Cobró un millón de dólares para salvar condo de Miami y ha resuelto poco

Lo recibieron con los brazos abiertos porque creyeron que era su salvación.

En marzo del 2015, a petición de los abogados del Condado Miami-Dade, un juez asignó a un profesional para salvar un condominio de 310 apartamentos en Miami Gardens.

El magistrado de la Corte Civil de Miami-Dade Eric Hendon, escogió como interventor o receiver al ex juez Jorge J. Pérez, otorgándole todo el control de la asociación, las contrataciones y el dinero. Pérez debía cobrar deudas, corregir violaciones de código que atentaban contra la seguridad de los residentes, realizar reparaciones estructurales y saldar millonarias multas.

Los propietarios del complejo Mirassou Condominium –maestros, obreros, mecánicos y enfermeras– no sabían cuánto les iba a costar el trabajo, aunque la orden de Hendon estipulaba costos “razonables”.

Pero dos años después, los dueños le están implorando al mismo juez sacar de su reparto al interventor Pérez, que les ha facturado más de $2 millones en honorarios para él y su equipo de trabajo. Mientras, el condominio sólo ha recolectado poco más de $900,000 en dos años y continúa debiendo millones de dólares en penalidades al Condado.

“Somos familias pobres. Vivimos de un salario, no somos millonarios y a ese hombre tenemos que pagarle ahora casi dos millones”, dijo Tania Portela, una consejera escolar. “¿De dónde los vamos a sacar?”

Ahora el interventor Pérez busca obtener un préstamo del TotalBank para pagar los honorarios, según una carta presentada a la corte.

Los dueños de Mirassou tendrían que saldar la deuda en siete años. El préstamo se pagaría con una cuota especial de casi $100 adicionales a la mensualidad de mantenimiento que oscila entre $220 y $375.

El magistrado Hendon deberá dar la aprobación para el préstamo.

La próxima audiencia en el tribunal es el viernes y los propietarios planean suplicar una vez más a Hendon que saque a Pérez del caso y les devuelva el control de sus hogares. La batalla en corte ha sido tan dramática que los vecinos han encarado al interventor en los pasillos del tribunal.

Durante el último año, el Nuevo Herald y Univisión 23 han publicado “Condos de Pesadilla”, una serie que expuso abusos y presunta corrupción en condominios del sur de Florida. La investigación reveló cómo el estado ha fallado en vigilar la actuación de las juntas de las asociaciones de propietarios. La serie impulsó un cambio en la ley estatal para castigar el fraude electoral y en las elecciones de las asociaciones, y prohibir los conflictos de interés.

Pero en casos como el de Mirassou todo el poder sobre las finanzas del edificio están en manos del interventor escogido por las cortes.

COBROS RAZONABLES

Las leyes de la Florida permiten que a estas personas se les pague “una compensación razonable” por rescatar a las asociaciones al borde de la quiebra o cuyos edificios tienen serios problemas estructurales. Sin embargo, varios expertos familiarizados con estos casos argumentan que no existe suficiente supervisión sobre los interventores. Además, no está claro qué significa o quién determina costos “razonables”.

El Nuevo Herald y Univisión 23 revisaron cientos de documentos presentados a la corte en el caso de Mirassou, que muestran un patrón de retrasos en las metas que el juez y el Condado Miami-Dade le impusieron a Pérez. El interventor ha tenido que pedir varias extensiones, lo que ha alargado su estadía y sus cobros al condominio, a un precio de $525 la hora y facturando un promedio de $45,000 mensuales.

Para los dueños esa cifra no corresponde a la realidad de sus viviendas: Hay techos dañados y goteras, algunas paredes tienen grietas y manchas y la pintura se está descascarando. Hay lámparas rotas en los pasillos y una cancha de tenis que ni siquiera tiene red. Lo peor, según varios residentes, es que aún deben las millonarias penalidades que, por orden del juez Hendon, Pérez debió saldar en el 2015 y el 2016.

Pérez declinó pedidos de entrevista en las últimas dos semanas y no respondió a un cuestionario para corroborar datos. En su lugar, los periodistas recibieron una carta del abogado David Axelman del bufete Bryan Cave, del que Pérez es socio.

Según la carta, Pérez y su equipo “se sienten orgullos” del trabajo realizado en Mirassou y dijeron que todas las facturas fueron autorizadas por la corte.

