Activista de Miami es la voz de cientos de hijos de indocumentados

Marisella Gabriel pone a su bebé en los brazos de Nora Sandigo. La bebé balbucea en su trajecito rosado, debajo del cual se asoman los bordes del pañal.

“Mira, ella es una bebé hermosa”, dijo Gabriel, riendo e instando a Sandigo a que cargue a la niña.

Sandigo tomó a la niña – esta vez, sólo por un momento. La próxima vez podría ser por mucho más tiempo.

Gabriel es uno de cientos inmigrantes indocumentados que – llevados por el miedo a la deportación – han firmado un poder judicial que le da a Sandigo autoridad sobre su niños, nacidos en los Estados Unidos. De acuerdo a la última cuenta, Sandigo se ha hecho guardia legal de más de 800 niños en situación similar y ella dice que las peticiones siguen llegando.

Sandigo, una experimentada activista de emigración que vive en un suburbio de Miami, está trabajando en una zona gris entre derecho familiar y de emigración, luchando por ayudar a familias que temen que la deportación podría obligar a sus niños – que son ciudadanos estadounidenses – a caer en la impersonal burocracia del cuidado de niños del estado.

Ella dice que ha tomado ese extraordinario paso debido a su feroz convicción de que los derechos civiles de esos niños están siendo violados por el sistema migratorio que expulsaría a sus padres. Sus esfuerzos son en parte altruistas y en parte una declaración política: ella introdujo una demanda colectiva con la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos hace años, por las políticas de deportación de padres; la corte no aceptó el caso pero ella planea intentarlo de nuevo.

La semana pasada ella llevó a 14 de los menores que tiene bajo su tutela jurídica a Washington con ella para ayudar a argumentar su propuesta para que se haga una reforma. Ella se reunión con los representantes del sur de la Florida Mario Díaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen y Joe García.

“Todo ciudadano estadounidense tiene el derecho de ser protegido por su gobierno”, dijo Sandigo, quien es una refugiada nicaragüense separada de sus padres cuando era adolescente. “Al menos necesitan tener el derecho de tener una familia. Si peleamos como estadounidenses en otros países por la equidad y la justicia, ¿Por qué no peleamos por los derechos de nuestros niños en casa?”

Para muchos inmigrantes indocumentados, Sandigo es el plan B – un respaldo en caso de emergencia para personas que, de otro modo, tienen pocos derechos y recursos legales. Ella se considera que está llenando un vacío en la red de seguridad social, la cual hace muy poco para ayudar a familias que podrían ser separadas por agentes federales en cualquier momento – muchas de las cuales viven en el sur de la Florida.

Más de la mitad de los niños de Sandigo viven en el área de Miami, dice ella. El resto está desperdigado por otros estados. Ellos aún viven con sus padres, familiares o amigos de sus padres (quienes a veces también son inmigrantes indocumentados), aunque Sandigo dice que ha albergado temporalmente a algunos de ellos.

Sandigo tiene 48 años de edad es dueña de dos pequeños negocios y está casada y tiene dos adolescentes propios. Pero ella dedica mucho de su tiempo cada día a su familia extendida comprándoles una variedad de cosas, desde comida hasta computadoras, y organizando fiestas cada dos semanas en su pequeña granja de West Perrine. El fin de semana pasado, cerca de 40 de los niños se presentaron a jugar basketball, comer nacatamales nicaragüenses, pegarle a la piñata y ver los gansos.

Alfonzo Oviedo, un abogado de familia que trabaja con Sandigo en American Fraternity, una pequeña organización sin fines de lucro que ellos dirigen para ayudar a la población inmigrante, describió el arreglo de Sandigo con los padres inmigrantes como una suerte de pre-custodia.

El cree que los formularios que los padres han firmado desde el 2008 – los cuales ahora ocupan seis gabinetes en el cuarto trasero de su oficina en la casa – le permitirán a Sandigo buscar custodia legal si ambos padres fueran deportados. La meta real es proteger a los niños y darles una voz a los padres que no pueden o tienen miedo de defenderse en las escuelas, los hospitales y en las cortes de los Estados Unidos.

El derecho de Sandigo a la custodia legal de 800 niños le valió un largo reportaje en el Washington Post el mes pasado y la consecuente cobertura a nivel nacional e internacional. Ser la “madre sustituta” de cientos de niños es una manera de atraer atención a las leyes de emigración de los Estados Unidos, las cuales ya están bajo escrutinio debido al aumento de menores no acompañados que han llegado ilegalmente a la frontera suroeste del país.

