Tres mujeres acusaron de abuso a un policía de Hialeah. La fiscalía nunca las entrevistó

Cuando la Fiscalía Estatal de Miami-Dade decidió no acusar a un policía de Hialeah acusado de agredir y acosar sexualmente a cuatro mujeres y niñas, decisión que explicó en dos memorandos, uno de ellos de menos de una página, alegó que las mujeres eran pandilleras y una era una “bipolar que siempre se estaba escapando de su casa”.

Pero ahora la Fiscalía Estatal reconoce que los fiscales asignados al caso no entrevistaron a tres de las cuatro supuestas víctimas. A pesar de no haber hablado con ellas, los fiscales se mostraron confiados en que su testimonio no sería suficiente para asegurar una declaración de culpabilidad por agresión sexual contra el sargento Jesús “Jesse” Menocal, Jr.

Las tres mujeres pudieran haber sido un elemento crucial del caso: investigadores de Asuntos Internos de la Policía de Hialeah las encontraron gracias a pistas sobre las supuestas infracciones de Menocal. Su investigación comenzó en junio de 2015 después que una jovencita de 17 años se quejó de que Menocal trató de coaccionarla a tener relaciones sexuales dentro de una habitación sin cámara de video en la estación de policía de Hialeah.

Los investigadores sospechaban que las cuatro mujeres y niñas eran víctimas de tráfico de personas, lo que has hacía vulnerables a la coerción de agentes policiales.

No entrevistar a las supuestas víctimas es una “alerta” en una investigación que quizás no fue lo suficientemente profunda, dijo Daniel Feldman, profesor de la Universidad John Jay de Justicia Penal y ex procurador general adjunto del estado de Nueva York.

“La interrogante es si esta investigación se realizó con menos vigor que si el agresor no hubiera sido policía”, dijo Feldman. “En la inmensa mayoría de los casos, si una persona alega que fue víctima de un delito, por lo general no sería razonable no entrevistar a esa persona”.

La fiscal del caso, la fiscal estatal adjunta Johnette Hardiman, entrevistó a la primera supuesta víctima. Pero Hardiman consideró que la joven de 17 años era una persona poco fiable porque no dijo de inmediato a la Policía que era una víctima potencial de tráfico humano.

Hardiman no pareció reconocer la vulnerabilidad de la joven de 17 años ni de las otras tres supuestas víctimas, a quienes no entrevistó. En su lugar, se refirió a las otras supuestas víctimas como “pandilleras”.. Y calificó a una de ellas —una adolescente quien dijo que Menocal la obligó a practicarle sexo oral cuando tenía 14 años— de “una bipolar que se escapaba constantemente de su casa”. Sin más pruebas para apoyar esas alegaciones, la fiscal asignada al caso decidió que la investigación penal no podía proceder.

En el memorando que justificó el cierre del caso, Hardiman no objetó la credibilidad de Menocal al mismo nivel de escrutinio, y no mencionó que el policía no explicó por qué había llevado a la jovencita a la estación de policía y no presentó después un informe sobre el incidente, lo que es una infracción de las normas del departamento.

Laura Palumbo, directora de Comunicaciones del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual, dijo que las víctimas de la trata de personas son particularmente vulnerables a la agresión sexual precisamente porque los fiscales pueden mostrarse poco dispuestos a llamarlas como testigo.

“Las jóvenes que se escapan de su casa y las trabajadoras sexuales son personas que corren peligro de ser víctimas de la agresión sexual”, dijo Palumbo. “Tienen menos probabilidades de que las tomen en serio o les crean porque no las ven como la víctima perfecta”.

Shawn Hairston —abogado de la joven de 17 años, que ahora tiene 22— dijo que Hardiman lo llamó la semana pasada y le sugirió que el estado pudiera reabrir su investigación a Menocal, quien ahora es objeto de una pesquisa federal y ha negado las alegaciones de agresión sexual y conducta indebida.

“[Hardiman] dijo que se da cuenta que quizás no se prestó suficiente atención a algunas cosas” en la investigación original, dijo Hairston.

Desde que el Herald comenzó a reportar sobre esta historia, la Fiscalía Estatal no ha podido o no ha querido contestar muchas preguntas básicas sobre el caso, alegando que perdió buena parte del expediente de la investigación a Menocal. En ocasiones, la Fiscalía Estatal ha entregado información conflictiva.