“El juez Hendon ha reconocido varias veces en las audiencias de la Corte que el interventor ha hecho un trabajo magnífico reviviendo esa asociación y salvando la propiedad de ser condenada”, escribió Axelman.

Hendon no respondió a preguntas enviadas por escrito sobre cómo se determinan las “compensaciones razonables”. Tanto él como la jefa de jueces, Bertila Soto, refirieron las preguntas a Eunice Sigler, vocera de la Corte Civil de Miami-Dade.

Sigler dijo que los jueces no pueden discutir casos pendientes. Pero explicó que en la orden para nombrar a Pérez, Hendon agregó que “las partes involucradas deben presentar cualquier objeción por escrito ante la corte” en un plazo de 15 días.

Sin embargo, varios vecinos dijeron que desconocen el proceso y no sabían que tenían derecho o estaban obligados a objetar por escrito al juez. Los residentes dijeron que también ignoraban que la información sobre los cobros de Pérez está disponible al público en la página web de la corte.

“Estábamos a ciegas, en parte por nuestra ignorancia y por confiar”, dijo María Roque, una maestra y propietaria de Mirassou.

Tania Portela agregó: “Él era la ley, escogido por un juez para salvarnos”.

Pérez fue nombrado en Mirassou luego de que un grupo de dueños libró otra batalla en la corte para sacar a la interventora Caridad Ortega, a quien acusaron de malos manejos y de cobrar más de lo apropiado.

El interventor Pérez había sido juez de la Corte Criminal y Juvenil de Miami-Dade desde el 2003, cuando fue nombrado por el ex gobernador Jeb Bush. Pérez dimitió como juez en el 2007. Desde entonces se ha dedicado a ejercer como abogado para firmas de renombre.

“Él se paró delante de nosotros y nos dijo: ‘Yo soy ex juez, vengo de parte de la corte a ayudarlos. No se preocupen que lo que les voy a cobrar está dentro de los cargos que la corte aprueba para que un receiver (interventor) pueda funcionar’<TH>”, recordó María Roque, quien participó en la primera reunión con Pérez.

EL TRABAJO DEL SALVADOR

Entre las tareas que Hendon le asignó a Pérez estaban reparar siete elevadores y saldar una deuda de $5 millones en multas por violaciones de códigos. Se le dio un plazo de hasta un año para hacerlo, y así el Condado rebajaría la deuda. Los elevadores empezaron a funcionar. Pero tras dos años de constantes retrasos, aún no se han aprobado los permisos permanentes de operación, y se deben los mismos $5 millones en penalidades.

Ahora Pérez busca imponer otra cuota extra a los propietarios para pagar $175,000 a la empresa de reparación de elevadores y así obtener los permisos finales.

Funcionarios del condado Miami-Dade confirmaron que tampoco se obtuvieron permisos para corregir dos de cuatro violaciones por problemas con estructuras, que debían haberse solucionado en una fecha establecida. Al día de hoy, los permisos aún no se han obtenido y por incumplimiento de la orden judicial, la asociación debe más de $30,000 en multas. El Condado puso un gravamen sobre todo el reparto.

Durante los primeros meses Pérez empezó a realizar otras mejoras. Mandó a pintar los estacionamientos, reparó el portón de entrada y arregló una piscina que llevaba años cerrada. Sin embargo algunos residentes se preocuparon al no recibir información sobre los honorarios del interventor.

En ese tiempo no había una junta directiva, a pesar de que en su orden, el magistrado Hendon instruyó a Pérez a crear una inmediatamente. Eso no pasó hasta un año después de su nombramiento, en marzo del 2016.

En junio del 2016, un año y tres meses después de que Pérez llegara al complejo, los dueños se quedaron de una pieza cuando el interventor les entregó por primera vez un sumario de los honorarios para él y su equipo: Les debían $1.4 millones por 14 meses de trabajo.

Aunque las solicitudes para obtener los pagos de honorarios se hicieron regularmente y se encuentran en el expediente de la corte accesible al público, los residentes desconocían esa información y no revisaron los gastos en que estaban incurriendo.

