Hija del candidato al Congreso de Broward se declara culpable de fraude en ayuda por COVID

Un día después que su padre parecía estar ganando las primarias demócratas al Congreso, Damara Holmes, asesora política de Broward, se declaró culpable el miércoles de estafar$300,000 aun programa del gobierno federal destinado a ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia.

Holness, de 28 años, es hija del comisionado de Broward Dale Holness, quien lideraba por estrecho margen la candidatura demócrata para ocupar el escaño vacante del fallecido representante Alcee Hastings tras las primarias especiales del martes y pudiera enfrentar ahora al ganador republicano.

Damara Holness fue acusada de un cargo de confabulación para cometer fraude electrónico en agosto. Como parte de su declaración de culpabilidad por ese cargo, admitió haber mentido sobre las necesidades financieras de su negocio de asesoría en Plantation para solicitar un préstamo del Programa de Protección de Nómina (PPP) federal garantizado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) como parte del enorme paquete de ayuda del Congreso.

Holness, quien está en libertad bajo fianza desde su detención, enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión por su condena por fraude en la sentencia que se dictará el 20 de enero ante el juez de distrito Rodolfo Ruiz en el tribunal federal de Fort Lauderdale. Sin embargo, dada la cantidad de dinero que robó al gobierno, es probable que Holness reciba una pena de prisión de entre tres y cuatro años según las directrices federales de sentencia.

Holness está representada por la abogada defensora Sue-Ann Robinson, que tras la detención de su cliente la describió como una madre soltera que “a pesar de tener un padre de alto perfil ha tenido que trazar su propio camino personal y profesionalmente”.

Tras su detención, su padre se distanció de los problemas de su hija con la ley.

Dale Holness, quien fue alcalde de Broward el año pasado y se postuló contra otros 10 en las primarias especiales demócratas del martes, dijo en un mensaje de texto después de su detención que él y su hija “han estado distanciados durante muchos años”.

“Ella me ha dejado claro en múltiples ocasiones que es una adulta y como tal ha llevado sus propios asuntos”, escribió Holness en el mensaje de texto enviado al Miami Herald. “No tengo detalles de cómo condujo sus negocios”.

“Si hizo algo indebido, espero que aprenda y lo use como una lección sobre cómo conducirse mejor en la vida”, escribió.

Sin embargo, los registros públicos de la Florida muestran que Damara Holness dirigió su negocio de asesoría política en la misma oficina que el negocio inmobiliario de su padre, All Broward Realty, en 4325 West Sunrise Boulevard en Plantation. Al preguntársele por el mismo domicilio para ambos negocios, Dale Holness le respondió al Herald: “Ella nunca ha tenido ningún negocio en mi oficina ni tenía llaves de mi oficina”.

Damara Holness fue una de los miles propietarios de pequeñas empresas de la Florida y de todo el país que pidieron al gobierno federal que les echara una mano durante la pandemia, pero las autoridades dicen que engañó al sistema mintiendo sobre el perfil financiero y la nómina de su empresa.

El programa de asistencia, aprobado por el Congreso el año pasado cuando la pandemia arrasó el país, se creó para ayudar a las empresas en dificultades a solicitar préstamos garantizados por la SBA y, en última instancia, condonados. Desde su creación, bajo la CARES Act, se ha atribuido al programa de $650,000 millones ayudar a las pequeñas empresas a pagar el salario de los empleados y cubrir otros gastos generales, pero también generó decenas de casos de fraude en el sur de la Florida.

El año pasado, cuando Damara Holness era presidenta del Grupo Demócrata Afroamericano del Condado Broward, solicitó un préstamo de $300,000 para su empresa, Holness Consulting Inc. según una información penal presentada en el Tribunal Federal de Fort Lauderdale.

Para justificar la petición de su empresa, Holness afirmó en la solicitud de préstamo que la empresa empleaba a 18 personas y gastaba un promedio de $120,000 al mes en nómina, dice la información. En realidad, según el fiscal federal Jeffrey Kaplan, no tenía ningún empleado ni gastos de nómina. Fue acusada de usar formularios de impuestos de nómina fraudulentos para respaldar su solicitud de préstamo.

Un banco de Georgia que revisó la solicitud de su empresa aprobó el préstamo y transfirió los $300,000 a la cuenta de la asesora política en el sur de la Florida.

Una vez que el dinero llegó a la cuenta bancaria en julio de 2020, Holness pasó los siguientes meses creando un rastro de papel para que pareciera que Holness Consulting tenía empleados y que gastaba el dinero del PPP en gastos legítimos y aprobados, alega Kaplan en la información.

Después, Holness emitió cheques de la cuenta bancaria de su empresa a nombre de otras personas que aceptaron endosarlos y devolverlos a la asesora política, dice la información. Cobraba los cheques, pagaba unos cientos de dólares a cada uno de los endosantes de los cheques y luego se quedaba con el resto del dinero en efectivo, unos $1,000 por cheque, dijeron los agentes del FBI durante la investigación.

La actividad fraudulenta se convirtió en algo habitual durante la pandemia después que el Congreso aprobó en 2020 una ley que permitía a las pequeñas empresas y a los trabajadores desempleados solicitar prestaciones económicas en virtud de la Ley CARES.

La mayor parte de los planes de asistencia eran a través del PPP de la (SBA), que estaba destinado a ayudar a las empresas afectadas por los cierres causados por la rápida propagación del coronavirus. El programa emitía préstamos condonables si los prestatarios seguían los criterios establecidos por la SBA. Decidido a inyectar dinero rápidamente en la tambaleante economía, el gobierno federal renunció a muchos de los requisitos tradicionales que los prestamistas suelen verificar antes de conceder préstamos a las empresas.

El sur de la Florida, como la capital del fraude del país, lideró la ola de delitos financieros que siguió a la aprobación de la Ley CARES, según los fiscales federales.

En el sur de la Florida, eso incluyó a un empresario que usó el dinero del PPP para comprar un Lamborghini de $318,000, a un enfermero que supuestamente mintió sobre su negocio para obtener $474,000 que se usaron en parte para pagar el arrendamiento de un Mercedes Benz y la manutención de sus hijos, y a una pareja de los suburbios del norte de Miami que afirmó ser agricultora para tener derecho a $1 millón en prestaciones de ayuda.

La Fiscalía Federal en el sur de la Florida acusó a más de 60 personas en casos de fraude de asistencia por el COVID-19, en su mayoría relacionados con el PPP, lo que la convierte en el líder del país en este tipo de procesamientos.

Esos esquemas de fraude han sumado solicitudes de préstamos por más de $80 millones. A nivel nacional, un estudio publicado en agosto estimó que hasta 15% de los préstamos del PPP pudieron haber sido fraudulentos.

Esta historia fue publicada originalmente el 4 de noviembre de 2021, 2:03 p. m..