Bajo escrutinio postura de los legisladores ante un gobierno abierto

Poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, la Legislatura de la Florida llevó a debate un proyecto de ley que impondría una exención de acceso público a toda la información sobre las operaciones de fumigación de cosechas.

Pero la mayoría de los operadores de fumigación están transmitiendo activamente esa información en busca de clientes. Y sus números de registración están pintados en la mismísima cola de sus avionetas.

“¿Cómo se puede eximir de acceso algo que está tan claramente visible?”, dijo Barbara Petersen. El proyecto de ley nunca llegó a ser aprobado.

Debido a la Ley de Transparencia (Government in the Sunshine Law) de la Florida, los archivos y reuniones del estado son más accesibles que los de la mayoría de los estados. Pero, a lo largo de los años, la Legislatura ha ido instituyendo, o ha considerado instituir, numerosas exenciones. La Legislatura, como promedio, impone hasta una docena al año; el total de las mismas, hasta principios de febrero, era de 1,119.

Alguien que mantiene un ojo avizor con respecto a esos esfuerzos es Petersen, presidenta de la Fundación de la Primera Enmienda de la Florida (Florida’s First Amendment Foundation), grupo sin afán de lucro de Tallahassee que aboga por un gobierno abierto. La misma cuenta con el apoyo de periódicos y noticieros así como el de numerosos abogados y muchos ciudadanos. Su misión es ayudarlos a todos ellos, ya se trate de un poderoso canal de noticias o un propietario que quiere ver los papeles de la carretera que desviaron y ahora pasa al frente de su casa.

Proyectos de ley ya propuestos para esta temporada de sesiones permitirían a los funcionarios electos hablar en privado y bloquear información sobre los candidatos a puestos ejecutivos universitarios.

¿Cuál es la posición de su legislador?

A partir de la temporada de sesiones legislativas de 2017, la cual comienza el martes, la Sociedad de Editores de Noticias de la Florida (Florida Society of News Editors, FSNE) planea hacer más fácil averiguarlo.

Todos los años la FSNE lleva a cabo un proyecto dedicado a la Semana de Transparencia (Sunshine Week), una iniciativa a nivel nacional para educar al público en general sobre la importancia de la transparencia en el gobierno. El proyecto de este año se centrará en una “boleta de calificaciones” para seguir la lista de prioridades de la fundación de exenciones de los archivos públicos. Los miembros de la FSNE crearán un sistema de calificaciones permanente con objeto de evaluar a los legisladores de acuerdo con su presentación de proyectos de ley y sus votos finales.

Reporteros de los periódicos de la Florida establecerán una boleta de calificaciones final una vez que termine la temporada de sesiones, y entrevistarán a los legisladores acerca de sus decisiones relacionadas con las exenciones de los archivos públicos.

La Legislatura de la Florida estableció leyes de archivos públicos ya a principios del siglo XX, creó la Ley de Transparencia a mediados de la década de 1960, y en 1992 estableció un “derecho constitucional de acceso”.

En cada temporada de sesiones legislativas se presentan cientos de proyectos de ley para crear exenciones. En algunos años, se aprueban muchos de ellos. En otros, se aprueban unos pocos. Petersen recordó un año en el cual se aprobaron alrededor de 20.

“La vasta mayoría de los proyectos de ley a los que damos seguimiento son justificados, y nosotros tomamos una posición neutral al respecto, o tratamos de establecer que nuestra posición con respecto a ellas es neutral”, dijo Petersen.

Y, según dijo ella a un político en una carta: “Estamos de acuerdo en que los requisitos de nuestra famosa Ley de Transparencia pueden resultar inconvenientes a veces para los funcionarios del gobierno. Pero el derecho de los floridanos a supervisar su gobierno y a pedirle cuentas por sus actos –implicado en nuestra Constitución– está muy por encima de estas inconveniencias menores”.

Partidarios y detractores de la ley en ambos partidos

Ella dijo además que la Ley de Transparencia en el Gobierno “no es un asunto de partido. Eso es una percepción errónea del asunto. Todo el mundo piensa que los republicanos detestan la ley y que los demócratas adoran la ley. Eso no es cierto. Tenemos tanto amigos como detractores en ambos partidos”.

Petersen se pasa la vida escribiendo a los auspiciadores de proyectos de ley a los que se opone la fundación.

Ella escribió al representante Bob Rommel, republicano de Naples, para expresar su oposición al proyecto de ley HB 351, el cual eximiría de los archivos públicos información de identificación personal de los solicitantes a puestos de presidente, rector o decano de un college estatal, permitiría que las reuniones relacionadas con la búsqueda de estos ejecutivos se lleven a cabo a puertas cerradas.

Y ella escribió al representante Byron Donalds, otro republicano de Naples, acerca del HB 843, el cual, en un órgano electo de al menos cinco miembros, permitiría que dos de ellos discutan asuntos públicos en privado “sin procedimientos de salvaguardia tales como una notificación o un requisito de que se lleven minutas de dichas discusiones”. Ella dijo que “es una invitación a conducta perniciosa por parte de nuestros funcionarios electos”.

