Antes del horrible asesinato, la madre pidió ayuda al sistema estatal de salud mental. Su hijo nunca la recibió
Durante más de una década, Della Wright acudió repetidas veces a la policía y a los tribunales civiles para tratar de controlar los violentos arrebatos de su hijo, provocados por las drogas y una esquizofrenia severa.
Un juez obligó a Jerome Wright a someterse a terapia diaria. Entonces dejó de asistir a las sesiones. Y cuando destrozó la casa donde vivían en Liberty City, los policías lo internaron varias veces en instalaciones psiquiátricas. Cada vez que salía, dejaba de tomar los medicamentos y se encerraba en su habitación durante semanas.
Entonces, el otoño pasado, fue el desenlace. La Policía de Miami-Dade encontró el cadáver descompuesto de la novia de Jerome Wright en el clóset de su habitación, con el vientre destrozado. Los órganos de la mujer los encontraron en un contenedor de basura afuera de la casa. Wright dijo a las autoridades que el cadáver era una “muñeca inflable” hecha de carne humana.
La batalla de la madre Della Wright durante casi dos décadas subraya lo que los expertos califican de una realidad trágica en la Florida: hay pocos recursos para las familias, particularmente en vecindarios de bajos ingresos, para tratar a personas con enfermedades mentales. Wright, de 62 años, es una guardia de seguridad jubilada que vive con un cheque de $951 de asistencia del gobierno, ya no puede conducir y está casi ciega.
“Mi hijo comenzó a empeorar de verdad el año pasado”, dijo Della Wright. “No se afeitaba, no se bañaba, comenzó a orinarse en su habitación. Yo no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Mi hijo necesitaba asistencia profesional a diario, y yo no podía ofrecérsela. Traté de conseguirla”.
Después del horripilante asesinato, la mujer sigue decidida a proteger a su hijo. Mientras Jerome Wright, de 32 años sigue encarcelado, Della Wright echó mano este mes a su biblia, caminó con dificultad hasta la parada del autobús y viajó al tribunal en el centro de la ciudad. Allí convenció a un juez civil de que levantara una orden de alejamiento que anteriormente había solicitado para protegerse de su propio hijo.
“Quiero ser su madre”, le dijo Wright al juez. “Él me necesita ahora. Y yo lo necesito”.
El violento resultado de la situación de Jerome Wright es extrema, pero la incapacidad de una familia pobre de encontrar tratamiento es algo común.
El Departamento de Niños y Familias de la Florida (DCF) calcula que en el estado hay casi 800,000 adultos con enfermedades mentales serias. El sistema de tribunales de Miami-Dade ha estimado que el 9.1 por ciento de la población del Condado ha experimentado una enfermedad mental seria y que pocos reciben asistencia a largo plazo en el sistema de salud pública.
En el año fiscal que concluyó en el 2016, casi 190,000 personas en el estado fueron recluidas en hospitales psiquiátricos bajo la Ley Baker de la Florida, que permite a la policía y al personal médico ingresar involuntariamente durante 72 horas a una persona si se considera que es un peligro para ella misma y otras personas. Esa cifra ha aumentado en más del 100 por ciento en los últimos 15 años.
Del lamentable historial de la Florida en materia de asistencia de salud mental se ha escrito mucho. El estado está en el último lugar del país en la cantidad de fondos que se gastan en salud mental, según el análisis más reciente del Florida Policy Institute.
Y como las prisiones están llenas de acusados con enfermedades mentales, las autoridades condales llevan años trabajando para construir en Miami una instalación de salud mental para albergar a acusados como Jerome Wright, personas que han tenido encontronazos menores con la ley antes de su arresto más reciente.
“Sencillamente no tenemos los fondos. Tenemos un pésimo seguimiento médico”, dijo Steve Leifman, juez del condado Miami-Dade y quien desde hace mucho tiempo defiende un cambio drástico en cómo el sistema de justicia penal trata a los enfermos mentales. “Es muy difícil que las familias consigan los servicios que necesitan. A los casos no se les da seguimiento a largo plazo, la supervisión necesaria para asegurar que los pacientes tomen sus medicamentos. La gente sencillamente no recibe recibe la asistencia que necesita”.
