Miami-Dade obedeció a Trump, Chicago lo enfrentó. Ambos recibieron el mismo subsidio
Miami-Dade y Chicago están en lados opuestos del debate sobre las ciudades santuario bajo la presidencia de Donald Trump: el gobierno más grande del sur de la Florida recibió elogios del propio presidente por decidir poner a los infractores de inmigración en las cárceles locales, mientras que la ciudad de los vientos ha demandado a la administración de Trump para preservar su estado de “santuario”.
El lunes, eso no pareció importarle mucho al Departamento de Justicia de Trump cuando anunció $98 millones en subsidios federales para los salarios de la policía local. Tanto Chicago como Miami-Dade recibieron los mismos $3.125 millones que obtuvieron el año pasado bajo el Departamento de Justicia de Barack Obama.
Los fondos federales fueron el punto principal del anuncio del alcalde Carlos Giménez días después de que Trump asumió el cargo, cuando dijo que Miami-Dade cumpliría con las demandas de la Casa Blanca de que las cárceles del condado extenderían las detenciones de presos que serían liberados bajo cargos locales si estaban bajo orden de deportación. Si bien Miami-Dade había rechazado anteriormente las solicitudes federales de “detención” bajo la administración de Obama, Giménez ordenó el 26 de enero que las cárceles de los condados comenzaran a cumplirlas.
Un vocero del Departamento de Justicia advirtió el lunes que no se use el anuncio de subvenciones “COPS” como una forma para mostrar el cumplimiento de la política de detención.
“El anuncio de la subvención de hoy (martes) no tiene nada que ver con las solicitudes de detención”, escribió el vocero Devin O’Malley en un correo electrónico. Los gobiernos locales que solicitaron las subvenciones “recibieron puntos adicionales en el proceso de puntuación si sus agencias cooperaban con la policía federal para abordar la inmigración ilegal, asegurando que las autoridades federales de inmigración tuvieran plena capacidad para hacer cumplir las leyes de inmigración y mantener seguras nuestras comunidades”.
El fiscal general Jeff Sessions se ha comprometido a utilizar las subvenciones policiales como una forma de persuadir a los gobiernos locales y estatales para que cumplan con la política de la Casa Blanca sobre las solicitudes de detención, que dan a los funcionarios de inmigración 48 horas para recoger a un recluso que ya iba a ser liberado. En septiembre, Sessions anunció que las jurisdicciones que soliciten subsidios COPS recibirían puntos adicionales en la competencia por fondos si les daban acceso a las autoridades federales por lo menos 48 horas antes de que un “extranjero ilegal” fuera liberado.
Al cumplir con las solicitudes de detención, Miami-Dade proporciona el aviso de 48 horas. O’Malley dijo que Miami-Dade recibió puntos adicionales en su solicitud COPS del 2017, pero no explicó por qué la cantidad era la misma que en el 2016. En los documentos presupuestarios, Miami-Dade dice que usa el dinero federal para financiar aproximadamente la mitad de los costos de nómina para 25 oficiales de policía del condado durante tres años en esa agencia de 4,000 personas.
En un discurso pronunciado en agosto en Miami, Sessions increpó a Chicago por sus intenciones de presentar una demanda sobre la cooperación con inmigración, mientras alababa la política de Giménez y Miami-Dade y prometía “más dinero para la lucha contra el crimen”.
Michael Hernández, director de comunicaciones de Miami-Dade, señaló que Miami-Dade recientemente recibió $500,000 del programa Byrne Grant del Departamento de Justicia, mientras que otras jurisdicciones se quejan de que su dinero de Byrne aún no ha llegado. El mes pasado, el Departamento de Justicia advirtió a Chicago que no cumplía con las reglas de concesión de Byrne.
“El alcalde Giménez cree firmemente que era del interés del gobierno del Condado Miami-Dade cumplir con la ley federal y no ser considerado una comunidad santuario”, dijo Hernández. “Aún consideramos que [el incumplimiento] podría poner en peligro futuras oportunidades de subsidios federales”.
Hernández señaló que Miami-Dade fue calificada por primera vez como una jurisdicción “santuario” bajo la administración Obama y que Giménez estaba ansioso por sacar al condado de esa lista mucho antes de que Trump asumiera el cargo. Giménez, un republicano que apoyó a Hillary Clinton en la carrera presidencial, ha sido elogiado en dos ocasiones en tuits de Trump por el giro en la solicitud de detenciones en Miami-Dade. Hernández dijo que sería incorrecto ver la situación en términos partidistas.
“Este presidente se basó en una plataforma para ser duros y tomar medidas enérgicas contra las ciudades santuario”, pero el esfuerzo de Miami-Dade para ser declarado en cumplimiento de la política federal “se remonta a la administración Obama”, dijo Hernández. “Hay personas que quieren hacer de esto un asunto partidista, pero no lo es.”
El viernes 17 de febrero de 2017, los comisionados de Miami-Dade respaldaron la controvertida decisión del alcalde Carlos Giménez de detener a presos encarcelados que eran sujetos a ser deportados por el gobierno federal, citando amenazas del presidente Trump a los fondos e ignorando horas de emotivos testimonios de residentes que imploraron a la Junta enfrentar al alcalde.
Esta historia fue publicada originalmente el 21 de noviembre de 2017, 9:20 a. m. with the headline "Miami-Dade obedeció a Trump, Chicago lo enfrentó. Ambos recibieron el mismo subsidio."