Informe cuestiona ley floridana que niega derecho al voto a convictos por delitos mayores

Un nuevo informe del Centro Brennan por la Justicia (Brennan Center for Justice) cuestiona a la Florida por la ley que niega el derecho a votar a las personas convictas de delitos de mayor cuantía a menos que ellas naveguen con éxito un arduo y prolongado proceso para recuperar esos derechos.

El Centro Brennan dijo que la ley de la Florida está “radicalmente fuera de sintonía con las leyes que rigen en todo el resto de país”, y que se trataba de “una de las leyes de su tipo más severas de la nación”. Es necesario que la ley sea reemplazada, afirmó el informe.

De acuerdo con el informe, dado a conocer este mes, a 1.6 millones de floridanos se les niega el derecho al voto debido a la ley estatal. Estos residentes representan más del 10 por ciento de la población con edad para votar del estado. Un número desproporcionado de los mismos, casi un tercio, son de la raza negra.

“La ley de privación de derechos civiles por motivos criminales de la Florida está arraigada en algunas de las prácticas de voto más discriminatorias de nuestro país, y las mismas continúan teniendo el efecto esperado en la actualidad”, dijo la autora del informe, Erika Wood, profesora de la Escuela de Leyes de Nueva York y directora del Proyecto de Derecho al Voto y Participación Cívica del Centro de Impacto de Leyes de Interés Público (Impact Center for Public Interest Law).

“Es hora de que la Florida aprenda las lecciones del pasado y que lo deje atrás de una vez. El derecho al voto no debería ser usado como una penalidad de castigo vitalicio”, dijo Wood.

En su informe publicado por el Centro Brennan, Wood escribió que “la Florida cuenta con una de las leyes de privación de derechos civiles por motivos criminales más punitivas y restrictivas”, y que la misma “niega el derecho al voto a una mayor cantidad de sus residentes que ningún otro estado”.

Sus conclusiones son consistentes con otras investigaciones recientes que muestran que la Florida es una excepción a este respecto.

El informe del Centro Brennan critica en particular al gobernador republicano de la Florida Rick Scott, quien hizo más difícil el proceso de devolución de dichos derechos al asumir su cargo hace cinco años.

Jackie Schutz, portavoz de Scott, dijo que “la posición [de Scott] no ha cambiado a este respecto… El respalda el proceso de clemencia actual”.

El informe afirma que la Florida cuenta con una privación del derecho al voto prácticamente “vitalicia” para las personas convictas de delitos de mayor cuantía debido a la dificultad del proceso para recuperarlos.

Las personas convictas de delitos de mayor cuantía tienen que presentar una petición ante la Junta Estatal de Clemencia Ejecutiva, un panel de cuatro miembro formado por el gobernador y su Gabinete (el procurador general, el director de finanzas y el comisionado de agricultura). De acuerdo con reglas impuestas por Scott en el 2011, las personas convictas de delitos de mayor cuantía tienen que esperar un plazo mínimo de cinco años después de completar su sentencia antes de presentar su petición para demostrar que no son reincidentes. Las personas convictas de delitos de mayor cuantía que sean delitos violentos y otros delitos serios tienen que esperar siete años antes de presentar su petición para que se les restablezcan sus derechos civiles.

La ley de la Florida concede al gobernador “amplia discreción sobre quién puede votar”, escribió Wood, puesto que la ley requiere que el gobernador tiene que dar su voto a favor, conjuntamente con una mayoría en el Gabinete, para que se devuelvan los derechos civiles a una personas convicta de delitos de mayor cuantía.

El gobernador tiene asimismo el poder de establecer reglas para el proceso de clemencia, las cuales “determinan quién es elegible para solicitar el restablecimiento de su derecho al voto, los requisitos del proceso de solicitud, y el tiempo que toma para que dichos derechos sean restablecidos”, escribió Wood.

Wood contrastó las medidas de Scott con las de su predecesor, el entonces republicano Charlie Crist. En el 2007, Crist permitió el restablecimiento automático de los derechos civiles para aquellas personas convictas de delitos de mayor cuantía no violentos, además de otros cambios.

Las reglas “más restrictivas” y el proceso de solicitud “más complicado” establecidos por Scott provocaron que el número de casos de restablecimiento de derechos civiles disminuyera drásticamente, concluyó el informe.

En el 2009, bajo el mandato de Crist, fueron aprobadas las solicitudes de restablecimiento de derechos civiles de 24,537 personas. En cambio, en el 2011, bajo el mandato de Scott, solamente se aprobaron 52 solicitudes. La Florida ha aprobado como promedio menos de 500 solicitudes por año desde entonces, concluyó el informe.

Esta historia fue publicada originalmente el 26 de diciembre de 2016, 5:17 p. m. with the headline "Informe cuestiona ley floridana que niega derecho al voto a convictos por delitos mayores."