El fraude del seguro de compensación laboral en Florida
El alambre no debió haber tenido electricidad.
Pero a alguien se le olvidó desconectar las cajas eléctricas en el pequeño centro comercial para cuya remodelación Joseph Barrs había sido contratado. Cuando la pieza de malla metálica que Barrs tenía en la mano tocó un alambre eléctrico pelado, el corrientazo lo lanzó de espaldas desde un andamio a siete pies de altura hasta el concreto.
“Cuando mi cabeza golpeó el concreto, vi una bola de fuego, y eso es todo lo que recuerdo”, dijo Barrs en una entrevista reciente. Una agente de la policia de Naples que acudió a la escena de los hechos escribió que había encontrado a Barrs “tirado en el suelo, temblando, y recuperando y perdiendo el conocimiento por momentos”. Despertó en una cama del Lee Memorial Hospital en Fort Myers tres horas después, adonde llegó en una ambulancia aérea.
Su odisea recién comenzaba.
Se supone que el seguro de compensación laboral — un sistema regulado por el estado — cubra costos médicos y salario perdido para trabajadores como Barrs que resultan lesionados en su trabajo. Pero Barrs, de 51 años, acabó pasando 15 meses sin cobrar y sin una consulta médica.
“Sólo tomaba aspirina para el dolor”, dijo Barrs.
Eso se debe a que una compañía, en el lugar donde él trabajaba, estaba involucrada en un plan complicado e ilegal para evitar pagar a los trabajadores las primas del seguro de compensación laboral. El fraude, llamado a veces “Florida Plan” o Plan de la Florida, se ha diseminado por toda la industria de la construcción en el estado, según fuentes policiales y de los sindicatos.
“Esta es una forma de fraude difundida y altamente organizada”, dijo el mayor Geoffrey Branch, quien dirigió la Oficina de Fraude de Compensación Laboral del estado entre el 2009 y el 2013.
El director de finanzas de la Florida, Jeff Atwater, ha estimado que el fraude de compensación laboral desvía “casi $1,000 millones de la economía de la Florida al año, y está poniendo en peligro a pequeños negocios y empleados honestos”.
Esta es la manera en que funciona este fraude en particular: en la Florida, los contratistas están obligados a comprar una póliza de seguro de compensación laboral para sus empleados. Los contratistas no pueden trabajar en sitios en construcción sin mostrar su “certificado de seguro” a un contratista general del proyecto. Pero las primas de compensación laboral son caras.
Para evadir las primas, ha aparecido un nuevo tipo de criminal. Esta persona es conocida como “facilitador”. El facilitador establece una compañía fachada con un nombre vago. La compañía fachada no hace ningún tipo de trabajo de construcción ni contrata a empleados, pero sí hace una cosa: compra una póliza barata de compensación laboral. El facilitador “alquila” entonces el nombre y el seguro de su compañía fachada a subcontratistas sin seguro. Los subcontratistas sin seguro presentan el seguro de la compañía fachada a los contratistas generales como prueba de cobertura, mientras mantienen a la mayoría de sus empleados fuera de sus libros y potencialmente no protegidos por la compensación laboral.
En muchos otros estados, las compañías de construcción no tienen que comprar compensación laboral para contratistas independientes. En esos estados, los dueños de compañías poco éticos pueden simplemente clasificar erróneamente a sus trabajadores como contratistas independientes en lugar de empleados regulares para no tener que pagar las primas. Pero, en Florida, se exige por lo general a las compañías tener cobertura tanto para sus empleados como para sus contratistas independientes. El “Florida Plan” es una manera en la cual las firmas poco escrupulosas evaden el requerimiento.
Hugo Otoniel Rodríguez, de 39 años, nativo de Honduras, sabía cómo jugar con el sistema de compensación laboral de la Florida, tan bien que Rodríguez y su esposa podían permitirse cuatro autos, incluyendo modelos de lujo como un BMW y un Lexus, aunque no tenía trabajo.
Según un caso por lo criminal presentado en el Condado Broward en el en 2012, Rodríguez estableció una red de hasta 10 compañías fachada distintas durante los ocho años anteriores. Antes de ser descubierto, la red criminal de Rodríguez permitió a subcontratistas sin seguro trabajar en más de 1,600 proyectos y recaudar más de $73 millones en contratos. Las compañías de Rodríguez, por cuya creación él pagó a socios suyos, operó cada una solamente cosa de un año. Después de eso, él “quemaba” la compañía vieja y creaba una nueva para que los investigadores no pudieran seguirle el rastro.
