienda por medio de inflar los costos de construcción y recibir sobornos. Los contratistas, quienes pagaron los sobornos, también se quedaron con parte de ese dinero.
Cox, DeRamon, Runyan y Sierra ya se han declarado culpables de cargos de conspiración y también están cooperando como testigos con las autoridades.
En total, según la fiscalía, Greer, Boggio y los demás acusados saquearon los créditos fiscales federales para llenarse los bolsillos con el dinero de 14 proyectos subsidiados por el gobierno para los pobres en el condado Miami-Dade. Todos esos proyectos menos uno fueron construidos en los barrios de Brownsville, el Pequeño Haití y Overtown entre el 2007 y el 2012.
La fiscalía afirma que Greer y Boggio establecieron compañías fachada con los nombres de Marquesas Capital y Caesar & Cleopatra Investments para cobrar en secreto sus pagos ilícitos.
“Robar dinero al gobierno federal no es un robo sin víctimas. En este caso, $36 millones en fondos de los contribuyentes destinados a urbanizaciones para viviendas de bajos ingresos nunca llegaron a los necesitados, sino que llenaron los bolsillos de Lloyd Boggio y sus cómplices”, dijo William J. Maddalena, agente especial adjunto a cargo de la oficina del FBI en Miami. “El FBI se compromete a acabar con este tipo de fraude y a reclamar el dinero que fue obtenido por medios deshonestos”.
La sentencia de Boggio está fijada para el 9 de diciembre ante la jueza de distrito federal, Ursula Ungaro.
Esta historia fue publicada originalmente el 17 de septiembre de 2016, 4:49 p. m. with the headline "Urbanizador se declara culpable de desfalcar fondos federales."