MILLONES EN HONORARIOS

El Nuevo Herald y Univision 23 examinaron los 18 reportes que el interventor ha presentado a la corte, para establecer el total de los honorarios de Pérez y el equipo que contrató desde marzo del 2015. Entre las facturas:

▪ Pérez ha cobrado $946, 406 durante 21 meses, trabajando un promedio de cuatro horas diarias. Por 19 meses hizo los cobros a través del bufete donde era socio, Squire Patton Boggs. (Desde noviembre Pérez es socio del bufete Bryan Cave).

▪  La firma Squire Patton Boggs cobró otros $425,832 por 19 meses de servicios de la asistente jurídica Rita Patel Puri, quien facturaba un promedio de seis horas diarias a $193 por hora.

▪  Además Squire Patton Boggs facturó otros $309,387 por servicios de siete abogados hasta que Pérez dejó el bufete en noviembre del 2016.

▪  El contador Stanley Foodman, de la firma Foodman CPA and Advisors, ha cobrado $193,181.

▪  El abogado Paul D. Breitner, de la firma de asesoría legal The Barthet, ha facturado $411,606.

▪  La compañía de mantenimiento KW Property Management and Consulting ha cobrado $362,000. Y la administradora de KW, Suleye Escalada, cobró cheques por $20,000.

En total, los registros muestran que Pérez y su equipo han presentado cobros por unos $2.6 millones en honorarios. En contraste, durante los dos años de la intervención, la asociación de propietarios ha recolectado $970,000, según un reporte del 10 de marzo entregado por Pérez a la corte.

“Su señoría, es como que nosotros necesitábamos reparar y pintar una pared cualquiera y usted nos obligó a contratar a Miguel Ángel”, dijo Pedro Ortega, un inversionista que tiene varios apartamentos en Mirassou, refiriéndose al pintor italiano, durante una audiencia en febrero.

Tras una audiencia en abril en la que el juez Hendon extendió una vez más la intervención, los vecinos encararon a Pérez en los pasillos del tribunal. Le gritaron que sus cobros eran un abuso para propietarios de bajos recursos. El precio promedio de venta de una propiedad en Mirassou para el 2016 fue de $107,000.

Al preguntar a más de una docena de propietarios de Mirassou por qué no contrataron un abogado, todos dijeron que confiaron en Pérez porque, como lo especifica la orden judicial, “él es un representante de la corte”.

Ahora creen que el remedio resultó peor que la enfermedad.

“¿Para qué necesitábamos el receiver? Esta propiedad se podría haber salvado sin él, porque a $525 la hora ¿que propiedad se va a salvar de caer de nuevo en un foreclosure?”, dijo Roque.

En el tribunal los propietarios se han quejado con el juez Hendon por lo que consideran cuentas exorbitantes. Pero la corte no acepta las súplicas de los vecinos como una objeción porque no se han hecho por escrito. El 19 de abril, una semana después de que los dueños expresaran una vez más su descontento, Hendon aprobó otra factura de $77,000 en honorarios.

En varias ocasiones Hendon ha dicho que está “complacido con los resultados” del trabajo de Pérez. El interventor, por su parte, se ha referido a Mirassou como “un lugar de lujo” y sugirió ante el juez que las quejas vienen de un grupo de propietarios que no agradecen su buena labor. Además dijo que en el condominio hay personas que “viven fuera de sus posibilidades” y por eso no podían pagar las cuentas.

CASO DE BAL HARBOUR

Pérez enfrentó una polémica similar en el 2013, en un caso que aún está pendiente en la corte federal de bancarrota del Distrito Sur de Florida.

En ese caso Pérez enfureció a los propietarios al facturar $2.4 millones por costos legales y profesionales durante un año y medio de trabajo. Aunque en lugar de un condominio de Miami Gardens, se trató de la lujosa torre de hotel y condominios One Bal Harbor Resort & Spa.

“El interventor y su bufete de abogados explotaron sistemáticamente su nombramiento como fiduciarios de la corte estatal, como un canal sin fondo para permitir que un frenesí de cobros llenara los bolsillos de los implicados”, escribió en ese entonces el abogado Charles Tatelbaum, que representaba a propietarios.

Tras un acuerdo en el tribunal, los honorarios de Pérez y su equipo legal fueron reducidos al 50 por ciento o $1.2 millones, pero algunos involucrados aún están objetando los cobros ante la corte.

Esta historia fue publicada originalmente el 17 de mayo de 2017, 6:30 p. m. with the headline "Cobró un millón de dólares para salvar condo de Miami y ha resuelto poco."