Abogado para la junta de tasación de Miami-Dade fue objeto de investigación
Apurados por contratar a un nuevo abogado, los miembros de la Junta de Ajuste de Valor del Condado Miami-Dade (VAB) seleccionaron a un abogado de reemplazo esta semana, aunque parece que no lo buscaron primero en Google.
Manuel Blanco estuvo involucrado en una investigación del 2009 del Inspector General de Miami-Dade que, aunque centrada en otras personas, concluyó también que él había errado como magistrado especial que decidía apelaciones de impuestos a la propiedad.
La investigación concluyó que Blanco permitió en el 2008 que una empleada judicial influyera en su decisión sobre el valor de una propiedad comercial. Blanco recomendó una reducción mayor de tasación de impuestos luego que la empleada — amiga de los dueños de la propiedad — habló con el magistrado fuera de la audiencia de apelaciones, violando las reglas de la misma.
Blanco sostiene que él fue engatusado.
“Yo no tenía idea de que nadie estaba tratando de engañarme”, afirmó el viernes.
El lunes no se mencionó para nada la investigación cuando la Junta de Ajuste de Valor se reunió durante dos horas para entrevistar a cuatro finalistas con relación al trabajo de abogado, un puesto a tiempo parcial que paga $175 por hora.
Pero el viernes por la tarde, el asesor jurídico interino Robert Tischenkel envió a los miembros de la junta un memorándum explicando en términos generales la investigación y preguntándoles si querían volver a reunirse. De lo contrario, Tischenkel llevaría a cabo la contratación de Blanco, quien todavía no ha firmado un contrato.
La junta y sus audiencias han sido objeto de escrutinio recientemente, ya que numerosas reducciones de tasación han tenido como resultado la consiguiente reducción de la entrada de fondos fiscales a las arcas del gobierno local. El que fuera por mucho tiempo abogado de VAB se retiró abruptamente hace algunos meses.
Tischenkel dijo el viernes que él no tenía conocimiento del incidente relacionado con Blanco. Dos de los cinco miembros de la junta, el comisionado condal Juan C. Zapata y el miembro de la Junta Escolar Carlos Curbelo, dijeron lo mismo.
El tercer funcionario electo del panel, la comisionada Lynda Bell, no respondió a una solicitud de comentario al respecto, aunque parece poco probable que ella hubiera sabido algo de la investigación.
Pero los dos ciudadanos particulares de la junta, Aníbal Duarte-Viera y Hani Jardack, ya eran miembros de la misma en el 2009, cuando ocurrió el incidente. Ninguno de los dos lo mencionó el lunes.
No se pudo contactar el viernes a Duarte-Viera. Pero al preguntársele si había pensado en la investigación del 2009 investigación durante la selección del lunes, Jardack dijo: “Realmente, no”.
“No creo que eso hubiera afectado realmente mi voto”, agregó. “Yo pensé que él era el más calificado”.
La junta debería proceder con la contratación de Blanco, dijo Jardack. “No creo, en mi opinión, que él haya hecho nada indebido”.
De acuerdo con la investigación, Blanco concluyó tras una audiencia matinal que el valor tasado de $574,000 de la propiedad en cuestión debía ser reducido en alrededor de $32,000.
Al final del día, después de unas 60 audiencias, Blanco habló con la empleada judicial, quien se le acercó con un documento del tasador de viviendas que supuestamente se aplicaba al caso. Eso llevó a Blanco a basar la tasación en otros $48,000, para una reducción total de unos $80,000.
“El magistrado especial Blanco admitió que había sido un error de juicio haber escuchado [a la empleada] y haberle permitido que influyera en el cambio de su decisión inicial”, afirmó el informe del Inspector General.
La empleada judicial que orquestó el incidente y fue el blanco principal de la investigación resultó despedida. Un empleado del tasador de propiedades también fue despedido, pero luego se le devolvió su puesto, y otro recibió una sanción disciplinaria.
La Junta de Ajuste de Valor acabó aprobando la recomendación original de Blanco – la primera que él presentó, y lo suspendió hasta que se completara una revista de su conducta. El fue restituido a su puesto de magistrado especial siete meses después, tras decir a la junta que él se había visto envuelto sin darse cuenta en el plan de la empleada.
“Yo no tenía razón alguna para poner en tela de juicio la documentación que me fue presentada, y no tenía razón alguna para dudar cuando [la empleada] se me acercó y me dijo, Manny, no te fijaste en esto”, dijo Blanco a la junta, según una transcripción de la audiencia de restitución.
Los miembros de la junta de ese entonces estuvieron de acuerdo, señalando que Blanco tenía 17 años de experiencia como magistrado especial y nunca había tenido ningún problema.
Blanco dijo el viernes que había esperado que el tema saliera a relucir en la reunión del lunes para la selección del abogado y se había preparado para responder cualquier pregunta.
“Creo que todo esto tiene motivaciones políticas”, dijo del hecho de que la investigación hubiera salido a relucir después de su nombramiento. El no quiso dar detalles, pero sugirió que un finalista que no consiguió el puesto podría estar “dolido”.
Una serie de agentes de apelaciones en la reunión del lunes se opuso al nombramiento de uno de los finalistas, un equipo de dos abogados con relaciones en el mundo de la política. Joseph Ruiz, el asesor jurídico general del tasador de propiedades, y Robert Fernández, un abogado electoral, acabaron siendo rechazados. Lo mismo sucedió con los demás finalistas, Paul Lester y Robin Willner.
Los miembros de la junta votaron por unanimidad a favor de Blanco, destacando su experiencia combinada tanto en la evaluación de propiedades como en las apelaciones de tasación.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de septiembre de 2014, 10:25 a. m. with the headline "Abogado para la junta de tasación de Miami-Dade fue objeto de investigación."