Federales cumplen órdenes de registro en Florida sobre asesinato de presidente haitiano
Decenas de agentes federales se desplegaron el martes por el sur de Florida para llevar a cabo las primeras órdenes de registro relacionadas con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, centrándose en dos empresarios locales que las autoridades haitianas sospechan que financiaron y entrenaron al grupo de colombianos y otros implicados en su asesinato.
Equipos de agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional se concentraron en cinco lugares de Doral, Westchester y Weston, en Miami-Dade y Broward, para recopilar registros financieros y otros documentos como parte de una investigación federal sobre si participaron a sabiendas en el apoyo al asesinato de Moïse en su residencia el 7 de julio.
La investigación federal, a cargo de la División Antiterrorista de la fiscalía federal, trata de determinar si las empresas locales se confabularon para proporcionar el “apoyo material” que resultó en el asesinato de Moïse o cualquier otro delito, como infracciones a las leyes de exportación, según fuentes familiarizadas con la investigación.
Los agentes federales han tenido dificultades para encajar las piezas de la investigación porque hasta ahora no hay señales de que empresarios del sur de la Florida estén implicados en la muerte del presidente, aunque la Policía Nacional de Haití los ha identificado como posibles colaboradores en el asesinato. No se ha descubierto ninguna evidencia que demuestre que sabían algo sobre el complot para matar a Moïse, dijeron al Miami Herald varias fuentes familiarizadas con la pesquisa.
El FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y la fiscalía federal declinaron hacer declaraciones.
La operación conjunta incluyó registros en los domicilios y oficinas de Antonio Intriago, jefe de CTU Security en Doral, y de Walter Veintemilla, corredor de préstamos propietario de Worldwide Capital Lending Group que vive en Weston. Se ejecutó otra orden de registro en West Flagler Street, en Westchester.
Las autoridades haitianas dicen que sospechan que Intriago entrenó a colombianos, haitianos y otras personas en un presunto complot para asesinar al presidente de Haití y que la empresa de préstamos de Veintemilla proporcionó fondos para pagar el entrenamiento. La policía haitiana dice que Christian Emmanuel Sanon, un médico que ha vivido en Haití y en el sur de Florida durante los últimos 25 años, estaba detrás del complot y quería asumir el cargo de presidente.
Los abogados de Intriago dijeron el martes que estaban sorprendidos de que los agentes federales registraran la casa y la oficina del empresario porque Intriago estaba cooperando con ellos desde el asesinato de Moïse, incluyendo la entrega de su teléfono móvil y su computadora a Investigaciones de Seguridad Nacional.
“Estamos haciendo todo lo posible para demostrar que nuestro cliente no tiene nada que ver con este asunto”, dijo el abogado Gilberto Lacayo. “Nuestro cliente no se está escondiendo. Está tratando de limpiar su nombre”.
El veterano abogado Joseph Tesmond, que trabaja con Lacayo, dijo que la Policía haitiana se ha equivocado completamente al involucrar a Intriago en su investigación. Mientras tanto, Intriago, un emigrante venezolano, “ha cooperado al cien por ciento” con las fuerzas del orden federales en el sur de la Florida, dijo Tesmond.
Tesmond dijo que Intriago obtuvo dos préstamos de la compañía de préstamos de Veintemilla, uno el año pasado para las operaciones generales de CTU y otro de $172,000 esta primavera para proporcionar seguridad a Sanon en su intento de convertirse en el próximo presidente de Haití. Dijo que el objetivo de Sanon era mejorar la vida de los haitianos a través de proyectos de infraestructura para la energía, el agua y otras necesidades básicas, al tiempo que buscaba la presidencia en una transición pacífica del poder.
Tesmond dijo que Intriago y su empresa CTU esperaban obtener más “oportunidades de seguridad” en Haití.
Intriago no ha hablado públicamente desde el asesinato de Moïse. Intriago había dicho a miembros de la comunidad venezolana en el exilio que había sido policía antes de llegar a Estados Unidos. En los últimos años, impartía capacitación sobre armas de fuego, clases de seguridad personal en el sur de la Florida y vendía equipos de protección corporal.
Robert Nicholson, abogado privado de Veintemilla, un emigrante ecuatoriano, dijo que su cliente hizo poco más que intermediar en un préstamo para CTU Security y más tarde recaudó menos de $200,000 de prestamistas privados para lo que pensó que era un esfuerzo para crear energía renovable a través del liderazgo de Sanon, un pastor haitianoamericano, quien además es médico.
Sanon fue detenido en Haití y acusado desde el principio de ser el presunto autor intelectual del asesinato. Había hecho circular entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Caucus Negro del Congreso una petición supuestamente firmada por líderes evangélicos en la que se pedía que Sanon fuera nombrado presidente interino de Haití.
Los registros federales en las casas y oficinas de los dos empresarios locales ocurren en medio de la preocupación en Haití de que algunos puedan estar intentando obstaculizar la investigación o politizarla. Dos jueces y dos secretarios judiciales se han quejado de haber recibido “serias amenazas de muerte” y presiones para cambiar sus informes por parte de individuos desconocidos que los llamaron por teléfono, según fuentes y copias de una de las denuncias penales obtenidas por el Miami Herald.
Los dos secretarios judiciales han presentado una queja formal ante la Dirección Central de la Policía Judicial de Haití, que lleva la investigación en nombre de la Policía Nacional de Haití.
“El ministro de Justicia no ha hecho nada para ayudarlos”, dijo Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, quien ha estado siguiendo el caso.
Esperance dijo que se ha pedido a los secretarios que modifiquen sus informes para eliminar los nombres de dos personas e incluir los nombres de dos opositores del difunto presidente.
Esperance dijo que, además de las amenazas, preocupa que tres semanas después del asesinato del presidente, el caso siga en manos de la Policía Judicial y aún no se haya asignado a un juez de instrucción, como exige la legislación haitiana. La policía tampoco ha facilitado la información, dijo.
“Nos preocupa que estén manipulando la investigación para que tome un carácter político”, dijo.
El lunes, mientras continuaba la investigación en Haití ,las autoridades de ese país detuvieron al coordinador de la seguridad de Moïse, confirmó al Herald el abogado del hombre, Reynold Georges.
Georges dijo que no sabe en qué se basa la detención de su cliente, el comisario de la Policía Nacional de Haití Jean Laguel Civil, y que “quizá me lo digan mañana”.
Civil, que no controlaba ninguno de los efectivos del dispositivo de seguridad del presidente, pero que supervisaba su trabajo, es una de las personas con las que Moïse se puso en contacto en medio de la noche del 7 de julio, después de escuchar disparos en las inmediaciones de su residencia privada.
En el momento de su arresto, Civil ya estaba en aislamiento por orden de las autoridades judiciales, junto con otros responsables de la seguridad del presidente.
La detención de Civil ocurrió el mismo día que las autoridades haitianas anunciaron que habían emitido una orden de detención de un miembro del más alto tribunal del país en el marco de la investigación en curso.
La policía publicó un cartel de búsqueda con la imagen de la jueza del Tribunal Superior Windelle Coq Thélot en el que pide información sobre su paradero, pero no explica por qué se le busca en relación con la investigación. En una orden de arresto, Thélot está acusada de asesinato, intento de asesinato y robo a mano armada.
Esta historia fue publicada originalmente el 28 de julio de 2021, 11:45 a. m. with the headline "Federales cumplen órdenes de registro en Florida sobre asesinato de presidente haitiano."