La lucha contra la corrupción en el condado tiene un nuevo enfoque

Al cumplirse cinco meses de creada la Unidad de Corrupción Pública de la Fiscalía de Miami-Dade, el jefe de ese grupo, el fiscal Tim VanderGiesen, reconoció que el nuevo equipo élite fue organizado por la necesidad generada tras la drástica reducción de la unidad anticorrupción de la policía condal.

“En la Fiscalía sentimos que era necesario para la comunidad crear esta nueva unidad”, dijo VanderGiesen a el Nuevo Herald durante una entrevista junto a otros tres fiscales vinculados con las investigaciones de corrupción pública en Miami-Dade: José Arrojo, Johnette Hardiman y Howard Rosen.

VanderGiesen dijo que era difícil calcular el impacto de la decisión policial de Miami-Dade al reducir su unidad anticorrupción. La unidad policial pasó de ser un grupo con una treintena de investigadores que reportaba directamente al jefe de la policía a tan sólo una división a cargo de la Oficina de Asuntos Internos con apenas seis detectives.

El nuevo equipo de investigadores de la Fiscalía fue creado en abril, casi nueve meses después de los cambios dispuestos por el jefe del Departamento de Policía de Miami-Dade, J.D. Patterson, en la unidad anticorrupción de esa fuerza.

VanderGiesen indicó que el nuevo equipo cuenta con 10 investigadores: dos de la Fiscalía, tres de la policía condal, dos de la policía de Miami, dos de la policía de Miami Beach, y uno de la policía escolar. La sede de operaciones es en el edificio de la Fiscalía, en Miami.

“Estamos tratando de reforzar el grupo y traer más investigadores”, dijo VanderGiesen. “Todas las agencias involucradas en el equipo contribuyen financieramente pagando los salarios de sus agentes, lo que demuestra que diferentes ciudades están comprometidas en combatir la corrupción pública”.

La fiscal estatal Katherine Fernández-Rundle resaltó el viernes la experiencia de los detectives de la unidad anticorrupción de la Fiscalía y auguró resultados en el corto plazo.

“Desde que se formó este equipo hemos expandido nuestra capacidad cuando se trata de ser proactivos”, dijo Fernández-Rundle en un correo electrónico enviado a el Nuevo Herald. “Tenemos previsto más resultados como en el caso de Jesús Pons, que acabamos de cerrar [el viernes], donde recibió una condena de 54 meses de cárcel estatal”.

Pons, ex empleado condal de 52 años de edad, fue hallado culpable de inflar millonarios contratos del Condado Miami-Dade a cambio de recibir cuantiosos sobornos.

Fernández-Rundle dijo que desde que se convirtió en fiscal estatal en 1993 una de sus prioridades ha sido la lucha contra la corrupción pública y que ha buscado la integración de esfuerzos a pesar de las decisiones de algunas agencias policiacas por “realinear recursos investigativos” debido a limitaciones financieras.

“Para poder mantener la presión policíaca sobre la investigación y procesar estos crímenes [de corrupción pública] les pedí a varios departamentos de policía asistencia en la parte investigativa”, dijo Fernández-Rundle. “Ellos han cooperado abrumadoramente y han asignado a oficiales experimentados para formar parte de nuestra unidad especial para combatir la corrupción pública”.

Sin embargo, figuras locales vinculadas con el tema consideran que la creación del grupo anticorrupción de la Fiscalía es sólo una medida paliativa para enfrentar un problema mayor.

El ex jefe de la la policía anticorrupción de Miami-Dade, Carlos González, dijo que la naturaleza política del cargo de la fiscal afecta la lucha contra la corrupción, ya que se trata de una posición electa, lo cual genera compromisos con otras personas o grupos de poder.

“Les deseo lo mejor a los investigadores de esa nueva unidad”, dijo González. “Pero creo que ese grupo a cargo de la Fiscalía es una ‘curita para un corte muy grande’. [...] Basado en mi experiencia, lo que puedo decir es que la fiscal es una figura política, electa por el público, y que tiene ciertos compromisos, en cambio la policía enfrentaba los casos con mayor agresividad”.

