Vendían pizza y pedían tarjeta verde de residencia

El Departamento de Justicia ha llegado a un acuerdo legal con Pizzerias, LLC, una franquicia de pizzerías con 31 localidades en Miami, que resuelve la investigación para determinar si los establecimientos violaron la ley de inmigración discriminando a inmigrantes legales al exigirles sus documentos de autorización de trabajo, más no a los ciudadanos.

La investigación arribó a la conclusión de que Pizzerías rutinariamente exigió a los residentes permanentes que mostraran un documento específico, la tarjeta verde de residente, para probar su autorización a trabajar, sin solicitar ningún documento a estadounidenses que probara su ciudadanía.

La investigación es solo la más reciente relacionada con presunta discriminación contra trabajadores extranjeros legales debido al tipo de documentos exigidos por sus patrones para demostrar que están autorizados a trabajar en Estados Unidos. Los titulares de tarjetas verdes tienen autorización de trabajar en el país y residir permanentemente.

El comunicado del Departamento de Justicia no dice qué documentos pueden presentar por igual ciudadanos y residentes legales que no sean tarjetas verdes o pasaportes estadounidenses.

Pero personas familiarizadas con el caso dijeron que los documentos más comunes que deberían haber solicitado son licencias de conducir y tarjetas del Seguro Social.

“Residentes permanentes tienen a menudo los mismos documentos de autorización de trabajo disponibles que los ciudadanos, y pueden elegir documentos aceptables que no sea una tarjeta de residente permanente para probar que están autorizados a trabajar”, dice el comunicado del Departamento de Justicia. “La disposición antidiscriminatoria de la ley prohíbe a los empleadores exigir a los empleados documentos innecesarias basados en ciudadanía u origen nacional”.

Bajo el acuerdo legal, Pizzerias debe pagar una sanción civil de $140,000 al gobierno federal, publicar avisos informando a los trabajadores sobre sus derechos bajo la disposición de la ley, y capacitar a su personal de recursos humanos.

“El Departamento de Justicia está comprometido a asegurar que los derechos de los trabajadores legítimos de Estados Unidos estén libres de barreras discriminatorias basadas en su ciudadanía, estatus migratorio o nacional”, dijo Tom Wheeler, procurador general adjunto interino de la división de derechos civiles. “La capacidad de respuesta de las pizzerías a lo largo de la investigación ayudó a resolver rápidamente este asunto”.

La sección de derechos de inmigrantes y empleados de la división (IER, por sus siglas en inglés), anteriormente conocida como la oficina de asesoría especial para prácticas de empleo desleales relacionadas con la inmigración, es responsable de hacer cumplir la disposición contra la discriminación.

Tal ley prohíbe, entre otras cosas, que la ciudadanía, el estatus migratorio y la discriminación de origen nacional jueguen un papel en la contratación, despido o reclutamiento para un empleo, y que pedidos de documentos son injustos o que lleven a represalias o intimidaciones.

Han surgido varias demandas federales en el pasado en casos similares.

En diciembre del 2014, por ejemplo, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo similar con la firma Life Generations Healthcare LLC en California a la que se le acusaba de haber discriminado contra individuos nacidos en otros países, incluyendo ciudadanos naturalizados, en violación de la ley de inmigración.

Esta historia fue publicada originalmente el 22 de marzo de 2017, 4:36 p. m. with the headline "Vendían pizza y pedían tarjeta verde de residencia."