Familia de preso enfermo que murió asfixiado en cárcel de Florida logra importante victoria judicial
En un sistema penitenciario conocido por muertes ocurridas en circunstancias cuestionables, el caso de Randall Jordan-Aparo es uno de los que más serios.
Jordan-Aparo, un delincuente de poca monta conocido por sufrir un grave trastorno sanguíneo, fue gaseado por agentes penitenciarios de la Institución Correccional Franklin mientras pedía atención médica. Se desplomó y murió en su celda, su cadáver y su ropa estaban cubiertos con un residuo nocivo y anaranjado.
Su familia presentó una demanda, pero el Departamento de Prisiones de la Florida pidió que se desestimara.
La semana pasada, el departamento obtuvo su respuesta: un “no” enfático a la solicitud de desestimar dicha demanda.
“Si el departamento afirma que proporcionar algún tratamiento al menos siempre es suficiente para exonerarlo de responsabilidad según la ADA o la Ley de Rehabilitación, el departamento simplemente está equivocado”, escribió en su fallo el juez federal de distrito Robert L. Hinkle. ADA es la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades.
La solicitud se basa en las acciones del personal de la prisión contra Jordan-Aparo, cuya enfermedad estaba bien documentada en sus archivos médicos del departamento, según la demanda. Cuando surgieron los síntomas, el personal médico le dijo que no se hurgara la piel para no sangrar. Cuando se quejó de tener sangre en la boca y la orina, una enfermera amenazó con presentar un informe disciplinario. Cuando se quejó de dolor de espalda y en el lado y tenía una temperatura de 102.4, le dieron Tylenol.
Jordan-Aparo quería ir al hospital, pero se lo negaron.
El 19 de septiembre del 2010, después de maldecir a una enfermera, el personal lo obligó a ingresar a una celda de 13 pies por 8 pies y lo gasearon con 600 gramos de agentes químicos, según una investigación del Miami Herald en el 2014. Los reclusos en el área lo oyeron gritar: “No puedo soportarlo. No puedo con el gas. ¡Necesito una enfermera!”.
Horas más tarde, Jordan-Aparo estaba muerto. Lo encontraron en el piso de la celda con una Biblia de bolsillo a su lado, y estaba posicionado como si hubiese pasado sus últimos momentos jadeando en busca de aire fresco a través de la estrecha grieta debajo de la puerta.
El departamento, en su moción, argumentó que proporcionó tratamiento médico, aunque no la hospitalización que Jordan-Aparo quería. Y aunque Hinkle reconoció que la negligencia o proveer un tratamiento incorrecto no violan necesariamente la ley, señaló que uno puede proporcionar algún tratamiento y aún ser deliberadamente indiferente, es decir, aún discriminar en función de la discapacidad.
“Una política de tratar derrames cerebrales o ataques cardíacos con aspirina y nada más no serviría. Y también en este caso: tratar los síntomas que amenazaban la vida del señor Jordan-Aparo con Tylenol, como ocurrió con el demandante, no serviría”, escribió.
Tras la muerte de Jordan-Aparo, una investigación rutinaria no halló nada preocupante. Pero cuando el personal del inspector general del Centro Federal de Detenciones (FDC, por su sigla en inglés) visitó la prisión para investigar otro asunto, se enteraron de los detalles de la muerte y se sorprendieron. Cuando informaron a su jefe, dijeron que se les advirtió que se marcharan o enfrentarían serias consecuencias.
El FBI y la Policía Estatal de la Florida (FDLE, por su sigla en inglés) finalmente investigaron la muerte, pero no se presentaron cargos, dijo Gretl Plessinger, vocera de la FDLE.
Randall C. Berg Jr., director ejecutivo del Florida Justice Institute, que demandó al departamento por su tratamiento a los reclusos con discapacidades, dijo que el incidente nunca debió haber ocurrido, dada los conocidos problemas médicos de Jordan-Aparo.
“En primer lugar, no debieron haber usado agentes químicos con él”, dijo.
Con la decisión de Hinkle, el caso continuará y se someterá a juicio el próximo año, con el comienzo programado para el 7 de mayo, dijo Ryan Andrews, uno de los abogados de Tallahassee que representa a la familia.
Berg dijo que espera que la demanda obligue al departamento a reconsiderar en qué momento se deben usar agentes químicos para controlar a los reclusos.
“Uno espera que el departamento cambie su política si sigue teniendo que pagar juicios”, dijo.
Michelle Glady, una portavoz del Departamento de Prisiones, dijo que después de la muerte de Jordan-Aparo, el departamento modificó sus procedimientos y ahora requiere duchas obligatorias para los que participan en incidentes en donde guardias de prisiones se vieron obligados a usar agentes químicos.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de noviembre de 2017, 8:43 p. m. with the headline "Familia de preso enfermo que murió asfixiado en cárcel de Florida logra importante victoria judicial."