Jerome fue uno de esos casos.
Su madre, una inmigrante de las Bahamas, trabajó cuidando niños y atendiendo el hogar del abogado Don Ryce y su esposa Claudine a finales de los años 1980 y principios de los años 1990, cuando vivían en Coconut Grove. Wright cuidada de los hijos pequeños de Ryce de un matrimonio anterior, Ted y Martha, y después de su hijo recién nacido.
Ese bebé, Jimmy Ryce, nació casi al mismo tiempo que Jerome y los dos jugaban juntos.
“Estoy segura que a Jerome lo querían mucho. Ella tiene una gran capacidad para amar y atender a otros”, recordó Don Ryce.
Pero ninguno de los dos niños pudo escapar a la tragedia.
Cuando Jimmy tenía 9 años desapareció de un autobús escolar en el sur de Miami-Dade en 1995, lo que provocó una enorme cacería que terminó cuando un hombre confesó haberlo asesinado. El crimen horrorizó a los padres en el sur de la Florida y llevó a que se aprobara una ley que permitía al estado detener indefinidamente a los depredadores sexuales.
“Jim era como mi bebé”, dijo Wright, quien lo cuidó durante sus dos primeros años de vida. “Ellos eran como mi familia, los niños, el señor y la señora Ryce”.
De muchas manera, la forma en que Wright protegió a su propio hijo fue producto del salvaje asesinato de Jimmy. “El señor Ryce me dijo: ‘Della, nunca dejes a Jerome solo’ ”, recordó la mujer. “Eso se me quedó grabado en la mente”.
La niñez de Jerome pareció normal. Su mamá lo llevaba a muchas partes, jugaba baloncesto en la Escuela Primaria Phyllis Wheatley y decía que quería ser chef.
La primera señal de que algo andaba mal fue cuando Jerome tenía unos 14 años. Una noche, comenzó a gritar sin motivo aparente. Lo ocurrido fue tan fuerte que Wright, quien en ese entonces era guardia de seguridad privada en un edificio de apartamentos, se lo llevó con ella al trabajo. Cuando terminó su turno lo llevó a la Clínica de Salud Citrus, pero en el camino Jerome trató de arrebatarle el control del volante. Varios testigos llamaron al número de emergencias 911.
“La policía me escoltó directamente al hospital”, dijo Wright.
El diagnóstico, esquizofrenia, dejó perpleja a Wright. La enfermedad hacía que Jerome escuchara voces. Y no mejoró.
A los 15 años tuvo el primer roce con la ley. Ese día se negó a marcharse con la persona que lo cuidaba. Su madre llamó a la policía “para asustarlo”. Jerome empujó a un agente de Miami y lo acusaron de golpear a un policía.
La probatoria a la que lo condenaron era de un año, pero continuamente daba positivo en las pruebas de marihuana. El tribunal le ordenó asistir a la Riverside Academy, una escuela para varones de Tampa, que ya no funciona, donde completó un programa de un año.
“Le fue bien allí. Tenían psiquiatras y de todo”, dijo Wright.
De regreso en Miami, Jerome volvió a las calles. Dejó los estudios en la secundaria Northwestern y lo declararon discapacitado debido a la esquizofrenia. A los 19 años lo arrestaron por comprar cocaína afuera de una tienda cerca de su casa. Como sucedió varias veces por arrestos de delitos menores, Jerome era condenado a probatoria, pero sin tratamiento de salud mental.
En casa, presionado por su mamá, Jerome trató infructuosamente de encontrar trabajo. Ella lo llevaba a clases, pero lo expulsaron porque un maestro dijo que no hacía las tareas. La madre incluso le compró un libro para que estudiara para el G.E.D. Jerome no lo leyó.
Pero su estado no siempre era violento. Una asesora de New Horizons Mental Health Center en Allapattah, que trató a Jerome desde que era un adolescente, comenzó a venir a la casa un par de veces a la semana, una actividad que duró un par de años. “Le iba bien”, dijo Wright. “Ella trataba de guiarlo por el buen camino”.