Pero en realidad, el alcance de la autoridad legal de Sandigo no está bien definido. Aunque ella dice ser la guardiana legal, Sandigo reconoce que nunca ha comparecidos en frente de un juez ni introducido documentos ante ninguna agencia gubernamental en nombre de los niños.

Richard Milstein, un abogado de Miami que se especializa en derecho de custodia y ley familiar, dijo que, si bien los padres pueden otorgarle la custodia a otros miembros de la familia, la ley de la Florida especifica explícitamente que sólo puede ser dada la custodia a “miembros de la familia extendida”.

“Hasta donde yo sé, se requiere un procedimiento en la corte para convertirse en el guardiana legal de un menor”, dijo Milstein.

Sin embargo, aunque ella no sea el guardian reconocido, Sandigo dice que ha utilizado su colección de poderes legales todos los días, para firmar documentos en los colegios, hospitales y agencias de pasaporte.

Milstein dijo que eso era posible.

“Por un lado está lo práctico y por otro lo legal”, dijo Milstein. Sandigo “básicamente ha sido por los padres a asistir a estos niños”

Helena Tetzeli, quien ha practicado el derecho migratorio en Miami durante más de 20 años, dijo que entiende la motivación de esos padres.

“Estos padres, debido a su estatus migratorio, tienen miedo de conctactar al estado o a cualquiera en el gobierno, para ese asunto. Esta es probablemente una razón por la que ellos hacen esto aparentemente de una forma irregular, única para la ocasión”, dijo Tetzeli. “Ellos conocen (a Sandigo) y confían en ella. Ellos saben que ella no va a llamar a inmigración. Eso es lo que supongo —ellos no quieren tratar con el gobierno, porque están atemorizados del gobierno”.

Agencias federales y estatales no quisieron discutir la legalidad de los esfuerzos de Sandigo o incluso decir si estaban al tanto de ellos.

Un portavoz del Departamento de Servicios de Niños y Familias de la Florida, que generalmente supervisa a los hijos sin padres, no quiso comentar sobre qué papel, si es que alguno, desempeña la agencia en supervisar los destinos de los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres enfrentan la deportación y dijo que el tópico estaba bajo el ámbito de Inmigración y Cumplimiento de Aduanas.

Vincent Picard, portavoz del Litoral Este de ICE —el departamento federal responsable de hacer cumplir la ley de inmigración— dijo que no hay una regla universal para tratar con tales familias. Los agentes, dicen, tienen la “discreción procesal” en decidir cómo manejar padres indocumentados con niños nacidos nacidos en Estados Unidos, como parte de una política del 2011 bajo la cual la agencia comenzó a priorizar la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Antes de la llegada de la discreción procesal, la práctica de deportar a ambos padres sin sus hijos ocurría más frecuentemente.

Picard dijo que la agencia puede escoger ahora dejar quedarse en el país a un inmigrante indocumentado no criminal que es el único proveedor de un niño.

“ICE toma un gran cuidado en evaluar casos que justifiquen una liberación humanitaria”, dijo Picard en un correo electrónico. “Para los padres a los que se les ordena irse, es su decisión si se llevan o no con ellos a sus niños”.

Los cambios de política parecen encaminados a prevenir que se deporte a padres solteros sin antecedentes criminales. Sin embargo, Sandigo estima que un 5 por ciento de los niños han visto deportados a sus dos padres. ICE no suministra estadísticas de cómo trata con los padres indocumentados de niños nacidos en Estados Unidos.

Hace años, los niños de Sandigo podían haber sido apodados como “bebés ancla”, cuando la ley de EEUU permitía a los niños ciudadanos solicitar permisos de residencia para sus padres, dijo Tetzeli. Pero esa política se retiró debido a que los críticos alegaron que daba a los inmigrantes indocumentados un incentivo para tener a los niños como un “ancla” que los mantendría en el país.

Ahora, una vez que comienzan los procedimientos de deportación de los inmigrantes indocumentados, la norma para retenerlos es “virtualmente imposible de cumplir”, dijo Tetzeli. Para cumplir los requisitos, los inmigrantes indocumentados deben haber residido durante 10 años en Estados Unidos, no tener antecedentes penales y que su deportación provocaría dificultades excepcionales e inusalmente extremas” para sus esposas o niños que son ciudadanos estadounidenses.

A menos que el ICE ejerza su “discreción procesal”, hay pocos recursos gubernamentales para los inmigrantes indocumentados que enfrentan la deportación, dijo Tetzeli, quien lo calificó de una “laguna en la ley”.

Es por eso, dice Sandigo, que muchos han acudido a ella para ayuda.

Esta historia fue publicada originalmente el 5 de agosto de 2014, 5:08 a. m..