Por casi 20 años EEUU ha sido su hogar. Ahora Trump está echando a estos nicaragüenses

Por casi dos décadas trabajó largas jornadas limpiando casas y edificios en el sur de Florida. Hace 11 años, con todos sus ahorros, creó su propia empresa de limpieza que emplea a media docena de trabajadores.

Pensó que pronto podría empezar a gozar de los beneficios de su labor. Pero ahora eso está en riesgo.

Como tantos estadounidenses que se acercan a la edad del retiro, este inmigrante nicaragüense de casi 62 años de edad planeaba jubilarse el próximo año y empezar a cobrar su pensión. Pero hace una semana la administración Trump dio “la mala” noticia: el gobierno ha puesto fin a una protección migratoria para más de 2,500 nicaragüenses.

“He trabajado tantos años aportando al Seguro Social, al plan de retiro”, dijo el empresario, que habló con el Nuevo Herald bajo la condición de que su nombre no sea revelado. “Ahora parece que voy a perder todo lo que he invertido durante estos años”.

Por años, el gobierno de Estados Unidos permitió que cientos de miles de inmigrantes centroamericanos y haitianos vivieran en el país amparados de la deportación y con permisos de trabajo, bajo un programa llamado Estatus de Protección Temporal (TPS). La protección es otorgada a ciudadanos de países afectados por desastres naturales –como el huracán Mitch de 1998 o el terremoto del 2010 en Haití– o conflictos armados.

La semana pasada la administración del presidente Donald Trump anunció que el programa termina en enero del 2019 para los nicaragüenses. La noticia de la cancelación también ha generado ansiedad entre los más de los 200,000 inmigrantes con TPS de Honduras, El Salvador y Haití.

Para los beneficiarios del TPS, Estados Unidos se ha convertido en su hogar. Aquí tienen sus trabajos, muchos compraron casas, otros abrieron negocios, estudiaron y tuvieron hijos que son ciudadanos estadounidenses. Además, estos inmigrantes envían miles de millones de dólares anuales en remesas a sus países.

Analistas sostienen que los beneficiarios de la protección están en el medio de una batalla entre los expertos en política exterior que entienden la situación real de los países afectados, versus los funcionarios de la administración Trump que no favorecen programas como el TPS.

“Esta cancelación es una falta de reconocimiento a las contribuciones que las personas con TPS han hecho en muchas comunidades en Estados Unidos, y tampoco reconoce las implicaciones que estas decisiones probablemente tendrán en los países de origen de estos inmigrantes”, dijo Oscar Chacón, cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas, que trabaja con inmigrantes de América Latina y el Caribe.

Chacón calificó la cancelación del TPS a los nicaragüense como “decepcionante” y “alarmante” para los 57,000 hondureños que ahora están en incertidumbre. Además hay 195,000 salvadoreños y 50,000 haitianos con TPS.

El Departamento de Seguridad Interna debe dar a conocer una decisión final sobre el destino del TPS para los haitianos el 23 de noviembre. El gobierno decidió extender el beneficio para los hondureños por seis meses, mientras investigan si las condiciones en el país ameritan la continuación de la protección. El TPS expirará para los salvadoreños en marzo del 2018 y el gobierno deberá decidir 60 días antes si extiende o cancela la protección.

“El argumento más poderoso para mantener la protección a los nicaragüenses no es tanto que Nicaragua se encuentre en la misma situación que Honduras, El Salvador y Guatemala”, dijo Chacón. El analista se refiere a los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, que fue el enfoque durante una importante reunión de la administración Trump en Miami a principios de este año.

“Tiene mucho más que ver con lo mucho que estas comunidades están profundamente arraigadas en la sociedad estadounidense”, dijo Chacón. “Estas son comunidades que han criado familias aquí”.

Hace más de 20 años, María Elena Hernández llegó al sur de Florida a visitar a sus hermanos. Permaneció en el país con una extensión a su visa de turista y poco después vio en el televisor del pequeño apartamento en Broward como los deslaves causados por el huracán Mitch enterraban comarcas completas en Nicaragua.

“Era terrible lo que estaba pasando. Decidí quedarme para ayudar desde aquí a mi país y a mi familia. Aquí tengo mis hermanos y sobrinos, mi empleo, mi vida”, contó Hernández, quien por los últimos nueve años ha trabajado como conserje en una universidad local. “Este país es líder mundial de los derechos humanos y critica a países que no los respetan. ¿Cómo nos va a mandar para Nicaragua ahora?”