El 29 de abril del 2009, un hombre que se hacía llamar Luis Manuel Figueroa —uno de varios alias— registró una nueva compañía en Deerfield Beach: LMF Construction. La compañía obtuvo una póliza mínima de compensación laboral de Guarantee Insurance, diciendo que tenía una nómina pequeña de unos $50,000. La póliza costaba sólo $4,000 al año.
En declaración jurada a los investigadores, Rodríguez admitió haber pagado a Figueroa $2,000 al mes. A cambio, Figueroa permitía a Rodríguez alquilar el seguro de LMF a subcontratistas en 254 proyectos, incluyendo el centro comercial en Route 41 donde Barrs resultó lesionado.
Acostado en su cama de hospital en noviembre del 2009, Barrs se encontró atrapado en medio de un fraude.
Pasó tres días en el hospital hasta que los médicos confirmaron que no había sufrido daños graves al sistema nervioso. Luego se fue a casa a esperar que su cuerpo sanara. La mayor parte del tiempo permanecía acostado en un cuarto oscuro. “[La cabeza] me dolía tanto, que no podía usar champú”, dijo Barrs.
Por las primeras semanas de su recuperación, Barrs recibió un cheque de la compañía de seguros de la firma que él creía que lo habia contratado, Mudslingers of SW Florida. La aseguradora además gestionó para que viera un médico y cubrió la mayoría de sus gastos médicos iniciales, que él estimó eran de unos $30,000. Pero a Barrs no le gustó el médico, que no había sido escogido por él, sino por la aseguradora, según las leyes de compensación laboral de la Florida. Barrs temió que al médico le importara más mantener bajos los costos para la compañía de seguros que dar tratamiento a sus lesiones. Y él no estaba seguro de si Mudslingers le estaba pagando todo el dinero que exigía la ley.
Dos meses después del accidente, contrató un abogado para presentar una reclamación contra Mudslingers en un tribunal especial para compensación laboral.
Fue ahí que las cosas empezaron a ponerse extrañas: Mudslingers dijo que él nunca había sido empleado de la compañía. En lugar de eso, le dijo Mudslingers, él había trabajado para LMF Construction.
“Yo nunca había oído hablar de LMF Construction en mi vida”, dijo Barrs.
El nombre de LMF era intencionalmente vago, de modo que subcontratistas con especialidades diferentes (instalar techos, poner drywalls, etc.) pudieran usarlo sin levantar sospechas. En sólo 17 meses, la compañía recibió casi $4.5 millones en cheques de contratistas generales. La mayor parte de ese dinero fue a parar a los subcontratistas sin seguro, quienes pudieron cobrar sus cheques de forma ilegal: Rodríguez había llegado a un arreglo con varios negocios de servicios monetarios que permitiría a los subcontratistas cobrar cheques hechos no a los portadores, sino a las compañías fachada. Las tiendas de cobro de cheques juegan un papel clave en el fraude, a cambio del cual reciben un dineral por debajo de la mesa.
Usando el dinero de los cheques cobrados, los subcontratistas pagan a sus empleados en efectivo y se embolsillan la ganancia sin dejar huellas de papeleo que puedan ser rastreadas por investigadores.
Kanti y Nilbala Patel, dueños de la tienda K’s Liquor cerca de Lake Worth, Florida, confesaron a los investigadores que habían hecho efectivos de modo ilegal $1.7 millones en cheques para LMF Construction. Además de su tarifa normal, los Patels cobraban aproximadamente un uno por ciento extra. Rodríguez se quedaba con entre 4 y 5 por ciento para él.
Barrs, mientras tanto, afirma que todavía sufre de dolores de cabeza tan tremendos que lo hacen llorar. “Es como si alguien me clavara un punzón para hielo en la parte de atrás de mi espinazo hasta que me llegue al cerebro”, dijo.
