Toma forma plan para garantizar abogados gratuitos a todos los deportables

Está tomando forma un movimiento para la creación de una especie de “oficina de letrados de oficio” para representar a cientos de miles de inmigrantes que pudieran ser puestos en proceso de deportación y que no pueden pagar un abogado.

Aunque el esfuerzo es muy preliminar, y en gran parte se centra en ciertas comunidades, algunos abogados de inmigración conocidos nacionalmente y prominentes activistas que defienden los derechos de los inmigrantes están discutiendo la posibilidad de establecer un sistema que proporcionaría representación legal gratuita a todos y cada uno de los inmigrantes que pudieran encarar deportación debido a las nuevas medidas de inmigración puestas en vigor por el presidente Donald Trump.

Si se estableciera tal sistema, marcaría un cambio histórico en cómo los extranjeros comparecen ante los tribunales migratorios. Actualmente, se les permite tener abogado, pero a menudo comparecen solos ya que muchos no tienen recursos para contratar un abogado o no pueden asegurar uno de los grupos sin fines de lucro que se encuentren perennemente mal financiados y con poco personal. A diferencia de los tribunales del orden penal, no existe ningún requisito legal para que los jueces de inmigración designen abogados gratuitos para los extranjeros que no pueden contratar uno.

“En este momento el esfuerzo se enfoca en comunidades específicas que han tomado una posición en contra de la expansión masiva de la aplicación de la ley de inmigración”, dijo Michelle Ortiz, subdirectora del grupo con sede en Miami Americanos Pro Justicia Inmigrante.

Aunque el esfuerzo puede estar fragmentado, Ortiz señaló que un grupo de abogados y filántropos en Nueva York, dirigido por un jueza federal jubilada, ha discutido un posible sistema nacional para representar a todos los inmigrantes en procedimientos de expulsión.

“Nuestro esfuerzo se llama Proyecto Americano de representación de los inmigrantes”, dijo Shira Scheindlin, ex jueza de distrito en Nueva York, quien ahora trabaja para el bufete de abogados Stroock en Manhattan. “Tiene un comité directivo integrado principalmente por miembros de varias organizaciones que trabajan en defensa de inmigrantes y tiene como objetivo alentar a los abogados de los grandes bufetes a ofrecer voluntarios para representar a inmigrantes que están en proceso de expulsión y que están en un centro de detención”.

Scheindlin citó estudios que apoyan la tesis de que a los inmigrantes en proceso de deportación les va mejor si tienen un abogado.

“Las estadísticas muestran que los inmigrantes con abogado tienen mucho más éxito y son liberados de la detención mediante fianza que los inmigrantes que carecen de asesoramiento legal”, dijo. “Además, los inmigrantes con abogados tienen 10 veces más probabilidades de resistir la deportación cuando tienen un abogado que cuando carecen de asesoramiento”.

Ortiz y Cheryl Little, directora ejecutiva de Americanos Pro Justicia Inmigrante en Miami, pertenecen al comité directivo del grupo Scheindlin.

Trump y sus asesores dicen que desean expulsar a millones de inmigrantes que, dicen, representan una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.

“Muchos extranjeros que ingresan ilegalmente a Estados Unidos y aquellos que sobrepasan el tiempo de sus visas o violan las leyes migratorias representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública”, según el texto de la orden ejecutiva de Trump del 25 de enero que también endureció las políticas migratorias .

Alguna cantidad de dinero se está acumulando en ciertas comunidades para financiar la representación legal, pero no está destinado a una iniciativa nacional, sino reservado para los inmigrantes que viven en las ciudades, condados o regiones donde los funcionarios han prometido fondos para la defensa legal en las cortes de inmigración.

En total, se han discutido quizás entre $10 millones a $20 millones en ciudades como Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Seattle.

Pero para que un esfuerzo nacional sea efectivo, se necesitarían más dinero y más abogados.

Dado que hay más de 530,000 personas actualmente en proceso de deportación en el país, una oficina nacional de defensores de oficio podría necesitar cerca de 10,000 abogados y un presupuesto de entre $300 millones y $400 millones, según expertos.

El desafío será la financiación.

“Se necesitaría la inversión por parte de municipalidades, ciudades y quizás estados, junto con socios de la esfera privada”, dijo Ortiz. “Es factible, si hay voluntad política para ello”.

Un sistema nacional que garantizaría un abogado defensor a todos y cada uno de los inmigrantes en procedimientos de deportación surgiría gradualmente, no de la noche a la mañana.

“Tendría que crecer incrementalmente”, dijo Ortiz. “Agencias experimentadas como nosotros podríamos expandirlo y capacitar a la gente gradualmente y en un año o dos podría estar andando”.

Esta historia fue publicada originalmente el 25 de marzo de 2017, 4:32 p. m. with the headline "Toma forma plan para garantizar abogados gratuitos a todos los deportables."