Jóvenes detenidos en la Florida se amotinaron. Se acusó al personal de abusos. Luego, pizza para todos

Sherice Latimore iba de camino a Ikea con su hija cuando sonó su teléfono. Era una llamada del Centro Correccional Juvenil de Okeechobee La línea se desconectó, pero no antes que la persona que llamaba pudiera decirle que la quería mucho y que temía por su vida.

Era su hijo de 17 años.

Cada vez que intentaba ponerse en contacto con él de nuevo, dijo, un empleado respondía y colgaba inmediatamente, casi 20 veces. Latimore dio un giro de 180 grados para conducir desde Miami hasta la instalación de Okeechobee, un programa de alta seguridad para chicos de 13 a 21 años situado detrás de la Institución Correccional Okeechobee, una prisión estatal.

Lo que no sabía entonces, el 10 de agosto de 2020, era que se dirigía a un motín.

Alrededor de las 5:30 p.m., unos 20 jóvenes habían comenzado a arrojar los muebles, romper la iluminación, golpear las ventanas y romper las puertas de las habitaciones. Así fue como su hijo y otros pudieron llegar al teléfono de la oficina.

Trece agentes de la Policía del Condado Okeechobee fueron llamados para recuperar el control de las instalaciones. Junto con los agentes de la prisión adyacente, llegaron con perros policía y pistolas de bolas de pimienta, pero devolvieron a los jóvenes a sus habitaciones sin que hubiera heridos, según los informes del incidente.

El hijo de Latimore le dijo más tarde que participó en el motín porque era la única manera de llamar la atención sobre los constantes abusos que sufrían los detenidos allí, dijo.

“Estaban abusando de ellos”, dijo Latimore sobre el personal. “No los alimentaban. Todo lo que debían hacer, no lo hacían”.

Después de que una investigación del inspector general del Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) descubriera “posibles problemas sistémicos”, el DJJ sustituyó discretamente al operador, TrueCore Behavioral Solutions. Pero TrueCore sigue siendo un actor central en la red de justicia juvenil de la Florida, en gran parte privatizada. Sigue a cargo de otras nueve instalaciones y tiene contratos por valor de $350 millones. En uno de esas instalaciones de Miami-Dade, un empleado de TrueCore fue detenido este año acusado de abusar sexualmente de una detenida.

Los registros del Departamento de Justicia Juvenil revisados por el Miami Herald muestran que, en los meses previos al motín, los chicos reportaron haber sido amenazados, golpeados, sometidos y asfixiados por el personal. Todas esas denuncias se consideraron “no concluyentes” o “sin fundamento” cuando el personal las negó, y las investigaciones se cerraron sin que se adoptara ninguna medida.

Un miembro del personal supuestamente fracturó la mandíbula de un joven en una celda de observación no vigilada, donde los jóvenes dicen que a quienes se les percibe como alborotadores son golpeados por el personal como castigo. Algunos jóvenes denunciaron haber sido aislados solo por pedir que se reportaran los abusos.

Los jóvenes que querían reportar la mala conducta del personal a la línea directa de abuso infantil del Estado dijeron que fueron coaccionados para no hacerlo, ya fuera a través de amenazas o de sobornos en la forma de codiciados bocadillos.

Se falsificaban los controles de seguridad de los jóvenes y miembros del personal dijeron que se enfrentaban a la posibilidad de ser despedidos si se “delataban” a los colegas que incumplían las reglas y los procedimientos, informaron los investigadores.

Después de los disturbios, los administradores del DJJ reubicaron discretamente a todos los jóvenes y cambiaron el nombre del centro.

El defensor público del Condado Broward Gordon Weekes, que supervisó la división de menores de la oficina antes de ser elegido para el puesto principal el año pasado, escribió a la entonces secretaria del DJJ, Simone Marstiller, después del disturbio, solicitando una investigación de los supuestos abusos en la instalación. Esa es la investigación que descubrió un comportamiento preocupante por parte de los empleados de TrueCore, incluidos los principales administradores.