Una vez que Barrs presentó su reclamación de compensación laboral, LMF decidió que tampoco era responsable por él. Ni Mudslingers ni la compañía de seguros de LMF querían pagar los costos de su accidente, y ambas compañías alegaron que él no había sido empleado de ninguna de las dos. Los cheques dejaron de llegar, y Barrs no podía encontrar a un médico que lo aceptara sin seguro. Dijo que nunca recibió el MRI de su cerebro que su médico original había encargado, y que tampoco le dieron los resultados de otros exámenes importantes.
The Miami Herald identificó a otros 12 trabajadores que fueron lesionados en otros empleos y tuvieron que acudir al tribunal de compensación laboral porque sus patronos estaban enrolados — sin que los empleados lo supieran — con la gente de Rodríguez. Esos casos iban desde un hombre que se cortó un dedo en una concretera y acabó recibiendo una indemnización de $5,000 a otro que dijo que había sufrido una lesión cerebral traumática cuando el andamio al que estaba subido se derrumbó. Su caso se ha extendido durante cinco años.
En documentos del caso de compensación laboral de Barrs, Juvenal Martínez aparecía listado como la persona a cargo del equipo de trabajo supuestamente afiliado a LMF en el centro comercial. El dijo al Herald que trabajó con la compañía sólo por unos meses, y negó haber jugado papel alguno en un fraude. “Yo no sé nada de la compañía”, dijo.
Investigadores examinaron una base de datos del Departamento de Rentas de la Florida y concluyeron que ningún empleado había reportado alguna vez recibir pagos de LMF.
Barrs dijo que no se sintió sorprendido cuando un reportero le dijo que LMF había cometido fraude. “Uno oye hablar de que las compañías en esta industria hacen cualquier cosa con tal de no pagar compensación laboral”, explicó. “Las compañías hacen dinero, y los trabajadores son los que sufren”.
Luego de 15 meses de estira y encoge, un juez de compensación laboral falló que Barrs había sido empleado de Mudslingers todo este tiempo, y la hizo responsable de los costos de él. Barrs llegó a un acuerdo para recibir una indemnización de $75,000.
“Ojalá nunca hubiera firmado esos papeles”, dijo Barrs. “Yo no sabía lo que estaba firmando. Yo tenía una necesidad desesperada de ese dinero”. El está trabajando de nuevo, pero dijo que está limitado por dolores y rigidez crónicas en los hombros y el cuello, así como esos dolores de cabeza debilitantes.
Reinaldo Ricardo, quien entonces era vicepresidente de Mudslingers, dijo que él siempre había creído que Barrs había fingido su accidente con el alambre pelado. “No se suponía que hubiera nadie trabajando ese día”, dijo Ricardo. Barrs tiene arrestos en su expediente policial, en su mayor parte por posesión de drogas, la mayoría de los cuales, aunque no todos, se remontan a 25 años atrás.
Eric Freeman, quien supervisaba el trabajo en el centro comercial para el contratista principal del proyecto, calificó los comentarios de Ricardo de “ridículos”. Freeman no estaba presente cuando ocurrió el accidente de Barrs — fue un sábado — pero dijo que otros trabajadores habían estado haciendo horas extra porque la construcción estaba atrasada. “Nadie va a fingir ser electrocutado”, dijo Freeman. “Para eso es mejor pegarse fuego”. El juez en el caso de Barrs, Kathy Sturgis, escribió que era “indiscutible” que él había sido electrocutado en el trabajo.
Ricardo, quien ahora dirige una compañía llamada New Era Building en Naples, no quiso decir cómo había contratado a LMF ni si conocía a Luis Figueroa, su presidente nominal. Investigadores no han afirmado si Mudslingers o Juvenal Martínez violaron alguna ley.
A fines del 2013, Hugo Rodríguez, quien organizó la pandilla criminal que se aprovechó de Barrs y otros trabajadores, se declaró culpable de seis cuentas de fraude de compensación laboral, un delito de mayor cuantía de primer grado, tras haber cooperado con los investigadores. Un juez acordó dejar libre a Rodríguez con 17 meses de cárcel cumplidos y cinco años de libertad condicional. Además, se le exigió pagar $125,391.15 como restitución.
La fiscalía acusó a su cómplice, Figueroa, de dos cuentas de fraude y dos de lavado de dinero, pero él huyó del país y continúa fugitivo de la justicia.
Esta historia fue publicada originalmente el 6 de septiembre de 2014, 8:47 p. m. with the headline "El fraude del seguro de compensación laboral en Florida."