Mientras que los presidentes de Honduras y El Salvador han cabildeado para que la administración Trump extienda el TPS para los ciudadanos de esos países –y el gobierno de Haití hizo lo mismo recientemente– el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, no solicitó a Estados Unidos extender la protección.

Algunos creen que eso influyó en la decisión del Departamento de Seguridad Interna de acabar con el amparo para los nicaragüenses. Pero otros piensas que fue más fácil para el gobierno de EEUU finalizar la protección para Nicaragua debido a la cifra menor de beneficiarios, en comparación con los haitianos y salvadoreños.

“El gobierno de mi país no abogó por nosotros, nos dejó solos, y eso demuestra que no importamos”, dijo Hernández, dirigente sindical del capítulo local de la Unión Internacional de Empleados de Servicios.

Mientras que el gobierno federal considera al gobierno de Nicaragua como un régimen antidemocrático, Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en esfuerzos para promover la democracia en Honduras, El Salvador y Haití, tres de los países más vulnerables del hemisferio.

El Salvador y Honduras están entre los países con el indice más alto de asesinatos. Por ejemplo, apuntó Chacón, una mujer es asesinada cada 16 horas en Honduras.

“Estos son países a los que el gobierno de Estados Unidos ha estado trabajando para estabilizar”, dijo Daniel Restrepo, del Center for American Progress y quien fue asesor de política latinoamericana durante la administración del expresidente Barack Obama.

“El gobierno de EEUU tiene que decidir si queremos continuar trabajando en asociación con estos países o si queremos hacer algo que pueda desestabilizar aún más a estos países, que ahora tendrían trabajadores desplazados, y aumentaría la presión sobre instituciones gubernamentales que ya tienen mucha carga”, dijo Restrepo. “Eso es lo que está en juego aquí”.

Mientras, nicaragüenses del sur de Florida que cuentan con TPS están desesperados, considerando sus pocas opciones mientras rezan por una solución permanente.

“No nos esperábamos esto porque nos extendieron este programa tantas veces que ya prácticamente somos de aquí. Mi hija vino chiquitita, estudió aquí. Habla más inglés que español”, dijo una maestra de 63 años de edad que vive en La Pequeña Habana. “No tenemos nada en Nicaragua”.

Algunos legisladores del sur de Florida están apoyando una propuesta legislativa que permitiría a los beneficiarios del TPS solicitar la residencia permanente.

Para algunos inmigrantes, como el propietario de la empresa de limpieza, la única opción es permanecer indocumentado en Estados Unidos.

“Yo no quiero romper las leyes, pero aquí lo tengo todo. El gobierno me está obligando a engrosar las filas de los ilegales. A vivir en las sombras”, dijo.

Otros, como la maestra, están considerando irse a vivir a otros países.

Previendo esto, otras naciones, como el gobierno de Canadá –donde miles de haitianos llegaron ilegalmente este verano– ya están advirtiendo a los nicaragüenses y otros inmigrantes con TPS que no podrán recibirlos.

Randy Boissonnault, un miembro del parlamento canadiense, visitará Miami el domingo 19 de noviembre para reunirse con miembros de la comunidad centroamericana.

“No queremos que miembros de la comunidad tomen decisiones que les pueden cambiar la vida, basándose en información falsa que podrían estar circulando en los medios sociales o información incorrecta que les den”, dijo Boissonnault.

Para otros, como Hernández, la líder sindical que ha dedicado su vida en Estados Unidos a luchar por los derechos de los trabajadores, la única opción es regresar a Nicaragua, aunque eso represente un riesgo.

“Yo me iría porque yo soy una fiel cumplidora de las leyes de cualquier país donde yo viva”, dijo Hernández. “En este país donde hay libertad de expresión aprendí a no quedarme callada cuando veo injusticias. En Nicaragua no me voy a poder callar y podría terminar meterme en problemas o terminar hasta en la cárcel”.

Esta historia fue publicada originalmente el 11 de noviembre de 2017, 6:59 p. m. with the headline "Por casi 20 años EEUU ha sido su hogar. Ahora Trump está echando a estos nicaragüenses."