En respuesta a la controversia de dinero turbio, NextEra hizo una investigación interna sobre la FPL
Las recientes revelaciones sobre la participación de la Florida Power & Light (FPL) en un ardid de dinero turbio para desviar votos de los candidatos demócratas al Senado impulsaron a su empresa matriz a iniciar una investigación interna, anunció NextEra en una llamada de ganancias el martes.
El presidente ejecutivo de NextEra Energy, James Robo, respondió a una pregunta de un analista de Bank of America Securities y dijo que la compañía hizo que el presidente ejecutivo de la FPL, Eric Silagy, entregara correos electrónicos y mensajes de texto y concluyó que no había “ninguna evidencia ... de ilegalidad o de mala conducta por parte de la FPL o de cualquiera de sus empleados”.
La relación de la FPL con dos comités políticos sin fines de lucro —Grow United y Let’s Preserve the American Dream— ha sido objeto de un reciente escrutinio como parte de una investigación penal por parte de la fiscalía estatal de Miami-Dade sobre un escándalo de candidatos fantasma. Los comités fueron creados por asesores políticos que trabajaban para FPL, y con el asesoramiento de Silagy, según los artículos del Orlando Sentinel, el Miami Herald y el Florida Times-Union.
Los documentos internos obtenidos por el Sentinel muestran que Silagy usaba en sus correos electrónicos el seudónimo Theodore Hayes para comunicarse con los asesores Richard Alexander y Jeff Pitts, que controlaban Grow United, y los memorandos señalaban que uno de los objetivos era “minimizar toda la información pública de las entidades y sus actividades”.
Los documentos también mostraban que Silagy se coordinaba con los asesores políticos para dirigir las contribuciones de campaña a través de organizaciones sin fines de lucro en elecciones pasadas.
Los documentos judiciales obtenidos por el Miami Herald como parte de la investigación de la fiscal estatal han demostrado que como parte del ardid de candidatos fantasma, Let’s Preserve the American Dream pagó al ex senador estatal Frank Artiles $125,000 por “investigación” y pagó a Grow United $500,000.
Artiles enfrenta varios cargos de delitos graves por supuestamente reclutar y pagar a un distribuidor de piezas de automóviles que compartía el mismo apellido que el demócrata titular en la contienda por el Distrito 37 del Senado para postularse como candidato sin partido y “confundir a los electores e influir en el resultado” de las elecciones de 2020, según su declaración jurada de arresto. Artiles se ha declarado inocente de los cargos.
La republicana Ileana García ganó las elecciones por 32 votos. El candidato sin partido, Alexis Rodríguez, quien no hizo campaña, recibió más de 6,000 votos. Rodríguez se ha declarado culpable y ha aceptado cooperar con los fiscales.
El informe también identificó que los mismos asesores de la FPL han participado en la creación de grupos fachada para promover la agenda política de la FPL y pagaron a activistas para promover los intereses de la empresa.
Por ejemplo, Alexander, quien vive en Cullman, Alabama, no solo preside Grow United, sino que también ha estado vinculado a grupos que fueron creados para promover la agenda de las poderosas industrias azucarera y de servicios eléctricos de la Florida, según el Orlando Sentinel. También fue fundamental en la campaña política de 2019 contra la llamada campaña de petición de “opción energética”, a la que se opusieron la FPL y otras empresas de servicios públicos.
Los periódicos también informaron que a un miembro del Concejo de Jacksonville que no quería vender la compañía de servicios públicos de la ciudad a la FPL, la compañía le ofreció un empleo en un intento infructuoso de hacerlo renunciar a la comisión.
En respuesta a los artículos, la FPL ha negado repetidamente cualquier delito.
El miércoles, el portavoz de FPL, Chris McGrath, negó que la FPL estuviera involucrada en un ardid de candidatos fantasma.
“Tomamos todas las acusaciones con seriedad,y no hemos encontrado ninguna evidencia de que la FPL o nuestros empleados hayan participado, apoyado financieramente o dirigido a ningún tercero para que apoyara a candidatos ‘fantasma’ durante el ciclo electoral de la Florida del año pasado”, dijo.
El martes quedó claro que Wall Street había notado los artículos.
