¿Recuerda el pago prometido por las plantas de cítricos?
La saga legal de miles de árboles de cítricos perdidos llegó esta semana a un nuevo punto de giro cuando los propietarios de viviendas en los condados Broward y Lee pidieron al tribunal que revirtiera el veto del gobernador Rick Scott a las asignaciones para separar $37.3 millones para compensarlos por árboles que fueran destruidos hace una década.
La inusual demanda judicial, presentada ante el Tribunal Supremo de la Florida, alega que el veto de Scott a dos asignaciones particulares — una de $20.9 millones y otra de $16.4 millones — era inconstitucional porque socava la obligación del estado de compensarlos por una “confiscación” ilegal de propiedad privada.
Después de años de litigación, la Legislatura separó este año por primera vez el dinero para compensar a los propietarios de viviendas que perdieron “árboles cítricos residenciales, saludables y no infectados” como parte del fallido Programa de Erradicación del Cancro Cítrico del estado entre el 2000 y el 2006, así como para pagar los honorarios de abogado en que incurrieran los mismos.
En el 2008, los tribunales de Broward compensaron a 70,036 propietarios de viviendas en ese condado por una cifra total de $20.9 millones como pago por sus árboles cítricos perdidos. En el 2014, otro tribunal otorgó a 167,677 propietarios de viviendas en el condado Lee $16.4 millones por sus árboles perdidos.
Un monto de $20.9 millones es lo que se debe a los 70,036 propietarios de viviendas del condado Broward cuyos árboles cítricos fueron destruidos.
Se ordenó al estado hacer los pagos en base a que destruir los árboles sin compensación adecuada había sido una confiscación inconstitucional. Pero, en el mensaje que acompañó a su veto, Scott rechazó los pagos, diciendo que habían sido vetados “debido a una litigación en curso”.
Los propietarios de viviendas alegan que no hay litigación en curso alguna, aparte de la demanda judicial para recibir esos pagos. Ellos afirman que la razón expresada por Scott no solamente había sido incorrecta, sino que además era inconstitucional y violaba el derecho de ellos al proceso debido.
El veto “socava la obligación constitucional del estado de pagar compensación plena por la confiscación de propiedad privada”.
Ellos se refieren a la constitución de la Florida, la cual establece que: “No se confiscará propiedad privada excepto para un propósito público y siempre y cuando se pague compensación plena a cada propietario, o se haga un depósito en el registro del tribunal y se ponga a la disposición del propietario”.
Si el tribunal acepta el caso, eso podría poner a prueba la premisa ofrecida por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito, el cual dijo que, si el estado no autorizaba los pagos, los propietarios de viviendas de Broward y sus abogados podrían solicitar un decreto judicial de mandamus “para obligar [al gobierno estatal] a cumplir con los fallos”.
En toda la historia de la Florida, solamente la Legislatura ha tenido el poder de revertir un veto del gobernador de una asignación en el presupuesto estatal.
Los legisladores separaron el dinero este año para compensar a los propietarios de viviendas luego que el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito fallara que "aunque el gobierno tiene la capacidad de establecer procedimientos para el pago de sus obligaciones constitucionales, no puede darse el lujo de evitar las mismas".
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En un intento por hacer seguimiento al remedio sugerido, abogados presentaron al tribunal de circuito de Broward solicitando un decreto judicial de mandamus. El caso se mantiene pendiente.
Mientras tanto, la petición presentada el martes pide al Supremo estatal que emita un decreto judicial de mandamos para "borrar" los vetos de los archivos públicos y "ordenar al director de finanzas" estatal que pague a los propietarios de viviendas como está establecido en el acuerdo extrajudicial que firmara el estado.
De acuerdo con el fallido programa de erradicación del cancro cítrico, los inspectores de agricultura del estado enviaron equipos de trabajadores con sierras eléctricas para que cortaron 577,253 naranjos, limoneros y árboles de toronja en todo el estado, aun si los árboles no presentaban señal alguna de infección.
Propietarios indignados que representaban a los condados con el 94 por ciento de los árboles perdidos se unieron en cinco demandas judiciales colectivas en busca de compensación. En cuatro de los casos, los tribunales ordenaron al gobierno estatal que pagara más de $100 millones en compensación, honorarios de abogado e intereses acumulados.
El quinto caso, en el cual están involucrados residentes de Miami-Dade que perdieron el 40 por ciento de los árboles saludables cortados en la Florida, está todavía pendiente. El juicio de este caso se dio por terminado en junio del 2016, pero el juez no ha dado su fallo todavía.
Los propietarios de viviendas de Broward solicitaron compensación por la destrucción de 133,720 árboles saludables, y los propietarios de viviendas del condado Lee solicitaron pago por 33,957 árboles saludables.
Los legisladores sumaron ese dinero al presupuesto solamente para dos de los cuatro condados en los cuales se había llegado a fallos al respecto. Ellos no incluyeron dinero para los propietarios de viviendas de los condados Orange y Palm Beach.
Los tribunales estuvieron uniformemente en desacuerdo con los abogados del Departamento de Agricultura y con el comisionado de Agricultura Adam Putnam, quienes se opusieron a pagar compensación a los propietarios de viviendas por los árboles perdidos. Ellos adujeron que los árboles expuestos al cancro cítrico eran un problema público, y que su eliminación no representaba una compensación que debiera ser compensada por el estado.
Entre los peticionarios estuvieron los propietarios de viviendas, Toby y Robert Bogorff, Timothy Farley, Beth y Roald García, Deanna y John Klockow, Lois y Charles Stroh, y Nancy y Joseph Dolliver, así como los bufetes judiciales de Grossman Roth, Robert C. Gilbert, P.A., Lytal Reiter Smith Ivey & Fronrath, y Weiss Serota Helfman Cole & Bierman, P.L., quienes representaron a los dueños de propiedades residenciales en los condados Broward y Lee.
“La importancia de decidir este asunto antes del comienzo del nuevo año presupuestario es extrema”, alega la petición. “En ausencia de una decisión inmediata por parte del presente tribunal, el estado alegará que no existen fondos apropiados con los cuales efectuar los pagos y satisfacer los fallos de confiscación constitucional emitidos a favor de los peticionarios, y los peticionarios quedarán con fallos de confiscación constitucional que no se pueden satisfacer”.
“El proceso continuará recurriendo a menos que el presente tribunal le ponga fin de una vez por todas”.
Mary Ellen Klas: 850-222-3095, meklas@miamiherald.com, @MaryEllenKlas
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de junio de 2017, 2:00 p. m. with the headline "¿Recuerda el pago prometido por las plantas de cítricos?."