Abuela de Miami cae en ofensiva contra naturalizados con antecedentes penales

El gobierno de Estados Unidos ha reservado siempre la revocación de la ciudadanía para los peores casos, como los criminales de guerra, violadores de niños y financiadores del terrorismo.

Pero Norma Borgono no es una de esas personas. Esta secretaria de 63 años que llegó de Perú en 1989 trabaja de voluntaria en una iglesia, crió dos hijos con un salario de $500 a la semana y sufre de una enfermedad del riñón poco común. Pero una semana después que su nieta recién nacida salió del hospital, Borgono recibió una carta del gobierno federal. El Departamento de Justicia está tratando de retirarle la ciudadanía como parte de una ofensiva sin precedentes del gobierno del presidente Donald Trump para “desnaturalizar” a personas que cometieron delitos penales antes de hacerse ciudadanos estadounidenses.

“No sé qué va a pasar si ella regresa a Perú”, dijo su hija Urpi Ríos. “No tenemos nada allí”.

Borgono, quien vive en Miami desde hace 28 años, está en la mira de las autoridades por su participación menor en un fraude de $24 millones la década anterior. Como secretaria de una compañía de exportación e importación llamada Texon Inc., ella preparaba documentos para su jefe, quien se embolsaba dinero de préstamos recibidos fraudulentamente del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos.

Cuando las autoridades federales conocieron del fraude, Borgono cooperó. La secretaria nunca se embolsilló dinero alguno de esas actividades y ayudó al FBI a concretar el caso, que llevó a su ex jefe a pasar cuatro años tras las rejas. El 17 de mayo del 2012, Borgono aceptó una negociación de cargos y fue sentenciada a un año de arresto domiciliario, cuatro años de probatoria y la restitución de $5,000.

Trabajando dos empleos, pagó el resarcimiento y le redujeron la sentencia. Dos años después, Borgono recibió la carta que le notificó que el gobierno federal quería retirarle la ciudadanía.

La razón que el gobierno alegó es que Borgono se naturalizó después que comenzó la operación fraudulenta. Aunque no había sido acusada cuando solicitó la ciudadanía, el Departamento de Justicia alega ahora que mintió al no revelar sus actividades ilegales en la aplicación.

Con su nieta de 3 meses sobre las piernas, Ríos dijo que la familia se asombró mucho al recibir la carta porque no tenía idea de que eso fuera posible.

“Si la amenaza a su ciudadanía se hubiera planteado” durante el caso original, dijo, “habríamos acudido a los tribunales o encontrado alguna forma de luchar”.

Sanción por delitos pasados

Borgono es solamente uno de miles de ciudadanos y residentes legales de Estados Unidos que ahora pudieran verse sujetos a que le retiren la ciudadanía y los deporten por delitos pasados, algunos cometidos hace decenios.

“Me preocupa que a personas naturalizadas desde hace muchos años les revoquen la ciudadanía, y que hacer lo necesario para defenderse sea muy costoso y la gente sencillamente se dé por vencida”, dijo Matthew Hoppock, abogado de inmigración de Kansas City que le ha hecho seguimiento a los cambios en la política de revocación de la ciudadanía.

El Departamento de Seguridad Nacional planea dedicar unos $207.6 millones para identificar casos de fraude en la solicitud de la ciudadanía, además de casos de fraude por parte de residentes legales permanentes. Por su parte, con ese dinero la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) contratará nuevos agentes para la división de Investigaciones de Seguridad Nacional, así como otro tipo de personal, según el plan de presupuesto del ICE para el 2019.

El objetivo de esta ofensiva es identificar a personas que burlaron el sistema de deportación: a los que se les ordenó salir del país pero después se naturalizaron bajo otra identidad. Pero Borgono no hizo nada de eso. Y el caso del gobierno se basa en el mismo argumento central: que no reveló que había cometido un delito en su solicitud de naturalización.

La ofensiva se extiende más allá del ICE. Otra agencia del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, también está dedicando nuevos recursos a este esfuerzo y abrió una oficina en Los Ángeles específicamente para trabajar en estos casos. Además, está contratando a “varias docenas de abogados y agentes de inmigración” para esa oficina, dijo a The Associated Press L. Francis Cissna, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Hay personas trabajando en la nueva oficina desde enero del 2017, que según la agencia será el centro de la revisión de casos potenciales de revocación de la ciudadanía.

Entre 1990 y el 2017, solamente se presentaron 305 casos de revocación de la ciudadanía, a razón de un promedio de 11 por año. Sobre la base de esa iniciativa, que comenzó en el 2008 pero que se ha acelerado desde que Trump llegó a la presidencia, autoridades de inmigración ha referido más de 100 casos al Departamento de Justicia. Una nota de prensa de enero del 2018 indicó que ahora planean referir unos 1,600 casos más sobre la base de la revisión de huellas dactilares no digitalizadas de órdenes de deportación antiguas.

El número de casos se duplicó de 15 en el 2016, el último año del gobierno de Obama, a 30 en el 2017, y en lo que va del 2018 el ritmo de nuevos casos apunta a que se superará la cifra del 2017. La cantidad de casos llegó el año pasado a un nivel no visto desde principios de la década de los años 2000, cuando aumentaron sustancialmente debido al atraso en la verificación de solicitudes de ciudadanía.

Identificar a los que burlan las reglas de inmigración se ha vuelto más fácil con la base de datos de huellas dactilares de Seguridad Nacional, que hace en segundos lo que antes llevaba un día completo a un experto. Esa base de datos está incompleta y el DHS trabaja para digitalizar una gran cantidad de tarjetas de huellas dactilares, que identifica a personas que tenían una orden de deportación y posteriormente se naturalizaron o les concedieron la residencia permanente bajo otra identidad.

