Auditoría: Florida debe finalizar su contrato de atención médica privada para reclusos
En un sorprendente revés para la tendencia a privatizar las cárceles de Florida, una auditoría independiente concluye que el Estado está perdiendo dinero y enfrentando un litigio debido a su decisión de poner su sistema de salud de las prisiones en manos de contratistas privados.
La auditoría, solicitada por el Senado de Florida en el presupuesto estatal 2019-20, recomienda que el Estado finalice su contrato de atención médica privada y opte por hacer el trabajo por sí mismo o inicie un acuerdo para obtener atención médica a través de los hospitales docentes del sistema universitario.
El Estado ahorraría entre $40 y $46 millones al año, dijo CGL Companies, una firma nacional de consultoría de prisiones que realizó la auditoría.
Esos ahorros llegarían en un momento en que el Departamento de Correcciones de Florida (FDC, en inglés) se ve acosado por problemas, desde una rápida rotación y oficiales correccionales sin experiencia hasta instalaciones en ruinas y una población de presos cada vez más violenta, drogadicta y propensa a las enfermedades mentales.
El secretario de la FDC, Mark Inch, advirtió que el “status quo no es sostenible” y solicitó a la Legislatura una inyección de $113 millones de dinero fresco para aumentar el pago y retener a los oficiales, reducir las horas extra y llenar las vacantes.
Pero por primera vez, los auditores muestran cuántos de los problemas han sido autoimpuestos por el estado. En los últimos 10 años, el ex gobernador Rick Scott y los legisladores estatales extrajeron millones del sistema penitenciario, primero al pasar de turnos de 8 a 12 horas para recortar 3,700 empleos, luego con un impulso para privatizar las cárceles y la atención médica en las prisiones.
La auditoría explica cómo los ahorros a corto plazo, realizados entre el 2011 y el 2014, ahora están costando millones a los contribuyentes y llevando a demandas colectivas exitosas en nombre de los reclusos.
“Los contratos que el Departamento realizó entre el 2012 y el 2015, aunque ahorraron cantidades sustanciales de dinero, dieron como resultado reducciones sustanciales en el servicio”, dijo Karl Becker, vicepresidente senior de CGL Companies y uno de los autores de la auditoría.
Esas reducciones incluyeron “puestos vacantes, no se pudo llevar a los reclusos enfermos para que vieran a los proveedores de salud locales, y esto condujo a una acumulación de problemas médicos y de salud mental y probablemente ha contribuido al litigio que el Departamento ha sufrido en los últimos años”, Dijo el miércoles al Subcomité de Asignaciones del Senado sobre Justicia Penal y Civil.
“Ahora probablemente se está pagando por esos ahorros que se lograron durante ese tiempo” a través de demandas y mayores costos, dijo.
Los auditores dijeron que solo en el año fiscal actual, el estado deberá gastar $39 millones en gastos adicionales de atención médica como resultado de demandas judiciales sobre programas de salud mental, tratamiento de hepatitis C, atención de hernias y tratamiento de discapacitados que probablemente fueron motivados por la historia “complicada” del Estado con los servicios de atención médica para reclusos.
En un resumen de esa historia, los auditores describieron cómo la Legislatura ordenó por primera vez que FDC se trasladara a un sistema de atención médica privada en el 2001, pero solo para la Región 4, la parte del Estado que cubre las cárceles en el sur de Florida.
El estado otorgó el contrato a Wexford Health Services, que recibió una tarifa que supuestamente supondría un ahorro de costos para el estado. Pero después de numerosos problemas con el rendimiento, el estado finalizó el contrato en el 2005 y de nuevo se ocupó por sí mismo de la atención médica.
En el 2011, después de que el entonces gobernador. Rick Scott prometiera recortar $1,000 millones del Departamento de Correcciones, los legisladores nuevamente ordenaron a FDC que privatizara la atención médica de los reclusos. Wexford Health Services y Corizon LLC ganaron las ofertas, y el costo por reemplazar el servicio médico que proveía el Estado disminuyó un 12 por ciento, dijeron los auditores.
Para lograr los ahorros requeridos, los vendedores “redujeron el gasto al mantener niveles más bajos de personal de atención médica” y eso “condujo a serios problemas de desempeño en ambos contratos”.
Los auditores dijeron que los contratistas privados redujeron la dotación de personal, disminuyeron drásticamente las sesiones de atención externa para los reclusos, con lo que aumentó el número de quejas presentadas por los reclusos sobre la mala calidad del servicio de atención médica.
Los inspectores de la FDC expresaron su preocupación por “el nivel de atención médica y mental” y el gasto estatal por recluso disminuyó a uno de los más bajos del país, según la auditoría.
También aparecieron historias de una atención horrible para los reclusos y los contratistas de atención médica comenzaron a presentar cientos de demandas.
En el 2010, a Randall Jordan-Aparo, un recluso que padecía un trastorno sanguíneo genético, se le negó atención médica y, cuando se quejó, los funcionarios de la Institución Correccional Franklin lo obligaron a ingresar a una celda de aislamiento y lo gasearon hasta que ya no pudo respirar. En el 2016, Darren Rainey, un interno de 50 años de la Institución Correccional de Dade, con una historia de enfermedades mentales, murió después de ser encerrado en la ducha por los guardias de la prisión como castigo, y escaldado con agua caliente durante una hora.
