Cuestionan si Florida ahorra dinero con las prisiones privadas

Cuando salió electo por primera vez, el gobernador de la Florida, Rick Scott, estaba tan decidido a cumplir su promesa de campaña de ahorrar $1,000 millones a las cárceles que se apresuró a aprobar una serie de contratos con operadores privados que, en el papel, suponían ahorros anuales de varios millones.

Pero los ahorros prometidos nunca se han materializado, según evaluaciones realizadas por el representante David Richardson, demócrata por Miami Beach, que se convirtió en un equipo de investigación de una sola persona dedicado al problemático sistema carcelario estatal. Muchos de los contratos, a los cuales se exigía ahorrar por lo menos un 7 por ciento al año, costaron en realidad más dinero al estado de lo que hubieran gastado los contribuyentes si los programas nunca se hubieran privatizado. En algunos casos, concluyó también, la atención médica y el acceso a programas en las instituciones privadas muchas veces era peor.

“Ellos no están ahorrando el dinero del estado porque son más eficientes. Están ahorrando dinero como contratista porque niegan artículos y servicios a los presos”, dijo Richardson.

Su evaluación más reciente a una cárcel, un pase de revista a la Institución Correccional Gadsden en el norte de la Florida, concluyó que la cárcel, administrada por Management Training Corp. de Centerville, Utah, ahorró dinero al negar calefacción, agua caliente, suministros educativos y atención médica a los presos durante meses. (El alcaide renunció y la compañía afirma que está ocupándose de esos problemas.)

La meta del gobernador de privatizar docenas de cárceles fue impedida por el Senado estatal en el 2012, pero consiguió adelantar contratos con dos compañías de servicios médicos para pasar la atención médica en las cárceles a contratistas privados. Los legisladores aseguraron que los contratos con las empresas privadas no fueran manejados por el Departamento de Prisiones, donde los burócratas de carrera podrían sentirse amenazados por los competidores privados, sino al Departamento de Administración de Servicios, que es experto en contratos pero no en cárceles.

Richardson descubrió que en su celo por entregar la operación de las cárceles a contratistas privados la oficina del gobernador, el Departamento de Prisiones, el Departamento de Administración de Servicios y los auditores de la Legislatura se preocuparon jamás por verificar si los ahorros eran reales.

El jueves, los legisladores estatales se preparaban para aprobar el plan de presupuesto de la la Cámara y el Senado, que según Richardson contemplan los mismos ahorros fantasma un año más.

Richardson, auditor forense retirado, ha puesto al descubierto un patrón: el estado ha firmando contratos con empresas privadas de administración de prisiones que se basan en cálculos de costo falsos y excesivos para estimar lo que les pagan, exigen ahorros por debajo de esos costos y luego aprueban cláusulas para aumentar los pagos por año en contratos de varios años.

El miércoles, Richardson le preguntó al jefe de presupuesto de las prisiones de la Cámara si se ha hecho algún cambio en el presupuesto de este año dadas las recientes conclusiones.

“El presupuesto no ha cambiado” en lo que se refiere a las cárceles privadas, respondió el representante Bill Hagar, republicano por Boca Raton.

En los últimos años, el estado ha renovado los contratos de administración de las siete cárceles privadas y puso al día los costos para que fueran más favorables para el estado, dijo Richardson, pero él está convencido de que los ahorros han sido escasos, si es que se ha ahorrado algo, y tampoco hay forma de determinarlo.

“Nunca se ha hecho una auditoría financiera de ninguno de esos contratos”, dijo.

Su descubrimiento más reciente: en el 2011, la oficina del gobernador prometió ahorros de $550,000 al año con la contratación de empresas privadas para manejar seis programas para emplear a reos en sus últimos meses de condena, pero después de revisar los contratos, Richardson concluyó que en realidad cuestan al estado el doble todos los años y al estado cada año y han resultado en pérdidas de por lo menos $3.3 millones en los últimos tres años.

Pero los contratistas sin fines de lucro que tienen los contratos, Bridges of America y Transition House, afirman que han ahorrado dinero al estado porque son más efectivos en reducir la reincidencia de los presos mediante servicios educativos y de capacitación laboral que evitan que los presos regresen a la delincuencia.

Richardson reportó en enero que tras estudiar siete años de pagos por parte del estado a Corrections Corporations of America (CCA), que ahora se llama CoreCivic, de Tennessee, el plan de precios aprobado por el Departamento de Prisiones resultó en al menos $16 millones adicionales gastados en los últimos siete años.

Richardson entregó una copia y un resumen del informe a la inspectora general Melinda Miguel y le pidió que investigara posibles infracciones penales en el contrato de la Institución Correccional Lake City, así como las otras seis cárceles de la Florida operadas por otros contratistas.

“Me parece que ciertos individuos fueron totalmente incompetentes”, escribió Richardson en enero a Miguel. “Si sus decisiones fueron intencionales, entonces participaron en una estafa al gobierno estatal”.

¿La respuesta de la oficina del gobernador? “Silencio”, dijo Richardson.

Richardson ha presentado sus conclusiones al personal del gobernador, el personal de presupuesto de la Cámara, el ex secretario del Departamento de Administración de Servicios (DMS) que maneja los contratos de las cárceles privadas y a la secretaria del Departamento de Prisiones (FDC), Julie Jones.

Jones dijo esta semana al Herald/Times que concuerda en que hay que hacer más para asegurar que el estado se beneficie de los ahorros prometidos en el sistema carcelario privado, pero, añadió: “Yo no tengo control alguno sobre esos contratos; eso es cosa del DMS”.

“En la Legislatura existe la expectativa de estos contratos tienen por objetivo conseguir ahorros”, dijo. Jones admitió que el año pasado el DMS renovó varios contratos sin que el Departamento de Prisiones tuviera voz en el asunto, y ella se reunió con el ex secretario del DMS Chad Poppell para tratar de conseguir una mejor coordinación porque los presos son transferidos a menudo de las cárceles privadas al sistema estatal.

Se han negociado nuevos precios para producir más ahorros, dijo Jones, y hay más cambios en camino.

Maggie Mickler, portavoz del DMS, no pudo mostrar dato alguno que indicara cuánto ha ahorrado al estado cada uno de los contratos con cárceles privadas, ni siquiera si ha habido ahorros.

“Aunque en el DMS seguimos supervisando nuestros contratos anuales para comprobar los ahorros, se exige que se cumpla con los ahorros estatutarios del 7 por ciento durante la duración del contrato”, dijo. “Esperamos continuar nuestra colaboración con el Departamento de Prisiones en el proceso de renovación de contratos y adquisiciones con objeto de mejorar la calidad y los ahorros de los contratos de cárceles privadas”.

Richardson ha presentado un proyecto de ley para transferir de nuevo el manejo de los contratos de las cárceles privadas del DMS al FDC, pero sólo se ha debatido en una comisión, donde se aprobó por un margen estrecho.

Esta historia fue publicada originalmente el 16 de abril de 2017, 1:43 p. m. with the headline "Cuestionan si Florida ahorra dinero con las prisiones privadas."