Y a medida que se identifican esos casos, el gobierno pide que les revoquen la ciudadanía, algunas veces sobre la base de fraude cometido hace decenios.

El nuevo personal del ICE revisará los expedientes de más de 700,000 órdenes de deportación, en busca de huellas dactilares que aparezcan en otra parte de la base de datos.

Esos 700,000 expedientes vienen de un grupo más grande de órdenes de deportación que data de los años 1990. Esos archivos fueron escogidos usando un algoritmo que excluyó a personas con menos probabilidades de haber cometido fraude de inmigración, sobre la base de, por ejemplo, su avanzada edad, según el Departamento de Justicia. Varios miles de casos ya han sido identificados para estudiarlos más a fondo.

Y en momentos en que comienzan a asignarse fondos a esas labores, más personas como Borgono pudieran quedar afectadas.

Defenderse en la corte o regresar al país

Cuando se presenta una demanda de revocación de la ciudadanía, las opciones de la persona son defenderse en los tribunales o regresar a su país. Ríos explicó que el único acuerdo que le ofrecieron a su mamá fue renunciar voluntariamente a la ciudadanía y regresar a Perú. La familia cree que eso sería una sentencia de muerte.

Borgono y sus hijos sufren de una enfermedad poco común llamada síndrome de Alport, que al final lleva a la insuficiencia renal. La familia ya no tiene relaciones familiares cercanas en Perú porque la madre y el hermano de Borgono fallecieron de la misma enfermedad hace varias décadas. Borgono está en la lista de trasplantes de riñón de Miami desde hace dos años y Ríos teme que su madre no pueda recibir el tratamiento adecuado, muchos menos un trasplante, si la obligan a regresar a Perú.

“A pesar de lo malo que hizo, cooperó [con las autoridades], pagó su deuda con la sociedad, ¿y ahora quieren mandarla a morir allá?”, preguntó Ríos con lágrimas en los ojos.

A Borgono, quien cumple 64 años dentro de pocos días, le queda un año para jubilarse. En este momento trabaja de secretaria, y con el nacimiento de su primera nieta, quiere dedicarse a ayudar a criar a la pequeña Isabel.

La historia de la familia es la tradicional de muchos inmigrantes. Borgono vino a Estados Unidos legalmente en 1989 con su hijo, que entonces tenía 13 años, y su hija, de 7. Trabajó muchas horas limpiando oficinas y en otros empleos poco remunerados hasta que se hizo secretaria.

“Yo amo este país porque nos recibió con los brazos abiertos”, dijo Ríos. “Cuando nos naturalizamos fue un momento de mucho orgullo”.

Borgono crió sola a sus hijos. Los dos estudiaron en la universidad: su hijo se gradúa pronto de arquitecto y su hija es vicepresidenta de Recursos Humanos en una estación de televisión.

Durante la audiencia de sentencia en el 2012, el juez se mostró compasivo con Borgono. La mujer no se benefició del fraude y había ayudado a las autoridades en el caso contra su jefe. Y varios miembros de la comunidad, incluido el sacerdote de la iglesia a la que asiste, presentaron al tribunal cartas de apoyo y fotos de sus actividades voluntarias.

“Creo que es un uso indebido de la discreción de presentar una demanda de revocación de la ciudadanía contra Norma”, dijo Pat Dray, quien la defendió en el caso de fraude original. “Especialmente a la luz del hecho de que cooperó con el gobierno”.

Pero identificar de esta manera a los que cometieron fraude hace muchos años, dicen funcionarios del ICE, envía un mensaje a los que estén pensando en hacerlo.

“De la misma manera que en el pasado era muy fácil engañar al gobierno, ahora es muy fácil para el gobierno identificar a los que cometen fraude”, dijo John Tobon, subagente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami. “De manera que espero que la gente piense que el riesgo de que los identifiquen es real y decidan no hacerlo”.

El presupuesto del ICE indica que habrá 1,184 empleados trabajando específicamente en casos de fraude, incluidas 512 nuevas plazas. Tobon explicó que las nuevas contrataciones ocurren después de cinco años en que no se contrató a nadie.

Hasta el momento, la mayoría de los casos presentados por el gobierno de Trump son personas que entraron al país ilegalmente, pero la búsqueda de individuos por otros delitos, como el de Borgono, está aumentando también.

El nuevo formulario de naturalización incluye la siguiente pregunta: “¿Ha cometido usted, o ayudado a cometer, o intentado cometer, EN CUALQUIER MOMENTO, un delito por el que NO fue arrestado?” (Énfasis en el original también). Mentir al responder esta pregunta deja a cualquier solicitante vulnerable a que le revoquen la ciudadanía y es la base para la mayoría de esos casos.

El verano pasado, la Corte Suprema escuchó un caso sobre hasta qué punto el gobierno puede usar las respuestas a esa pregunta para revocar la ciudadanía. El representante del gobierno federal alegó que podía usarlas por cualquier delito.

Media docena de floridanos han sido objeto de demandas de revocación de ciudadanía desde que Trump asumió la presidencia. Uno ya fue deportado. Y abogados de inmigración esperan que en el estado haya muchos casos más.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración expresó en un comunicado: “Nadie que haya obtenido la ciudadanía estadounidense asumiendo deliberadamente una identidad falsa puede sorprenderse de que lo hayan referido al Departamento de Justicia para revocarle la ciudadanía. El USCIS busca actos de fraude deliberado relacionado con la falsificación de documentos o el uso de identidad falsa, y hacemos un esfuerzo extraordinario para asegurar que los individuos no se vean afectados por errores, maltendidos o circunstancias especiales”.

Esta historia fue publicada originalmente el 9 de julio de 2018, 3:16 p. m. with the headline "Abuela de Miami cae en ofensiva contra naturalizados con antecedentes penales."