Cambian reglas para remolcar vehículos en Sweetwater
Hasta principios de octubre, la persona en el Departamento de Policía de Sweetwater que recibía los formularios y los pagos de cientos de dólares en efectivo por la recuperación de vehículos remolcados tras arrestos era el propio jefe Roberto Fulgueira.
Pero de repente, semanas antes de retirarse del cargo, Fulgueira le asignó esta función al subjefe Roberto Ochoa.
“Mi primera pregunta fue cómo podía justificar todos estos remolques”, dijo Ochoa el lunes por la noche en entrevista con El Nuevo Herald y CBS-4.
Ochoa aseguró que anteriormente se remolcaba un promedio de tres a cuatro vehículos por semana, pero que en lo que va de este mes no ha encontrado justificación para remolcar un vehículo más en la Ciudad de Sweetwater.
Por años, la policía en esa ciudad llamaba a las grúas de la empresa privada Southland The Towing Company para remolcar los vehículos de personas arrestadas por cargos que variaban desde venta de drogas hasta conducir con la licencia suspendida.
Bajo las ordenanzas municipales, los dueños de estos vehículos debían pagar $500 a la Ciudad para recuperarlos, y otros $500 si la policía había utilizado el equipo canino durante el arresto. Además, también tenían que pagarle a Southland otra multa que por cada día que el vehículo estaba en su posesión. A principios de octubre, la Comisión de Sweetwater decidió reducir la multa a $250.
A partir del 4 de octubre, Ochoa estableció nuevos criterios que los policías deben considerar antes de llamar a las grúas. Por ejemplo, debe existir una fuerte indicación que hay evidencia escondida en el vehículo antes de pedir el equipo canino, por lo cual un teniente debe dar la aprobación final.
Además, la persona arrestada tiene el derecho a dejar el vehículo estacionado legalmente en la calle o a llamar a un familiar para recogerlo, de acuerdo con los memorandos enviados por Ochoa que precisan los nuevos lineamientos.
“Nos hemos asegurado de que los policías estén cumpliendo con las leyes estatales”, explicó. “Un departamento de policía no es un negocio. Somos servidores públicos”.
Agentes del FBI están investigando el negocio de Southland en Sweetwater, y los vínculos de esta empresa con el ex alcalde Manny Maroño. El FBI arrestó a Maroño en agosto en un caso separado por presunto soborno. El ex alcalde se declaró no culpable aunque se presume que está colaborando con las autoridades federales.
Registros estatales indican que Southland pertenecía en parte a Maroño cuando fue establecida en el 2008. Aunque su nombre desapareció de los registros en el 2009, un año después Maroño representaba a la empresa durante negociaciones con al menos otra ciudad cercana: Doral.
En Sweetwater, Southland tuvo hasta febrero pasado un “acuerdo verbal” para remolcar los vehículos tras los arrestos.
Fulgueira, quien renunció a su cargo la semana pasada, no respondió a un mensaje de El Nuevo Herald el lunes por la noche, aunque ha asegurado que su salida no está relacionada con la pesquisa del FBI.
Otras directivas de Ochoa establecen reglas sobre la confiscación de propiedad personal durante los arrestos y la contabilización del dinero en efectivo considerado como evidencia en casos criminales.
“Previamente, no había reglas sobre las confiscaciones o la evidencia”, aseguró Ochoa.
Antes de octubre, Fulgueira recibía personalmente los pagos en efectivo para la recuperación de vehículos remolcados y copias de las facturas correspondientes, de acuerdo con Ochoa.
Tras revisar cada caso, Fulgueira le entregaba el dinero y las facturas a Ochoa, quien depositaba el monto en una cuenta del Departamento de Finanzas.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de octubre de 2013, 3:03 a. m. with the headline "Cambian reglas para remolcar vehículos en Sweetwater."