Pero hace varios años la asesora dejó de ir a la casa. Wright dice que no sabe exactamente lo que sucedió. Nadie contestó las llamadas de un reportero al centro.
Entonces Jerome comenzó a tener problemas serios. Madre e hijo cayeron en un patrón trágico. A él le daban ataques de furia, rompía las paredes a puñetazos, arrancaba las puertas de los closets y la perseguía por toda la casa. Ella llamaba a la policía y después lo dejaba entrar otra vez. Nueve veces en los últimos tres años, las autoridades invocaron la Ley Baker para ingresarlo para evaluaciones psiquiátricas.
Es común que las personas ingresadas de esta manera empeoren después que les dan el alta, especialmente porque sólo les dan medicamentos para una semana, según expertos en salud mental.
“No hay un sistema de seguimiento. No hay suficiente personal para manejar los casos porque no hay fondos”, dijo Denise Llenera, coordinadora de la división miamense de la Alianza Nacional para la Salud Mental, que dirige grupos para familias que tienen que hacer frente a estas enfermedades.
“No hay nadie que se asegure de que las personas tengan una cita, que tengan las medicinas que necesitan. No hay nada de eso. Muchas veces ni siquiera llaman a los familiares para informarles que a la persona le van a dar el alta”.
Las tensiones entre la madre y el hijo llegaron a tal punto que Wright pidió dos veces una orden de alejamiento contra su hijo, y las dos veces pidió después que la cancelaran. El año pasado, dijo la mujer, incluso fue al centro de terapia y pidió, infructuosamente, que otro terapista visitara a Jerome en la casa.
Finalmente, en septiembre del 2015, un juez emitió una orden que prohibía a Jerome acercarse a menos de 500 pies de la casa.
Pero ella lo recogió otra vez.
Fue en esa casa que Jerome fue arrestado en marzo de 2017 por golpear a su novia, Deanna Clendinen, quien también padecía de una enfermedad mental crónica y quien había estado varias veces presa. No fue posible contactar a familiares de la mujer para que comentaran al respecto.
Jerome la golpeó con un cenicero mientras tenían relaciones sexuales. Jerome no fue inscrito en ningún programa de salud mental, sino que fue condenado a probatoria y le exigieron completar clases de autocontrol.
Y fue en esa casa donde Jerome se convirtió en noticia en octubre, cuando su mamá llamó a la Policía de Miami-Dade para reportar un mal olor que salía de una de las habitaciones que su hijo usaba en la casa, en la cuadra de 6200 NW 23 Avenue.
Dentro de un clóset, los agentes encontraron el cadáver de Clendinen cubierto de sábanas y ropas. Sus órganos los encontraron en un contenedor de basura afuera de la casa. No se sabe exactamente cómo murió. Medicina Legal de Miami-Dade no ha dictaminado la causa de la muerte y Jerome no ha sido acusado de matarla, sólo de abusar de un cadáver.
Según un informe policial, el hombre salió de su habitación “desnudo y sudoroso”, e insistió en que eso que estaba en su habitación no era una mujer de verdad, sino una “muñeca inflable” hecha de carne humana. También le dijo a la policía que no había visto a Clendinen en cinco meses.
Un médico nombrado por el tribunal señaló posteriormente que Jerome “parecía verdaderamente no saber qué había pasado con ella”.
Jerome quizás nunca vaya a juicio. El mes pasado, un juez lo declaró mentalmente incompetente, de manera que está en un hospital psiquiátrico del sur de la Florida. Si sus abogados pueden probar que no podía diferenciar el bien del mal en el momento de los hechos, pudiera ser declarado inocente por locura.
Por ahora, llama a su mamá tres o cuatro veces al día, algunas veces para saludarla antes de ir a clases para entender cómo funciona el sistema judicial. Jerome suena estable y contento, aunque se queja de la comida. Eso hizo que la madre le enviara $50 al hospital para que pudiera comprar algo más de comer.
“No es mucho. Yo necesitaba ese dinero, pero no quiero que esté pasando hambre”, dijo.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de enero de 2018, 4:03 p. m. with the headline "Antes del horrible asesinato, la madre pidió ayuda al sistema estatal de salud mental. Su hijo nunca la recibió."