Pregunta sobre ciudadanía en el Censo pudiera reducir el poder político de Miami

El Departamento de Justicia federal quiere que la Oficina del Censo le pregunte a la población si tiene la ciudadanía estadounidense en el censo del 2020. Esto, y preguntas adicionales, pudieran llevar a un conteo menor del real en Miami, donde viven muchos inmigrantes.

Contar de menos la cantidad de personas que viven en el condado más poblado de la Florida pudiera afectar cómo se distribuyen miles de millones de dólares federales y reducir la influencia del estado en la capital del país. La Oficina del Censo decidirá si hace la pregunta el 31 de marzo, cuando termine de redactar el cuestionario del 2020.

“El propósito del censo es sencillo: recoger información apropiada sobre las personas que viven en nuestras comunidades, de manera que podamos entregar recursos federales para las necesidades de la población”, dijo la representante Ileana Ros-Lehtinen, republicana por Miami, en un comunicado. “Cualquier pregunta, incluida la de la ciudadanía, que pueda afectar un conteo preciso, debe omitirse. El censo no es para contar la cantidad de ciudadanos estadounidenses que hay en el país, sino para ayudar a todos con sus necesidades, sin importar su estatus de inmigración”.

El Departamento de Justicia alegó que incluir la pregunta sobre la ciudadanía ayudaría ha hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales, según una carta enviada por el Departamento a la Oficina del Censo y obtenida por la organización ProPublica.

El censo, que se realiza cada 10 años, se usa para determinar cuántas personas viven en determinada zona, y el gobierno federal trata de contar a todos sin importar su estatus inmigratorio, incluidos los inmigrantes indocumentados. Si se cuentan más personas en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde viven aproximadamente 450,000 indocumentados, hay una mayor probabilidad de que lleguen al sur de la Florida más fondos federales para proyectos de infraestructura y otros programas.

El senador Marco Rubio, republicano por Florida, dijo que no ha decidido si es una buena idea que el censo pregunte sobre la ciudadanía.

“Quiero entender bien los dos argumentos antes de llegar a una opinión firme”, dijo Rubio.

Por su parte, el representante Mario Díaz-Balart, republicano por Miami, dijo que le preocupa que algunas personas decidan no responder el cuestionario del censo si les hacen la pregunta de la ciudadanía.

“A menos que me entreguen estadísticas e información relevante de que es necesario, yo me opondría a que hagan esa pregunta”, dijo Díaz-Balart en un comunicado.

Por otra parte, está la próxima reasignación de escaños congresuales debido a cambios de población que ocurre cada 10 años después del censo.

La Florida es uno de los estados de mayor crecimiento de población del país: recibió dos escaños más en la Cámara de Representantes y dos votos adicionales en el Colegio Electoral en las elecciones del 2012, después del censo del 2010. Su ritmo de crecimiento poblacional en este momento coloca al estado muy cerca de recibir dos escaños congresuales más después del censo del 2020, lo que significa que si se cuenta de menos a la población ello pudiera llevar a que el estado reciba un escaño en vez de dos, y uno voto adicional, en vez de dos, en el Colegio Electoral, para las elecciones del 2022.

La reasignación de escaños congresuales se “determina completamente en el momento del censo”, dijo Rebecca Tippett, directora de un servicio de asesoría demográfica de la Universidad de Carolina del Sur que analiza información demográfica y económica.

“Por eso participan en el censo es muy importante”, dijo Tippett. “Sabemos que ciertas poblaciones son más difíciles de contar. El mayor problema en el 2010 fue que se contó de menos la cantidad de niños pequeños”.

Contar de menos la población, aunque solamente sean 10,000 personas o menos, puede tener consecuencias importantes en cómo se asignan los escaños congresuales. Utah demandó al gobierno federal en el 2001 después que el estado no recibió un escaño congresual adicional por una diferencia de 856 personas durante el Censo del 2000. Utah alegó infructuosamente que el censo no contó debidamente más de 11,000 misioneros mormones que prestaban servicios fuera del país.

La batalla por la modificación de los distritos electorales sobre la base de la población “puede ser complicada porque lo que está en juego es poder y dinero”, dijo Tippett.

Y el conteo de población tiene consecuencias políticas más allá de determinar cuántos escaños recibe la Florida, dijo Tippett. Los límites legislativos de los estados, y los de los distritos congresuales, se trazan de manera que los distritos tengan poblaciones casi iguales. De manera que si la población de Miami-Dade se cuenta de menos en comparación con la de la región conocida como el Panhandle, esa zona rural del estado tendrá una representación relativamente mayor en Tallahassee y Washington que el sur de la Florida.

El Departamento de Justicia presentó sus argumentos para incluir la pregunta sobre la ciudadanía en una carta de diciembre del 2017 a la Oficina del Censo, obtenida por la organización de periodismo investigativo ProPublica. El Departamento alegó que la información sobre la ciudadanía es “crítica para que el Departamento pueda hacer cumplir la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales y sus importantes protecciones contra la discriminación racial en materia de elecciones”.

En este momento, la Oficina del Censo pregunta por el estatus de ciudadanía en la encuesta American Community Survey, un cuestionario más detallado y obligatorio enviado a unos 3.5 millones de núcleos familiares todos los años. El Departamento de Justicia alegó que la información sobre ciudadanía recogida por esa encuesta no es lo suficientemente detallada en materia de electores inscritos y por ello dificulta determinar si una minoría de electores están debidamente representados cuando se trazan los distritos congresuales.

Tippett dijo que los conteos del 2000 y el 2010 “tuvieron una cobertura muy buena”, pero reducciones en los fondos destinados a la Oficina del Censo desde el 2010 le han impedido realizar suficientes pruebas antes del Censo del 2020 para asegurar un conteo preciso. Tippett agregó que agregar la pregunta de la ciudadanía exigiría un largo proceso de pruebas y revisión que costaría millones de dólares.

Esta historia fue publicada originalmente el 25 de enero de 2018, 6:39 p. m. with the headline "Pregunta sobre ciudadanía en el Censo pudiera reducir el poder político de Miami."