Cobró $2.6 millones para salvar un condominio. Ahora tribunal revisará las facturas
El tribunal civil de Miami-Dade revisará los cobros millonarios facturados por un ex juez que fue nombrado por la corte para rescatar a un condominio de la quiebra.
En una orden emitida recientemente, el juez Jorge Cueto dijo que los reportes y cobros serán analizados para garantizar que a “todas las partes” se les garantizó “el debido proceso”.
Un grupo de propietarios de Mirassou Condominium, un reparto humilde de Miami Gardens, está disputando el cobro de $2.6 millones que el ex juez Jorge J. Pérez y su equipo de abogados y administradores exigen como pago.
“El juez Cueto no está diciendo que Pérez no debe recibir algo [de pago] por sus servicios, probablemente sí, la pregunta es cuánto”, dijo el abogado Ross Toyne, que representa a un propietario. “Si el señor Pérez tenía un gerente profesional entonces mucho del [trabajo] que hizo no era necesario”.
Pérez cobró $525 la hora o un promedio de $45,000 al mes durante 21 meses. Entre otras tareas, el ex juez civil facturó horas y horas de conversaciones telefónicas con abogados de su bufete, por contestar correos electrónicos y por supuestamente conversar con dueños de compañías que daban servicios al edificio.
Pérez fue nombrado como interventor de Mirassou en marzo del 2015 y la corte le puso como tarea resolver problemas estructurales, reparar siete elevadores y eliminar deudas millonarias. Pero después de más de dos años los elevadores funcionaban con permisos expirados, algunos problemas estructurales no se habían resuelto y la deuda de $5 millones en multas del condado Miami-Dade seguía intacta.
La intervención de Pérez fue suspendida en mayo, luego de que el Nuevo Herald y Univisión 23 publicaran reportajes de investigación sobre el caso. Pero la disputa sobre los cobros aún está pendiente. Ni Pérez ni sus abogados han respondido a múltiples pedidos de entrevista.
En la orden para nombrar a Pérez, el antiguo juez del caso, Erick Hendon, dictaminó que el interventor debía proveer copias de sus reportes y cobros a “las partes y abogados registrados en el caso”. Sin embargo, el juez Cueto dijo en su nueva orden para revisar las facturas, que no está claro si la asociación de propietarios fue notificada.
El grupo de propietarios que pidió la suspensión de Pérez asegura que desconocía el costo por su trabajo y que por mucho tiempo no vio las facturas o reportes que el interventor presentó a la corte mensualmente. Y es que cuando Hendon nombró a Pérez le ordenó crear inmediatamente una junta directiva que represente a la asociación de propietarios, pero eso no ocurrió hasta un año más tarde.
Poco después de conocer los gastos en que estaban incurriendo, en junio del año pasado, un grupo de dueños empezó a solicitar al juez Hendon que sacara a Pérez del caso. Pero el juez no lo hizo y en varias audiencias dijo que estaba satisfecho con el trabajo de Pérez.
Hendon se recusó del caso el jueves 18 de mayo y dijo en su notificación para retirarse del proceso que trataba de “evitar la apariencia de actuación inapropiada” después que el interventor Pérez le enviara un correo electrónico de carácter privado en la madrugada.
En el mensaje Pérez le pide a Hendon “como amigo” que ponga “orden en la corte” y prohíba la entrada de “las cámaras” para “dar una lección” a la muchedumbre, al abogado de los propietarios y al Canal [Univisión] 23, que lo está “difamando”.
Un día después, el viernes 19 de mayo, Cueto, quien sustituyó a Hendon, puso fin a la intervención en Mirassou.
La reportera de Univisión Erika Carrillo contribuyó con este informe.
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Esta historia fue publicada originalmente el 10 de octubre de 2017, 6:21 p. m. with the headline "Cobró $2.6 millones para salvar un condominio. Ahora tribunal revisará las facturas."