A veces Petersen y otros defensores de los archivos públicos ganan. Pero a veces pierden.

En 1981, el pequeño Adam Walsh, de 6 años, fue secuestrado de un centro comercial del condado Broward y asesinado. Su asesinato estableció una línea divisoria en la manera en que las autoridades responden a los secuestros infantiles, e hizo del padre del niño, John, un activista de la lucha contra el delito y un veterano presentador de la televisión.

En 1996, cuatro periódicos presentaron una demanda según las leyes de archivos abiertos del estado. Su argumento era que la policía de Hollywood no podía reclamar razonablemente la exención de que el caso todavía estaba activo después de que habían pasado 15 años. Aun cuando la familia Walsh y el fiscal estatal del Condado Broward presentaron mociones de emergencia para impedir su publicación, diciendo que pondría en peligro el caso, el juez estuvo de acuerdo con los periódicos y la policía tuvo que hacer públicas más de 10,000 páginas de documentos. Los mismos sugerían que el vagabundo Otis Toole mató al niño, pero la policía de Hollywood no pudo armar un caso lo bastante sólido como para encausarlo.

Hasta el día de hoy, el caso sigue estando oficialmente no resuelto, aunque un investigador que trabajaba con los padres del niño estableció suficiente evidencia en el 2011 que confirma lo que los periódicos decían en 1996: Toole fue el asesino.

Y en febrero del 2001, el legendario piloto de carreras automovilísticas Dale Earnhardt murió cuando su carro se estrelló contra un muro en la última vuelta de la Daytona 500. Las autoridades bloquearon luego el acceso de los medios de prensa a las fotos de la autopsia, las cuales eran parte de los archivos públicos, y solamente se les permitió que un experto revisara las fotos. Los medios de prensa usaron ese análisis para cuestionar la manera en que la agencia que gobierna las carreras automovilísticas, NASCAR, manejó la muerte de Earnhardt.

Durante esta batalla legal, la Legislatura aprobó una ley que eximía las fotos de las autopsias, diciendo que temían que imágenes desagradables se filtraran a la Internet. Los periódicos alegaron que ellos nunca hacían semejante cosa, y que no entregarles las fotos los privaba de su habilidad para cuestionar los resultados de las autopsias. La prohibición ha sobrevivido las demandas presentadas en su contra.

¿Abusar de la Ley?

No todo el mundo considera que la Ley de Transparencia en el Gobierno es algo intocable, ni que sea siempre algo bueno.

En el 2015, Gulf Stream, al este de Boynton Beach, se vio inundado por cientos de solicitudes de archivos públicos por parte de un residente que luego presentó una demanda cuando la villa, que tiene alrededor de 900 habitantes y un personal de oficina pagado de sólo seis personas, no pudo seguirle el paso. En el 2016, una legislación que hubiera eliminado el requisito de que las agencias del gobierno paguen las tarifas de los abogados si pierden una demanda de archivos públicos no fue aprobada. Los opositores de la misma opinaron que, aunque la intención de salvar a entidades pequeñas tales como Gulf Stream era admirable, semejantes proyectos de ley serían un factor que infundiría temor a las personas que quisieran presentar demandas de archivos públicos y las perdieran, ya que tendrían que pagar enormes facturas legales.

Este año se ha presentado de nuevo una legislación similar, y de nuevo la fundación se opone a la misma. Pero no Keith Rizzardi.

“En circunstancias normales, la ley de archivos públicos del Estado del Sol es un modelo para asegurar que la información sea divulgada para el beneficio de una población informada”, escribió Rizzardi, profesor de leyes de la Escuela de Derecho de la Universidad de St. Thomas en Miami, para la revista de la Escuela de Derecho de la Universidad Stetson en St. Petersburg.

“La experiencia muestra que cosas anormales están teniendo lugar. Al no existir suficientes limitaciones que impidan el uso indebido de la ley, está en juego la eficiencia de nuestro sistema burocrático, y las víctimas son los contribuyentes”, dijo Rizzardi, quien trabajó con Gulf Stream en ese caso.

El profesor citó asimismo un caso en el condado Polk, al este de Tampa, en el cual un solicitante “trató de obtener la información de los seguros médicos de los empleados de las escuelas públicas del Condado Polk, sus cónyuges y sus hijos. Para muchos, la solicitud resultó una invasión de privacidad chocante, pero de acuerdo con la Constitución de la Florida el derecho a la privacidad se subordina al derecho de acceso a los archivos públicos. De hecho, la amplia solicitud y la litigación que resultó de la misma acabaron expandiéndose para incluir 11 juntas escolares de la Florida, y el gobierno se vio obligado a entregar la información”.

Esta historia fue publicada originalmente el 6 de marzo de 2017, 7:31 p. m. with the headline "Bajo escrutinio postura de los legisladores ante un gobierno abierto."