Weekes dijo al Herald que los miembros del personal niegan a los jóvenes el acceso a la línea de atención a los abusos con el fin de ocultar los problemas dentro de la instalación.

“No quieren que los chicos se quejen”, dijo Weekes sobre los funcionarios, “así que los amenazan, sacan a uno o dos de ellos de enfrente de las cámaras y los maltratan para enviar un mensaje a los demás”.

“¿Y qué hacen los chicos?”, preguntó. “Se pelean dentro de la instalación, o se amotinan dentro de la instalación, o rompen cosas en una instalación pues saben que alguien tiene que venir a mirar y ver lo que está pasando”.

Marstiller —quien ahora dirige la estatal Agencia para la Administración de la Atención Sanitaria— emitió un comunicado en su momento:

“Al Departamento de Justicia Juvenil de la Florida se le confía el bienestar y la seguridad de los jóvenes que residen en nuestros programas, incluidos los que residen en programas operados por nuestros proveedores contratados. ... Estos incidentes, junto con las acusaciones de mala conducta y abuso en el programa, son atroces e inaceptables”.

Añadió: “Nuestros proveedores contratados tienen el deber de garantizar que no se produzca ningún daño a los jóvenes bajo nuestro cuidado, y si no cumplen con esa responsabilidad, el DJJ emprenderá acciones para retirar a los jóvenes de un entorno inseguro”.

En una declaración al Herald, un representante de TrueCore dijo: “Muchos de los menores confiados a nuestro cuidado tienen una multitud de desafíos y nos sentimos inmensamente orgullosos de la rehabilitación y la educación con respuesta al trauma que nuestros programas les proporcionan. Desgraciadamente, en las instalaciones de TrueCore, así como en las de otros proveedores, se han producido sucesos que a veces ensombrecen el éxito alcanzado.”

El hijo de Latimore fue finalmente reubicado en el Centro Correccional de Justicia Juvenil de Cypress Creek, en Lecanto, otro centro de alta seguridad para adolescentes masculinos, también operado por TrueCore. Su puesta en libertad estaba prevista para el verano pasado.

En cuanto a todos los jóvenes acusados de participar en el motín, la Policía solicitó órdenes de arresto para cada uno de ellos por cargos de motín y delito. Pero los fiscales se negaron a presentar cargos, alegando falta de evidencia, a pesar de los videos que mostraban claramente a los detenidos lanzando sillas —en un caso golpeando a un empleado en la espalda—, intentando derribar puertas y destrozando en general la instalación.

Derechos denegados

Durante la investigación del DJJ sobre los disturbios, la oficina del inspector general preguntó a los jóvenes si se les permitía reportar el maltrato y la negligencia, como lo exigen las reglas del DJJ.

El DJJ requiere que los operadores de las instalaciones privadas permitan a los jóvenes un acceso oportuno y “sin obstáculos” a un teléfono para reportar el maltrato, “sin intimidación ni represalias”.

Cuando un joven detenido solicita acceso a un teléfono, los oficiales deben ayudar al joven a marcar ya sea el Departamento de Niños y Familias de la Florida, para los jóvenes menores de 18 años, o al Centro de Comunicaciones Central del DJJ, para los que son mayores. El oficial debe alejarse para que el joven pueda hablar en privado, y luego documentar la llamada.

En Okeechobee, sin embargo, los investigadores del DJJ descubrieron que el personal no documentaba adecuadamente si las llamadas de abuso se producían, les decía a los jóvenes que reportar no era lo mejor para ellos, e ignoraba o simplemente negaba las solicitudes.

Un joven informó de que una vez intentó llamar a la línea directa de abuso infantil del Estado para reportar que un supervisor lo había agarrado y asfixiado. Lo que obtuvo en su lugar fue una escolta a una celda de observación sin cámaras de vigilancia, dijo a los investigadores.

Allí, el joven perdió el conocimiento y cayó al suelo tras sentirse mareado, según un reporte que llamativamente no especifica qué fue lo que causó que el joven perdiera el conocimiento.

“Se despertó con numerosos miembros del personal a su alrededor”, escribieron los investigadores. “Dijo que [el supervisor] empezó a cortar parte de su jersey, tratando de insinuar que [el joven] había intentado ahorcarse de alguna manera”.