La llamada de NextEra con analistas
En la llamada de NextEra sobre las ganancias del cuarto trimestre con los analistas financieros, Julien Patrick Dumoulin-Smith de Bank of America Securities le preguntó a Robo si podía “compartir algunos de los titulares relacionados con FPL aquí” Sé que ha habido muchos dimes y diretes y quizás haya mucho contexto que aportar ahí”. Dumoulin-Smith es director de Investigación de U.S. Power, Utilities and Alternative Energy Equity Researchpara Bank of American Securities.
Robo respondió: “Claro, Julian, creo que ya sabes, sobre algunos de los titulares políticos de la Florida creo que lo que me gustaría decir sobre eso es muy sencillo”.
Dijo que cuando la compañía “recibió el informe y y esas acusaciones que han estado en la prensa, llevamos a cabo una investigación muy extensa y completa que incluyó la búsqueda de los registros financieros de la empresa e incluyen la búsqueda de todos los que fueron nombrados y sus correos electrónicos corporativos”. Dijo que los implicados “nos facilitaron el acceso a sus correos electrónicos y mensajes de texto personales como parte de la investigación”.
Concluyó: “El resultado es que no encontramos ninguna evidencia de problema alguno, ninguna ilegalidad, ni ninguna fechoría por parte de la FPL ni ninguno de sus empleados”.
Robo añadió que estaba “muy satisfecho sobre la investigación que hicimos y que no hay ninguna base para esas acusaciones. Así que eso es probablemente todo lo que vamos a decir sobre eso hoy”.
Al final de la conferencia, Robo anunció que dejará su cargo el 1 de marzo y que lo remplazará John Ketchum, actual presidente ejecutivo de NextEra Energy Resources. También se anunció que Silagy, presidente ejecutivo de la FPL, asumirá la responsabilidad añadida de presidente de FPL.
Se pide a los reguladores que echen un vistazo
A principios de este mes, la información publicada por el Orlando Sentinel, el Florida Times-Union y el Miami Herald, hizo que cuatro legisladores demócratas pidieran a los reguladores estatales que realizaran una auditoría de FPL, la mayor empresa de servicios públicos del país y un monopolio regulado por la Comisión de Servicios Públicos de la Florida (PSC).
En una carta del 5 de enero, pidieron a la Comisión que determinara si la compañía estaba utilizando el dinero de los contribuyentes para fines políticos.
“Estos artículos han suscitado importantes preguntas sobre la posibilidad de que los fondos de los contribuyentes se usen no solo para influir en las elecciones, sino también para socavar la democracia mediante ardides de candidatos falsos, astroturfing [la práctica de ocultar a los patrocinadores de un mensaje u organización para que parezca que se origina y es apoyado por participantes de base] e intentos de soborno”, escribieron los representantes estatales Anna Eskamani, Carlos Guillermo Smith, Angie Nixon y Travaris McCurdy.
Un día después, el presidente de la PSC, Andrew Fay, respondió con un rechazo inequívoco a su solicitud, diciendo que la PSC “tiene una antigua prohibición sobre la inclusión de los gastos de cabildeo y otros, que se ha determinado que no traen ningún beneficio a los contribuyentes, entre los gastos que se recuperan a través de las tarifas cobradas al público por el servicio”.
Fay añadió que cuando la FPL presentó su solicitud de tarifas, “se llevó a cabo una auditoría durante la consideración por parte de la Comisión del caso de tarifas más reciente de la FPL”, y la auditoría “no identificó ninguna evidencia” de que la empresa “usar,o tuviera la intención de usar, los fondos de los contribuyentes para el beneficio privado de los asuntos de cabildeo, campaña o publicidad de la compañía”.
Los legisladores respondieron el 10 de enero, diciendo que consideraban que la revisión de la PSC estaba incompleta dadas las noticias.
Citaron el testimonio del experto en servicios públicos, Karl Rabago, en el caso de las tarifas, en que señaló que la FPL gastó millones en cuotas pagadas a ciertas asociaciones comerciales políticamente activas y citaron los propios documentos de la PSC en el caso de las tarifas.
"La respuesta de la FPL, así como las declaraciones proporcionadas para el expediente por el personal involucrado en la auditoría del caso de tarifas, dejan muchas preguntas y preocupaciones para nuestros electores y los floridanos en general", escribieron los legisladores.Esta historia fue publicada originalmente el 27 de enero de 2022, 3:26 p. m..