Trump pide a tribunal una revisión independiente del material de Mar-a-Lago tomado por el FBI
Los abogados de Donald Trump presentaron este lunes una demanda ante los tribunales en la que solicitan la designación de una parte independiente para que revise los documentos recuperados en su propiedad de Mar-a-Lago por agentes del FBI a principios de este mes, en un registro que reveló la amplitud de una investigación federal sobre el manejo de material altamente clasificado por parte del ex presidente.
Los abogados de Trump dijeron que los documentos son material “presuntamente privilegiado” porque fueron generados mientras Trump era presidente. Según el equipo del ex presidente, solo un “maestro especial” —una persona independiente nombrada por un tribunal para revisar los materiales— pudiera determinar si el material es privilegiado.
También están pidiendo a un tribunal federal que detenga la revisión del gobierno federal de los documentos que fueron retirados de Mar-a-Lago hasta que se designe un funcionario especial, calificando el registro del FBI en la propiedad de una “acción escandalosamente agresiva” contra “el claro favorito en las primarias presidenciales republicanas de 2024 ... si decide postularse”.
El FBI registró la propiedad el 8 de agosto como parte de una investigación sobre el manejo de material clasificado por parte del ex mandatario, incluyendo algunos de los archivos más sensibles que tiene el gobierno de Estados Unidos. Como consecuencia, el Departamento de Justicia hizo pública la orden de registro, que reveló que el Departamento tiene una investigación penal en curso sobre posibles violaciones de la Ley de Espionaje, destrucción ilegal de documentos gubernamentales y obstrucción a la justicia.
La orden de registro y un recibo de los artículos que fueron retirados de la propiedad de Trump muestran que los agentes del FBI recogieron 11 conjuntos de materiales clasificados, incluyendo un conjunto que incluía algunos de los secretos más sensibles del gobierno.
La Ley de Registros Presidenciales estableció que los documentos producidos por una administración siguen siendo propiedad de Estados Unidos —no del presidente, ni de ningún otro funcionario— después de dejar el cargo, independientemente de si el material es clasificado o no.
Los abogados de Trump, sin embargo, argumentan que estaba cooperando con el Departamento de Justicia y que el registro era innecesario. La moción confirma la información de que los abogados de Trump se reunieron con el FBI en Mar-a-Lago y entregaron las imágenes de vigilancia de un armario donde se guardaban documentos después de que el Departamento de Justicia entregara al ex presidente una citación judicial en mayo.
El FBI tiene “equipos de filtrado” que supervisa registros como el de Mar-a-Lago. El trabajo de esos equipos es asegurarse de que los agentes se adhieran a los parámetros de una orden de registro y, posteriormente, filtrar todo el material que se obtuvo en un registro para garantizar que los investigadores solo vean información relevante para su investigación.
Los abogados de Trump, en su presentación, afirman que no pueden ver los planes del equipo de filtrado sin tener acceso a la declaración jurada subyacente presentada en busca de la orden de registro. Pero Trump no ha pedido al tribunal que divulgue la declaración jurada.
El juez magistrado del sur de la Florida que supervisa el caso está considerando ahora la posibilidad de hacer pública una versión censurada de la declaración jurada que proporcionó la causa probable de que se hubieran cometido delitos, lo que llevó al registro. El Departamento de Justicia debe presentar las propuestas de tachaduras de la declaración jurada antes del mediodía del jueves.