Anciana cubana que luchaba contra la tutela pierde intento de independizarse tras examen ordenado por el tribunal
Ela Ávila, la mujer de 90 años de Miami que luchaba contra una tutora judicial que supervisaba su casa y sus finanzas, perdió el martes su último intento de independizarse después que un médico dijo que su estado mental no merecía un cambio.
Ávila, que apareció en un reciente artículo del Miami Herald sobre su caso de tutela, sigue bajo supervisión judicial para la mayoría de las decisiones importantes.
La jueza de circuito Bertila Soto acordó restaurar el derecho de Ávila a votar y la capacidad de tomar decisiones sobre sus interacciones sociales. La jueza no accedió a la petición de los hijos de Ávila de poner fin a la participación de una tutora profesional como custodio de las finanzas y los bienes de Ávila, incluida la casa de la abuela en La Pequeña Habana, que enfrenta una ejecución hipotecaria.
“No es que le esté devolviendo sus derechos”, dijo Soto durante la audiencia por video de la mañana. “Estoy restaurando dos derechos”.
El caso judicial de Ávila comenzó en 2021 cuando su hija, Rosa Hernández, inició los procedimientos de tutela después de plantear preocupaciones de que su hermano, Rogelio Hernández, no estaba proporcionando el cuidado adecuado a su madre mientras vivía con Ávila, según un resumen de Soto en una audiencia del 14 de junio.
Sobre la base de las evaluaciones ordenadas por el tribunal por médicos, Soto falló el año pasado que Ávila no tenía la capacidad mental para tomar decisiones por sí misma y nombró a una tutora independiente, Zaidis Álvarez, para supervisar sus asuntos financieros y condiciones de vida.
Esto incluye intentar resolver el proceso de ejecución de una hipoteca que venció antes de iniciarse el procedimiento de tutela.
El proceso pudiera costarle a Ávila, ya que Álvarez presentó al tribunal una factura de $21,000 por sus servicios de tutela en el caso.
La mayor parte de los honorarios proceden de un abogado que ayuda a Álvarez en el polémico caso de la tutela. El año pasado, un trabajador de casos de abuso de ancianos intervino brevemente en el asunto. Álvarez también ha estado presionando a Rogelio Hernández para que pague el alquiler ordenado por el tribunal por vivir en la casa de su madre. Hernández dice que está pagando demasiados gastos domésticos como para permitirse un alquiler.
Soto aprobó el año pasado poner a la venta la casa de Ávila a pesar de las objeciones de esta. Esa decisión quedó en suspenso mientras la jueza estudia una propuesta respaldada por la familia para saldar la deuda con una hipoteca inversa que permitiría a Ávila permanecer en su casa.
Los procedimientos de ejecución hipotecaria continúan y Soto fijó una audiencia para finales de este mes para considerar los próximos pasos sobre la casa.
Ávila no habló durante los procedimientos del martes, excepto para dar su permiso para que el Herald viera lo que de otro modo sería una audiencia confidencial. “No tengo ningún problema en absoluto”, dijo Ávila en español a través de un intérprete del tribunal. “No hay ningún problema”.
Hijos se alinean en apoyo
Aunque antes estaban enfrentados, los dos hijos de Ávila están ahora unidos para pedir a Soto que levante la tutela de su madre.
Dos profesionales médicos avalaron el estado mental de Ávila: una enfermera practicante escribió en un formulario en diciembre que Ávila tenía la “plena capacidad para vivir de forma independiente”, y una enfermera que trabaja para la unidad de abuso de ancianos en la Fiscalía Estatal de Miami-Dade dijo que Ávila “respondió a todas las preguntas correcta y claramente” en una entrevista el 17 de mayo de 2022.
El Herald obtuvo esos informes por medio de solicitudes de registros ante la Fiscalía Estatal y con la familia de Ávila, pero la mayor parte de las evaluaciones mentales realizadas bajo orden judicial son confidenciales. Eso incluye el informe preparado por el Dr. Emilio Mantero-Atienza a petición de Soto para la audiencia del martes.
Horacio Sosa, el abogado que representa a los hijos de Ávila, dijo que retiraba su petición de levantar la tutela basándose en las conclusiones del doctor.
“Sin entrar en los detalles del informe, este afirma que la señora Ávila no está en condiciones de recuperar su capacidad”, dijo Sosa.
El abogado de oficio de Ávila, Lee Harrison Griffis, pidió a Soto una ligera flexibilización de la orden de tutela para restaurar el derecho de Ávila a votar y su capacidad para tomar decisiones sobre su “entorno social” y a quién quiere en su casa como cuidadores y para apoyo.
Soto accedió a la petición. “Basándome en mis interacciones con la Sra. Ávila y su familia, no tengo ningún problema con [eso]”, dijo Soto.
Esta historia fue publicada originalmente el 12 de julio de 2023, 10:46 a. m..