González indicó que la unidad aniticorrupción de la policía condal fue creada en 1998 y en una primera etapa convocó a 19 integrantes. De manera progresiva el equipo creció a 55 personas, con detectives especializados en crímenes financieros enfocados en figuras de alto nivel, además de contar con un presupuesto anual de casi $6 millones.

En septiembre del 2013, Patterson expresó su malestar tras descubrirse el mal uso de recursos de la unidad anticorrupción de la policía condal, al enfocarse en casos menores.

Uno de esos casos fue revelado por el Nuevo Herald: agentes de la policía anticorrupción cobraron más de $58,000 por horas extra en un caso que condujo al arresto de cuatro empleados municipales acusados de robar unos $3,000 de la recaudación por el ingreso de vehículos en el parque condal Amelia Earhart, en Hialeah.

El caso colocó bajo la lupa el despilfarro de recursos de esa unidad y sirvió, entre otros motivos, para que Patterson, con el respaldo del alcalde condal Carlos Giménez, justificara su reestructuración.

El abogado criminalista y ex agente de la Unidad de Crimen Organizado de la policía de Miami, Rick Díaz, consideró que la reducción fue una medida desacertada.

“Reducir un equipo de corrupción pública por el caso específico de un agente no tiene mucho sentido”, dijo Díaz. “La reducción de la unidad tendría sentido si Miami-Dade realmente hubiera experimentado una caída de la corrupción, pero no creo que haya sido así”.

Por su parte el presidente de la Asociación Benévola de la Policía (PBA), John Rivera, felicitó que una organización de gobierno esté decidida a luchar contra la corrupción pública en Miami-Dade, pero a la vez expresó su preocupación por presuntos compromisos políticos de la Fiscalía.

“Me alegro que de un lado haya alguien que esté dispuesto a hacer algo contra la corrupción”, dijo Rivera. “Pero de otro lado, considero que existen compromisos políticos por parte de la Fiscalía”.

Rivera se refirió a que en el 2012, detectives anticorrupción de la policía condal fueron obstaculizados para obtener órdenes de registro contra una boletera de Hialeah que estaba a punto de ingresar a la oficina de la campaña de reelección del alcalde condal, Carlos Giménez, con una treintena de boletas de votación.

Se trataba de Deisy Pentón de Cabrera, quien fue detenida en la calle, pero poco después dejada en libertad. La fiscal Fernández-Rundle se inhibió de seguir investigando el caso debido a que la boletera trabajaba para Quantum, la empresa del consultor político Al Lorenzo, quien llevaba las campañas de reelección tanto del alcalde como de la fiscal.

El Nuevo Herald documentó, por ejemplo, que Pentón de Cabrera falsificó el voto de una anciana en estado terminal y recolectaba las boletas de votación de ancianos hispanos analfabetos o sin capacidad para razonar.

El caso de fraude electoral que comprometía a importantes figuras políticas de Miami-Dade fue dilatado y las autoridades de la Fiscalía de Broward no tuvieron acceso oportuno a pruebas claves para profundizar la investigación. El caso culminó con una sentencia de arresto domiciliario contra Pentón de Cabrera, sin que se probara qué políticos estaban detrás del fraude.

De otro lado, el fiscal Arrojo dijo que las sanciones en casos de corrupción pública, y en particular contra aquellos delitos de fraude electoral, requieren ser fortalecidas, independientemente de las tendencias nacionales de encarcelar sólo a quienes incurran en crímenes violentos.

“Hemos estado hablando con legisladores para abordar este tema”, dijo Arrojo.

Al respecto, la Fernández-Rundle destacó que el diálogo con los congresistas de la Florida es permanente, pero reconoce que existen obstáculos para plantear reformas.

“La mayor dificultad es desarrollar una coalición legislativa a nivel estatal para hacer de estas reformas una meta legislativa”, dijo Fernández-Rundle.

Esta historia fue publicada originalmente el 14 de septiembre de 2014, 7:26 p. m. with the headline "La lucha contra la corrupción en el condado tiene un nuevo enfoque."