¿Necesita asistencia pública? Quizá tenga que pagar $40 por una prueba antidrogas
Es posible que las personas que vayan a recibir beneficios sociales y que tengan un historial de condenas relacionadas con las drogas tengan que pasar una prueba de drogas antes de recibir los beneficios, según un proyecto de ley de dos legisladores de Tampa Bay, una versión nueva y más específica de una muy criticada ley estatal del 2011 que jueces federales derogaron por considerarla inconstitucional.
Las personas que presenten peticiones para recibir Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) tendrían que someterse a pruebas de droga de haber sido hallado culpables de un delito de mayor cuantía relacionado con las drogas en los últimos 10 años, según el proyecto de ley HB-1118. El proyecto venció el primer obstáculo en su paso esta semana en la Cámara de Representantes con una votación de 8 a 2 en la subcomisión de Niños, Familias y Ancianos.
“Alguien que esté recibiendo asistencia pública no debe gastar ese dinero en cosas como drogas”, dijo el representante Chris Latvala, republicano por Clearwater, quien está auspiciando el proyecto de ley conjuntamente con su padre, el presidente de la Comisión de Asignaciones del Senado, Jack Latvala, republicano por Clearwater.
A los opositores del proyecto de ley les preocupa que las pruebas de droga hagan más difícil el acceso al programa TANF para los necesitados. Los solicitantes que tengan en su historial un delito de droga de mayor cuantía tendrían que pagar una prueba de droga a un costo promedio de unos $40. El estado les reembolsaría ese dinero si la prueba resulta negativa.
“Es un obstáculo más entre esas personas y una mejor calidad de vida”, dijo el representante Kionne McGhee, demócrata por Miami. “Se está poniendo un requisito de pagar $40 antes de que una persona pueda recibir la ayuda que necesita. Bueno, si una persona ya está pidiendo asistencia al programa TANF, tiene sentido llegar a la conclusión de que esa persona no tiene los $40 para hacerse esa prueba”.
Se estima que la medida podría afectar a alrededor de 400 nuevos solicitantes del programa TANF al mes. Si la persona no pasa la prueba, quedaría sin derecho a esos beneficios durante 12 meses, o durante 6 meses si completan un programa de tratamiento pagado de su propio bolsillo.
Al preguntársele si consideraría la posibilidad de usar fondos estatales para financiar el tratamiento de las personas a quienes se les niegue asistencia de TANF, el representante Latvala dijo que el costo sería demasiado alto.
“En el mejor de los mundos posibles, habría una manera de tratamiento gratis”, dijo. “Aunque tratar de someterse a tratamiento para superar la un objetivo digno de elogio, no creo que sea la responsabilidad de la sociedad financiarlo”.
El programa TANF es financiado por el gobierno federal, pero es administrado por los estados, que tienen autorización para establecer requisitos, como pruebas de drogas. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 14 estados cuentan con programas de pruebas de drogas para las personas que reciban beneficios de asistencia social.
En el 2011, el gobernador Rick Scott aprobó una ley de amplio alcance que exigía que todas las personas que pidieran la asistencia al programa TANF se sometieran a una prueba de drogas. La ley fue impugnada ante los tribunales por la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) de la Florida, que presentó la demanda a nombre de Luis Lebrón, padre soltero que recibía beneficios de asistencia social.
La ley fue derogada por jueces federales, quienes dijeron que era demasiado general e infringía los derechos a la privacidad de los beneficiarios de asistencia social. El estado acabó pagando más de $700,000 en costos legales.
Escriba a Michael Auslen al mauslen@tampabay.com. Siga @MichaelAuslen.
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de marzo de 2017, 2:59 p. m. with the headline "¿Necesita asistencia pública? Quizá tenga que pagar $40 por una prueba antidrogas."