Ed Griffith, portavoz de la fiscal estatal, dijo originalmente que Hardiman había entrevistado a las cuatro supuestas víctimas. Su despacho dijo más tarde que eso era falso. En su lugar, las mujeres y niñas hicieron declaraciones juradas a la Policía a un entrevistador forense especial de casos de menores, que luego fueron revisadas por Hardiman

Las alegaciones contra Menocal, con 12 años como policía, fueron serias. En junio de 2015, dos mujeres adultas y dos menores lo acusaron de agresión sexual, acoso y conducta indebida. Dijeron que las había parado en su vehículo policial y que había abusado de ellas o les había exigido que tuvieran relaciones sexuales con él. Aunque la Fiscalía Estatal declinó presentarle cargos, el equipo contra la corrupción pública del FBI y la Fiscalía Federal en Miami están investigando a Menocal bajo sospecha de que infringió los derechos civiles de las supuestas víctimas al detenerlas ilegalmente y presionarlas para que tuvieran relaciones sexuales con él.

Menocal dijo a investigadores de Asuntos Internos de la Policía de Hialeah que creía que las mujeres habían inventado las alegaciones en represalia por su trabajo policial. Pero tres de las supuestas víctimas no denunciaron los hechos por voluntad propia, sino que fueron localizadas y las convencieron de hablar con las autoridades.

“Para usted es muy difícil hablar de esto, ¿correcto?”, le preguntó Frank Peñate, detective de Asuntos Internos de Hialeah, a una jovencita que dijo que Menocal la había obligado a practicarle sexo oral cuando ella tenía 14 años.

“Sí”, dijo la menor, que tenía 15 años en el momento de la entrevista. Durante la grabación de la entrevista jurada, obtenida por el Herald, se le podía escuchar llorando.

“Necesitas un pañuelo de papel?”, le preguntó Peñate durante la declaración jurada el 18 de junio de 2015.

“Lo que usted ha hecho es muy valiente”, le dijo a la adolescente. “Muy valiente, tengo mucho respeto por usted. Esto no debe haber sucedido. Siempre hay buenas y malas persona. Desafortunadamente, algunas veces hay malas personas que se hacen policías, se hacen médicos. Hay malas personas en todas las profesiones. Pero vamos a asegurarnos de que esto no suceda más”.

La Fiscalía Estatal perdió esa grabación, junto con buena parte de otras pruebas contra Menocal.

Cuando reporteros pidieron a la Fiscalía Estatal sus registros, como parte de la investigación del Herald de cómo la Policía de Hialeah manejó las alegaciones, solo pudo entregar grabaciones de audio de una de las víctimas y un testigo; el borrador de la investigación de Asuntos Internos de la Policía de Hialeah, un informe del abogado de Menocal y un reporte noticioso de una estación local de televisión.

¿Y las declaraciones juradas de las otras tres víctimas? Se perdieron. ¿Y los videos de vigilancia que muestran a Menocal llevando otras ocho mujeres y niñas a una estación de Policía de Hialeah? Desaparecieron. ¿Y la entrevista de Menocal con los investigadores, en que negó las alegaciones de las supuestas víctimas? También se perdieron.

“Les hemos entregado todos los registros que tenemos”, indicó un responsable de registros de la Fiscalía Estatal en un correo electrónico del 31 de octubre.

“Esta oficina maneja cientos de miles de documentos en cualquier mes”, dijo Griffith, el portavoz de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, en otro correo electrónico. “Estoy seguro que no es la primera vez que se guardan indebidamente documentos de un expediente”.

Mas tarde, la Fiscalía Estatal pudo recuperar más registros de manos de la Policía de Hialeah y se los entregó al Herald, pero ninguno de los documentos mostraba qué habían hecho los fiscales más allá de revisar las evidencias y cerrar el caso. (Aunque la Policía de Hialeah entregó esos registros a los fiscales, todavía no los han entregado al Herald en respuesta a una solicitud de registros públicos presentada hace un mes).

Expertos en registros públicos han dicho al Herald que, aunque no es una infracción a las leyes estatales, extraviar documentos sobre una supuesta conducta indebida seria por parte de un servidor público, especialmente un policía, es en extremo preocupante.

Frank LoMonte, director del Centro Brechner de Libertad de Información de la Universidad de la Florida, dijo que “como asunto de ley” los fiscales debieron haberse asegurado de resguardar esos registros.

“Cuando hay un caso de este nivel de gravedad y sensibilidad, especialmente que involucra a un funcionario de gobierno, parece que se debió haber hecho un esfuerzo por resguardar estos registros”, dijo LoMonte, “porque son exactamente el tipo de caso en que las acusaciones se acumulan [con el tiempo]. ... No cabe duda que uno no quiere enterarse cuando sale a relucir una cuarta, quinta o sexta persona acusadora, que se destruyó el resto de los documentos”.