Cuando FDC retrocedió en medio de informes cada vez mayores e inspecciones problemáticas, Corizon y Wexford afirmaron que “no se les proporcionó suficiente información para proyectar con precisión los costos, lo que resultó en los problemas de servicio que se desarrollaron”, dice la auditoría.
Corizon rescindió su contrato con el estado en el 2016 y, en el 2017, cuando las inspecciones mostraron “serios problemas de rendimiento en el Centro de Recepción del Sur de Florida”, el estado rescindió el contrato de Wexford.
Para el 2016, el estado tuvo que luchar para encontrar nuevos contratistas de atención médica, y presentó solicitudes de ofertas varias veces, tratando de atraer a posibles proveedores. Encontró un solo postor, Centurion.
“Básicamente no hubo competencia” y eso es “lo peor de ambos mundos”, dijo Becker. “No tienes competencia. Los costos aumentan, y también pagas administrativos y ganancias a un vendedor “.
Centurion fue el único postor que respondió, y ahora tiene un contrato de tres años hasta el 2022 para proporcionar todos los servicios de atención médica a los reclusos en todo el estado. Pero es costoso.
El contrato cuesta $421 millones anuales y permite a la compañía transferir todos los costos de atención médica al estado y cobrar una tarifa del 11.5 por ciento por administración y ganancias, dijeron los auditores.
“La situación se ha estabilizado en la actualidad”, dijo Becker. “Existe un consenso general en que Centurion está haciendo un buen trabajo en comparación con los dos últimos contratos”.
Pero debido a la ausencia de opciones competitivas de mercado en Florida, recomendó que el estado considere la transición a tener una escuela de medicina universitaria que administre la atención médica de los reclusos o que devuelva la atención médica a un modelo de proveedor administrado por el estado.
Un modelo de proveedor estatal podría ahorrar $46 millones al “eliminar la administración y las ganancias pagadas al vendedor”, dijo. Un modelo universitario podría ahorrar alrededor de $40 millones al año. Pero también hay inconvenientes, como atraer suficiente talento y personal para reanudar un programa de salud estatal.
El senador Jeff Brandes, republicano por St. Petersburg, presidente de la Subcomisión de Asignaciones del Senado para Justicia Criminal y Civil, dijo que quiere considerar las opciones.
“Estamos metidos en un acuerdo de tres años con el proveedor actual, pero necesitamos poner todas las opciones sobre la mesa y explorar la opción de la universidad”, dijo. “Hay potencialmente otros beneficios para eso y lo hemos visto funcionar en otros estados”.
La Universidad de Texas y Texas Tech, por ejemplo, comenzaron a manejar la atención médica de la prisión como parte del intento de ese estado de escapar de los costosos litigios. “Ha sido tremendamente exitoso”, dijo Becker.
Nueva Jersey y Georgia utilizan programas similares e Illinois y Virginia lo están investigando. Pero Connecticut suspendió su asociación universitaria después de que la universidad quisiera salir de ella.
Florida se ubica en el extremo inferior en términos de atención por recluso, con un costo promedio $4,050, comparado a un costo nacional de $5,783. El costo de Florida es comparable a la mayoría de los estados grandes del país, dijo Becker.
Cuando el estado privatizó todos los servicios de atención médica de las prisiones en el 2012, provocó una disminución del gasto del 9 por ciento entre el 2009 y el 2014. Pero desde el 2014-15, los costos se han disparado en un 54 por ciento, según la auditoría.
La atención médica ahora consume alrededor del 21 por ciento de todos los costos de las cárceles de Florida, lo mismo que la mayoría de los otros estados. Pero en Florida, el aumento se debe a la “desalineación entre los niveles de financiación y las necesidades de servicio”, dijo Becker.
El envejecimiento de la pobl;ación carcelaria también impulsa el costo de la atención médica. La edad promedio de los reclusos en Florida es de 37 a 38 años, una de las más altas del país, según la auditoría.
En los últimos 10 años, el número de internos mayores de 50 años ha crecido en un 77 por ciento, a pesar de una disminución en la población carcelaria en general. Al 30 de junio del 2019, más del 27 por ciento de la población penintenciaria de FDC tenía 50 años o más, superior a la de cualquier otro estado.
La auditoría también señaló que Florida tenía una tasa más alta de enfermedades y mentales crónicas entre los reclusos, lo que exacerba la presión por los servicios médicos. Los costos de los medicamentos también están aumentando, sustancialmente para los medicamentos contra la hepatitis C. Si bien el aumento en el costo de los medicamentos no es exclusivo de Florida, los auditores notaron que, debido a que los contratistas privados retuvieron el tratamiento para la hepatitis C y las hernias, se complicaron las condiciones para muchos reclusos, lo que hace que su costo sea hoy exponencialmente más caro.
Inch, el secretario de la FDC, describió la auditoría como “bastante precisa”, pero dijo que le correspondía a la Legislatura decidir en qué dirección quería ir.
Esta historia fue publicada originalmente el 15 de diciembre de 2019, 3:05 p. m. with the headline "Auditoría: Florida debe finalizar su contrato de atención médica privada para reclusos."