La búsqueda de dinero sucio en los bienes raíces de Miami rinde fruto, y continuará

El gobierno federal dice que la estrategia para detectar el uso de dinero sucio en el sector de bienes raíces del sur de la Florida y otros mercados de precios elevados está funcionando, y ha decidido prorrogar otra vez la iniciativa temporal.

Desde el 2016, el Departamento del Tesoro ha ordenado que las compañías pantalla que compran viviendas de lujo en efectivo en ciertas áreas tienen que informar al gobierno quienes son los propietarios verdaderos.

Esta iniciativa contra el lavado de dinero comenzó en Manhattan y en Miami-Dade —ante las protestas de políticos del sur de la Florida— y se ha ampliado gradualmente a otras zonas de la Florida, Nueva York, California, Texas y Hawaii. Los narcotraficantes, funcionarios corruptos, blanqueadores de dinero y otros delincuentes con frecuencia compran propiedades costosas para legitimar dinero sucio. Y usan empresas pantalla —que no tienen que identificar a sus verdaderos dueños— para mantener su identidad oculta, lo que frustra a las agencias policiales y muchas veces impide que las investigaciones avancen.

Los críticos de la corrupción han pedido que se implementen reglas para que esa identificación sea permanente. La ola de dinero que llega del extranjero —en su mayoría limpio— a mercados como el sur de la Florida es una de las causas que se cita para explicar el aumento del precio de la vivienda.

Las órdenes temporales, emitidas por una agencia del Tesoro llamada Red Financiera Federal contra Delitos Financieros (FinCEN), se conocen como Órdenes de Focalización Geográfica (GTO).

“Los GTO emitidos hasta la fecha han ofrecido a FinCEN y a las agencias policiales información importante sobre la vulnerabilidad del sector de bienes raíces al lavado de dinero”, escribió Stephen Hudak, portavoz de FinCEN, en un correo electrónico el miércoles. “Los GTO son una herramienta valiosa y FinCEN está prorrogando los GTO para seguir estudiando esta vulnerabilidad”.

Esta es la tercera vez que se prorrogan los GTO, pero a diferencia de anuncios anteriores, esta semana FinCEN no dio a conocer nueva información sobre la decisión. En el pasado, las reglas han sido recibidas con escepticismo en el poderoso sector de bienes raíces. El gobierno del presidente Donald Trump recientemente nombró a Kenneth Blanco, ex fiscal federal del sur de la Florida y durante mucho tiempo abogado del Departamento de Justicia, para liderar FinCEN.

Autoridades federales dicen que la iniciativa es una herramienta de recopilación de información para medir la vulnerabilidad del mercado de bienes raíces de lujo de Estados Unidos a la manipulación de los blanqueadores de dinero.

El año pasado, FinCEN reportó que 30 por ciento de las transacciones de viviendas reportadas a tenor con los GTO estaban vinculadas con personas que habían sido objeto de “informes de actividad sospechosa” por parte de los bancos.

“¿No debe ser suficiente decir que detectado algo y que [esta herramienta] se debe implementar de manera permanente en todo el país?”, dijo Clark Gascoigne, subdirector del grupo Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition, que defiende una mayor transparencia financiera. “Creo que la respuesta es que sí”.

Pero la GTO original tuvo un alcance limitado porque, por ley, el Departamento del Tesoro no podía monitorear las transferencias electrónicas de dinero. Y ese es precisamente el mecanismo financiero que usa la mayoría de los compradores acaudalados para comprar viviendas. Eso creó un enorme vacío legal. Una ley del Congreso le dio al Tesoro la autoridad para monitorear esas transacciones, lo que significa que la cantidad de compras de viviendas que cayeron en las redes del gobierno aumentó significativamente.

FinCEN no ha entregado información sobre cuántas personas que han usado transferencias electrónicas de dinero para comprar viviendas fueron vinculadas con actividades sospechosas.

Tampoco estaba claro de inmediato cuánto tiempo la orden, que expiró el martes, se va a prorrogar. Por lo general, los GTO tienen una vigencia de seis meses. La orden más reciente se aplica a las áreas que han estado bajo el escrutinio del gobierno: los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach; los distritos neoyorquinos de Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island y el Bronx; los condados San Diego, Los Ángeles, San Francisco, San Mateo y Santa Clara en California, y áreas que incluyen a Honolulu, Hawaii, y San Antonio, Texas.

En el sur de la Florida, las reglas se aplican a compañías pantalla que compran viviendas de $1 millón y más.

Los mercados bajo la atención de las autoridades federales tienen tres cosas en común: viviendas costosas, numerosas transacciones en efectivo y muchos compradores extranjeros que tratan de colocar su dinero en Estados Unidos. Por lo general, también son mercados donde las instituciones financieras presentan un alto número de informes de actividades sospechosas.

El mercado de condominios de Miami-Dade ha perdido impulso durante los últimos 12 meses debido al exceso de construcción y la fortaleza del dólar, lo que ha alejado a los compradores extranjeros. Pero recientemente ha comenzado a recuperarse. En febrero, la cantidad de apartamentos vendidos de más de $1 millón aumentó 31 por ciento en comparación con el mismo mes del 2017, según la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Miami. En enero, las ventas se dispararon 58 por ciento.

Esta historia fue publicada originalmente el 22 de marzo de 2018, 1:23 p. m. with the headline "La búsqueda de dinero sucio en los bienes raíces de Miami rinde fruto, y continuará."