Inmigrantes indocumentados en el sur de la Florida esperan la revocación de orden judicial

En el Centro de Orientación del Inmigrante, en Miami Beach, todo estaba listo para ayudar a unos 300 jóvenes indocumentados a solicitar un alivio para la deportación el miércoles.

Los jóvenes esperaban beneficiarse de las medidas de inmigración aprobadas por el presidente Barack Obama mediante las órdenes ejecutivas emitidas en noviembre.

Pero unas horas antes, la noche del lunes, el gobierno federal se vio obligado a detener el programa. Un juez federal en Texas dio un fallo que ha causado frustración y tristeza entre los indocumentados y activistas a nivel estatal, quienes declararon el martes que esperan que la orden judicial sea revocada. El gobierno federal ha prometido apelar.

“Esto nos ha decepcionado porque todo estaba listo. Ni siquiera hemos tenido tiempo de llamarlos para explicarles lo que pasó y decirles que tienen que esperar más tiempo”, dijo Carlos Pereira, del Centro de Orientación del Inmigrante, quien asistió a muchos de los jóvenes que esperaban solicitar el alivio el miércoles.

El juez Andrew Hanen, de la corte de distrito en Brownsville, bloqueó temporalmente la orden ejecutiva de Obama para darle continuación a una demanda presentada por 26 estados, que busca detener el programa de alivio a la deportación. Florida fue uno de esos estados.

Hanen alegó que la demanda, liderada por Texas, debe continuar ya que la implementación de los programas podría afectar los presupuestos estatales.

El martes, activistas e inmigrantes indocumentados se reunieron en un restaurante de Miami para expresar su descontento, en un evento que orginalmente habían organizado para brindar información sobre las medidas que iniciarían el miércoles.

“No estamos contentos, claro, pero esto es un retraso temporal, la gente tiene que seguir preparándose para cuando las solicitudes estén disponibles”, declaró Natalia Jaramillo, de la Coalición de Inmigrantes de la Florida.

Francisco Portillo, el presidente de la organización Hondureña Integrada Francisco Morazán, también manifestó su indignación y descontento.

“Estamos muy molestos y tristes con lo que ha hecho este juez en Texas”, dijo Portillo. “Estancó temporalmente las aspiraciones de estos jóvenes y de sus familias. Pero lucharemos para que esa demanda no prospere”.

El miércoles el gobierno federal empezaría a aceptar solicitudes para un programa que ya existe y que fue ampliado en noviembre, que brinda protección temporal de la deportación a jóvenes que fueron traídos ilegalmente por sus familias a EEUU cuando eran niños. Mediante el programa conocido como DACA, los jóvenes además reciben un permiso de trabajo.

Kenia Mejía, una hondureña de 23 años, esperaba poder acogerse al programa y llevaba semanas reuniendo los documentos que comprueben que creció y estudió en Miami.

“Me detienen otra vez mis sueños”, dijo Mejía, quien tiene un bebé y cuya madre se acogió a otro programa de protección temporal de estatus (TPS). “Quiero estudiar y poder trabajar para ayudar a mi madre. Con mi situación actual no puedo hacer nada de eso”.

La decisión de Hanen también dilata la implementación del programa conocido como DAPA, que iniciaría en mayo y suspendería la deportación de padres de ciudadanos o residentes permanentes, que hayan vivido en EEUU por mas de cinco años.

Las órdenes habrían brindado protección a unos cinco millones de indocumentados, de alrededor de 11 millones que viven en EEUU.

El Departamento de Justicia anunció que apelará la decisión del juez, y funcionarios de la Casa Blanca dijeron el martes por la tarde que confían en que una corte federal de apelaciones se pronuncie a favor del gobierno. No está claro cuánto tiempo tardaría el litigio.

“La administración tiene seguridad de que el presidente Obama tiene todo el poder para las acciones ejecutivas que tomó”, dijo Cecilia Muñoz, Directora del Concejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, durante una conferencia telefónica.

Sin embargo, miembros republicanos del Congreso y la Cámara de Representantes sostienen que el presidente actuó más allá de sus facultades. Incluso, congresistas republicanos prometieron que bloquearán las medidas recortando el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional para ese programa.

María Rodríguez, presidenta de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, dijo que la decisión del juez busca desanimar a los indocumentados.

“Esta demanda es otra maniobra política por parte de políticos antiinmigrantes, y es sólo una piedra en el camino para tratar de asustar a nuestras comunidades y así lograr que no soliciten DACA o DAPA”, dijo Rodríguez en un comunicado.

Esta historia fue publicada originalmente el 17 de febrero de 2015, 10:02 p. m. with the headline "Inmigrantes indocumentados en el sur de la Florida esperan la revocación de orden judicial."