El joven nunca hizo la llamada de abuso. El personal le había convencido de que lo mejor era guardar silencio, ya que tenían “papeleo despectivo” sobre él, según dijo más tarde a los investigadores.

Otro joven recordó que se puso en contacto con un administrador varias veces para solicitar reportar un abuso y que le dijeron: “ya sabes lo que les pasó a las dos últimas personas” que reportaron abuso, según un reporte del inspector general.

Sherice Latimore dijo que su hijo le contó una historia similar. Dijo que un miembro del personal se negó a su solicitud de llamar a la línea directa de abusos y se burló de él: Recuerda lo que le pasó al último “jit” que lo pidió, dijo el funcionario, utilizando una palabra del argot del sur de la Florida para referirse a un niño, o a un joven miembro de una pandilla.

El hijo de Latimore vio claramente el comentario como una amenaza, dijo, debido al joven que había salido de una celda de observación con la mandíbula fracturada.

El reporte sobre la investigación posterior al motín también mencionó la acusación de fractura de mandíbula, señalando que se carecía de evidencia directa porque no había imágenes de vigilancia.

Según las reglas del DJJ, los jóvenes detenidos deben poder presentar una queja por escrito, o una reclamación, a los administradores de la instalación. Pero cuando el Herald pidió a los dirigentes de TrueCore que presentaran las quejas de Okeechobee de 2020 en virtud de la ley de registros públicos del estado, la empresa dijo que no había ninguna.

Sin embargo, en su propia investigación, el inspector general del DJJ mencionó varias quejas presentadas en el centro, incluidas las relativas a alimentos crudos e inadecuados que hacían perder peso a los chicos. Cuando se le pidió, el DJJ no proporcionó al Herald copias de las quejas presentadas en el complejo, sino que remitió a un reportero del Herald de nuevo a la empresa.

Un joven dijo a los investigadores que, en efecto, se habían presentado otras quejas, pero que alguien del programa las había tirado.

Ese mismo año, el Departamento de Niños y Familias recibió 29 reportes de abuso sobre jóvenes menores de 18 años en el centro. Esos reportes generaron 10 investigaciones, sin que ninguna de las quejas fuera corroborada. El Herald revisó 12 reportes separados de abuso de jóvenes de 18 a 21 años que fueron hechos por medio de llamadas al Centro Central de Comunicaciones del DJJ en los tres meses previos al motín.

En respuesta a las preguntas del Herald sobre las acusaciones de maltrato en las instalaciones de TrueCore, un representante dijo que la compañía ha hecho cambios desde el motín de Okeechobee, como incorporar el servicio de comidas en la instalación y enviar técnicos para comprobar que los teléfonos del centro funcionan correctamente para que los jóvenes puedan reportar el abuso.

“Estamos seguros de que estas acciones han mejorado la moral de los niños durante un periodo increíblemente difícil en el que no podían recibir las visitas de sus familias debido a las restricciones del COVID”, dijo el representante.

Historial problemático

La relación entre TrueCore y el DJJ se remonta a décadas atrás. La empresa se fundó en Virginia en 1996, con el nombre de New Century Corrections. En el cuarto de siglo siguiente, la empresa cambió de nombre tres veces, primero a Securicor New Century y luego a G4S Youth Services, en ambos casos como filial de la empresa internacional de seguridad privada G4S.

Más recientemente, cuando G4S vendió G4S Youth Services a BHSB Holdings Inc, un proveedor de servicios sanitarios para menores propiedad de un grupo inversor, por $56.5 millones en efectivo, en 2017, el nombre de la filial cambió a TrueCore Behavioral Solutions, que sigue gestionando centros de menores en Texas, Tennessee y Pennsylvania, así como en la Florida.

Los reportes de abuso fueron prolíficos bajo ambos propietarios.