El jefe de la Policía de Hialeah, Sergio Velázquez, confirmó en una conferencia de prensa la semana pasada que Menocal fue “relevado de su autoridad policial” anteriormente este año debido a una investigación de FBI sobre su conducta. Velázquez había relevado de funciones a Menocal en junio de 2015 —después de la primera alegación de agresión sexual— pero decidió reintegrarlo a sus labores en la calle incluso antes que la Fiscalía Estatal lo exonerara oficialmente el verano de 2016. A Menocal le dieron entonces un aumento de sueldo de 4.5%. Velázquez, quien defendió la manera en que manejó el caso de Menocal, dijo salió relucir “nueva información” que llevó a la pesquisa federal. Pero no dijo cuál era la información nueva.

Griffith no explicó exactamente cómo se perdieron los registros cuando estaban bajo la custodia del estado.

Agregó que cuando Hardiman declinó presentar cargos de agresión sexual y apresamiento ilegal contra Menocal el 12 de agosto de 2016, la fiscal envió una copia del archivo de Menocal a la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal en Washington DC.

También entregó muchos de los registros en el expediente al grupo de trabajo sobre Tráfico de Personas de la Fiscalía Estatal, según Griffith, quien añadió que un investigador de la Fiscalía Estatal llevó los registros a la sede del grupo de trabajo pero algunos se perdieron más tarde. Entre los registros perdidos estaban las declaraciones de tres de las cuatro supuestas víctimas de Menocal a los investigadores policiales.

Griffith dijo al Herald que Hardiman entrevistó a todas las supuestas víctimas pero no ofreció documentos que mostraran que las entrevistas en verdad ocurrieron.

El jueves ya tarde, cuando se le presionó sobre si Hardiman en verdad había entrevistado a todas las mujeres, Griffith hizo una declaración falsa. En una entrevista con otro portavoz de la Fiscalía Estatal, se dijo al Herald que solamente una de las supuestas víctimas fue entrevistada por Hardiman. Una segunda supuesta víctima dio una declaración a un “entrevistador especial forense de casos de menores” de la Fiscalía Estatal, con quien Hardiman habló más adelante. Otras dos supuestas víctimas no fueron entrevistadas por Hardiman, aunque la fiscal habló con un detective de Asuntos Internos de la Policía de Hialeah sobre las declaraciones juradas de las víctimas a la Policía.

En uno de los memorandos que justificó el cierre de la investigación, Hardiman incluyó escasos detalles sobre las alegaciones de agresión sexual de tres supuestas víctimas contra Menocal. El memorando era impreciso en algunos detalles como referirse a las víctimas como “jovencitas [y] adolescentes”. De hecho, una era una mujer de 30 años y la otra tenía unos 25.

En un segundo memorando, Hardiman incluyó más detalles sobre la cuarta supuesta víctima, pero la fiscal determinó que la joven de 17 años era poco creíble. Aunque la menor dijo cuando Menocal la paró estaba en la zona para recoger un cheque, en realidad, ella y otra mujer estaban allí para encontrarse con alguien que había respondido a un anuncio en Backpage, una página digital ya desaparecida usada con frecuencia por traficantes de personas. Hardiman dijo en el memorando que no confiaba en poder probar los cargos en un tribunal “más allá de una duda razonable” sobre la base de la evidencia a la mano.

Griffith no respondió cuando se le preguntó si la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, estaba dispuesta a dar una entrevista sobre cómo su despacho había manejado el caso.

Legalmente, las fiscalías estatales en la Florida tienen la obligación de conservar los expedientes de investigaciones solamente un máximo de un año. Pero no impide que los fiscales resguarden expedientes mucho más tiempo.

Palumbo, la directora de Comunicaciones del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual, dijo que las sobrevivientes de agresiones sexuales deben esperar que la policía maneje las pruebas de sus casos con todo cuidado.

“Cuando se pierden pruebas y documentos, eso sugiere que no se han manejado con respeto”, dijo Palumbo. “Eso envía un mensaje de que los informes sobre agresiones y conducta sexual indebida no se toman en serio”.

Esta historia fue publicada originalmente el 22 de noviembre de 2019, 4:52 p. m. with the headline "Tres mujeres acusaron de abuso a un policía de Hialeah. La fiscalía nunca las entrevistó."