DANIEL SHOER ROTH: Mesa de billar en la Corte

Sobre el fieltro de la mesa, las bolas de la corrupción pública en Miami golpean los laterales del sistema judicial rodeado de amortiguadores. La Fiscalía a veces falla en embocar la bola en la tronera anunciada. En otros lanzamientos, golpea la tronera pero la bola rebota. Los políticos imputados, por su lado, puede que expulsen la bola 8 de la mesa en cualquier momento del juicio, perdiendo la partida. O si sus conductas son antiéticas por el uso de tácticas en detrimento de la ciudadanía, el juez ejerce el derecho de descalificarlos y darles albergue en la penitenciaría.

En la contienda de mayor relevancia por ser los acusados estrellas del estamento político del Gran Miami, la pizarra se encuentra empatada a dos anotaciones por bando.

La Fiscalía de Miami-Dade se remontó esta semana al ejecutar una tacada con mayor fuerza cuando un jurado encontró culpable al ex alcalde de Homestead, Steven Bateman, de recibir compensación ilegal y ejercer ilegalmente de cabildero. El marcador no le simpatizaba desde que hace un mes, un veredicto en los tribunales favoreció al alcalde suspendido de Miami Lakes, Michael Pizzi, absolviéndolo de una serie de imputaciones por soborno.

En el plazo de apenas un año, cuatro alcaldes de gobiernos municipales han comparecido ante el juzgado por cargos vinculados a la codicia y el disfraz de la ambición personal tras la máscara del servicio público. Es una tendencia alarmante en los ayuntamientos, desveladora del indigno modus operadi que a menudo prevalece detrás de bambalinas. Además de Bateman y Pizzi, Manuel “Manny” Maroño, de Sweetwater, purga prisión por conducta corruptiva, mientras que Julio Robaina, de Hialeah, fue declarado inocente de las acusaciones de fraude.

Esta es la punta del iceberg pues, en meses recientes, funcionarios del sector público y agentes de policía han alzado su retrato, esposados, en la desacreditada galería de los antihéroes. Por citar un par de dictámenes a fines de julio: un ex empleado del Departamento de Obras Públicas de Miami-Dade, Garfield Perry, fue condenado por aceptar $150,000 en soborno de parte de un contratista del gobierno condal; un antiguo detective de Sweetwater, William García, fue sentenciado por fraude con tarjetas de crédito. El trágico listado pica y se extiende. Pero eso lo dejamos para las voluminosas Páginas Amarillas.

Ante el vendaval de perversión y miseria, la fiscal estatal Katherine Fernández-Rundle declaró el pasado lunes: “Nuestra comunidad ha estado diciendo alto y claro que no tolerará la corrupción pública”. El fallo condenatorio del jurado en el caso de Bateman, subrayó, refleja el sentir popular.

El veredicto por dos cargos graves y un delito menor dejó estupefacto al acusado –“creo que se equivocaron”, proclamó–. Probablemente, también haya hecho temblar a más de un político en el sur de Florida, específicamente a quienes anteponen al interés colectivo aquel que concierne a ellos como individuos. Estos no se postulan en aras de servir a sus electores ni del progreso de las comunidades que dirigen. Por el contrario, lo hacen para disfrutar del placer del poder y, con suerte, adjudicarse un botín en efectivo.

El clientelismo está a la cabeza de este insolente desfile que atraviesa, con algarabía, por todo el condado, generación tras generación, sin diferencias en el origen étnico, edad, género, nacionalidad o afiliación partidista de los integrantes de la comparsa salpicada de brillantina.

El caso de Bateman, ex campeón amateur de boxeo, sirve como ilustración de estas serpenteantes andanzas. Se comprobó que el alcalde recibió pagos secretos de una cadena de clínicas por sus servicios de cabildero, a $125 por hora, para completar la construcción de una nueva sede en el downtown de Homestead paralizada por carecer de una conexión a la estación de bombeo de aguas del alcantarillado de la ciudad. Edificar su propio tanque séptico representaba una inversión demasiado encarecida.

A fin de acelerar las ruedas del proyecto hospitalario y conseguir el cuño para ampliar el sistema de drenaje bajo jurisdicción del Condado, a un costo millonario para el erario, se reunió con su homólogo en Miami-Dade, Carlos Giménez, identificándose solo como líder del Ayuntamiento de Homestead, sin revelar su vínculo comercial con la entidad por la cual abogaba en favor. No cualquiera tiene privilegiado acceso a la sala de conferencias de Giménez, sostuvo la fiscal Isis Pérez. Aparentemente, otros dignatarios sí. Por eso, señores, es esencial contar con amigos –o “asesores”– que tengan influencia en las altas esferas de los gobiernos locales.

Los miembros del jurado esta vez no comieron cuento. Un alcalde no puede cumplir sus obligaciones de alcalde y al mismo tiempo cobrar a una compañía por ese desempeño. A menos que tenga dos caras y nadie las distinga.

La corrupción pública, el nepotismo entre los funcionarios municipales y el uso injustificado de fuerza por algunos efectivos del orden público destacan en el menú de la cena de los miamenses quienes, a regañadientes, ingieren estos platillos al escuchar en la televisión el choque de bolas de billar con las que juega la Justicia.

Esta historia fue publicada originalmente el 27 de septiembre de 2014, 7:49 p. m. with the headline "DANIEL SHOER ROTH: Mesa de billar en la Corte."