En una investigación de 2017 sobre el siempre problemático sistema de justicia juvenil de la Florida, llamada Fight Club, el Herald detalló numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza en las instalaciones de Okeechobee, así como el uso desenfrenado de “recompensas” por parte de los oficiales en todo el sistema de justicia juvenil para animar a los jóvenes a atacar a otros detenidos que eran considerados problemáticos.

Una de las recompensas para los jóvenes que impartían disciplina en nombre de los oficiales era el bollo de miel común, y los ataques a menudo eran denominados por los jóvenes honey-bunnings”.

En 2015, en un centro distinto pero cercano, el Centro de Desarrollo Juvenil de Okeechobee, un joven de 18 años se enfadó tanto porque un miembro del personal orquestaba ataques contra él que se subió al tejado de la escuela del programa, según un reporte. Fue durante una violenta tormenta eléctrica. Le cayó un rayo, y sobrevivió pero sufrió una pérdida de audición permanente.

Ese mismo año, el detenido de 17 años Elord Revolte fue ultimado a golpes en el Centro de Detención Juvenil Regional de Miami-Dade, operado por el estado, en lo que los fiscales federales alegaron que fue un ataque coordinado por un miembro del personal.

El funcionario fue finalmente absuelto.

Otros programas operados por G4S y TrueCore han suscitado el escrutinio de la policía, los fiscales y los padres. Algunos padres han presentado demandas alegando malos tratos. En 2017, citando edificios en mal estado y personal “lamentablemente mal entrenado y mal equipado”, un jurado de instrucción del Condado Polk calificó a Highlands Youth Academy, entonces operada por G4S, de un “fracaso de la misión del DJJ”. Eso fue cuatro años después de que un motín en la instalación, entonces conocida como Avon Park Youth Academy, la dejara en ruinas.

El cambio de nombre no arregló las cosas. En 2017, tres administradores de Highlands fueron arrestados por cargos de negligencia infantil, abuso infantil y manipulación de evidencia. Los registros judiciales del Condado Polk muestran que uno de los acusados murió antes de que los cargos pudieran ser adjudicados. Ninguno de los otros dos cumplió condena.

El programa TrueCore de Highlands/Avon Park se cerró permanentemente en 2019.

Después de que el motín de Okeechobee hizo que se suspendiera el contrato de TrueCore allí, la compañía ofreció a muchos de los empleados nuevas colocaciones en sus otras instalaciones de la Florida.

El DJJ también desplegó “equipos de ataque” en las instalaciones operadas por TrueCore para, en palabras de la agencia, “comprobar si estos programas están proporcionando un entorno seguro y libre de abusos que está impulsado por la cultura positiva del programa y la normalización”.

Andrea Costello, directora del Proyecto de Servicios Legales Institucionales de la Florida, dijo que el DJJ proporciona poca supervisión de sus programas contratados, y permite a los proveedores simplemente empezar de nuevo cuando son sorprendidos abusando de los niños. Cuando los proveedores se ven obligados a cerrar un programa, dijo, “solo hacen exactamente lo mismo, aparecen con un nombre diferente”.

Y cuando se producen abusos, añadió Costello, el DJJ hace un mal empleo de la vigilancia propia y de sus proveedores. “Cuando ellos mismos [investigan], reúnen un equipo, seleccionan el equipo, y luego el equipo viene y el equipo dice que todo está bien”.

El domicilio que una vez perteneció al Centro Correccional de Justicia Juvenil de Okeechobee operado por TrueCore, ahora dirige la Academia Juvenil Everglades, un programa operado por Youth Opportunity Investments para chicos de 13 a 21 años. Al menos cinco antiguos empleados del anterior centro seguían trabajando allí, según las listas de ambas empresas.

Los equipos de ataque, formados por investigadores del Inspector General y empleados de la división residencial del Departamento de Justicia Juvenil, entrevistaron a los jóvenes de las instalaciones de TrueCore en todo el estado, preguntándoles cómo les trataban los agentes y si se sentían seguros.

La mayoría de los jóvenes detenidos reportaron sentirse seguros. Sin embargo, cuando se les preguntó si había algo más que quisieran compartir, los jóvenes reportaron abuso verbal y físico, que se les impidió presentar reportes de abuso, que tuvieron que compartir afeitadoras eléctricas sin desinfectar, que la comida era inadecuada y que el personal escuchaba sus llamadas telefónicas.

En la Central Pasco Girls Academy, los equipos de ataque escribieron que una joven dijo que el personal le ofrecía bocadillos y productos de higiene “para maldecir a alguien, golpear a alguien”.

Una joven de la Hastings Youth Academy dijo: “Si no le caes bien al personal, no podrás [hacer] llamadas de abuso”.

Y en la Miami Girls Academy, otra joven dijo: “El personal no trata bien a las niñas, el personal maldice a las jóvenes, no se preocupan por el tratamiento, solo están aquí por un cheque de pago”.

En un programa de Tampa, casi uno de cada cuatro jóvenes se negó a participar en la encuesta. “No quiero hablar con el DJJ y ser un delator”, dijo uno.

En resumen, sin embargo, el DJJ encontró “una respuesta abrumadora por parte de los jóvenes de que su respectivo programa estaba proporcionando un ambiente seguro y protegido”, dijo la portavoz del DJJ Amanda Slama.

‘Si delatas, pierdes el empleo’

Las celdas de observación en la instalación de Okeechobee se crearon como último recurso para situaciones en las que el cambio repentino de comportamiento de un joven pudiera ponerlo en peligro a él o a otros. Las celdas nunca fueron concebidas como un castigo, según la política del DJJ.

La política del DJJ requiere que los jóvenes en este tipo de aislamiento sean monitoreados continuamente con “controles de seguridad” para asegurar que no estén en peligro. Las esposas deben ser retiradas en 15 minutos cuando los jóvenes son colocados en las celdas de observación si los jóvenes permanecen tranquilos.

Sin embargo, varios jóvenes dijeron a los investigadores del DJJ que, la noche de los disturbios, se les dejó esposados y con grilletes en las celdas de observación durante horas sin ser observados.

Al comparar los reportes de control de seguridad y las imágenes de vigilancia de la zona cercana a las celdas de observación, los investigadores determinaron que “parecía haber una práctica [regular] en ocasiones de que el personal recreaba los formularios de control de seguridad”.

Los investigadores que investigan el motín preguntaron a un trabajador de atención a los jóvenes por qué no habló cuando vio que sus colegas escribían declaraciones falsas sobre incidentes en el centro. “Las cosas suceden cuando hablas”, dijo. “Si delatas, pierdes el empleo”.

Los investigadores dijeron que el personal también manipulaba situaciones para poner a los jóvenes en observación. En mayo de 2020, un joven se había enfadado durante una sesión de tratamiento, pero luego se calmó lo suficiente como para sentarse en una silla. No mostraba signos de agresión en las grabaciones de las cámaras de vigilancia, escribieron los investigadores.

El personal le ordenó que caminara a una celda de observación de todos modos. El joven contó a los investigadores que, una vez fuera de la vista de las cámaras, un supervisor le llamó “marica del Condado Broward”, le dio un puñetazo y lo sometió, presionando el lado izquierdo de su mandíbula contra el suelo de concreto. Mientras el joven era golpeado, dijo más tarde, un oficial lo sujetó y otro observó.

Ese es el joven al que se le diagnosticó la fractura de mandíbula.

Pero sin video, fue la declaración del joven contra la suya. La acusación de fuerza excesiva no se sostuvo.

Casi un mes después del motín, un joven de Okeechobee reportó a su terapeuta que un administrador le dijo que el programa estaba bajo investigación del DJJ. El administrador hizo una oferta: Si el joven accedía a “actuar” y a animar a otros a hacer lo mismo —y a echar la culpa a cualquiera que no fuera el liderazgo del programa— se le recompensaría con pizza, según un reporte.

Otros jóvenes reportaron conversaciones similares, según el reporte.

En la mañana del 9 de septiembre de 2020, el personal organizó una fiesta con pizza para los jóvenes, según los investigadores. Y esa noche, los jóvenes “comenzaron a destrozar la propiedad”.

Cinco días después, el DJJ cerró el programa TrueCore “indefinidamente”.