Constructor enfrenta juicio por cargos de estafar al programa de préstamos por el COVID

Mientras la pandemia deLl COVID-19 hundía la economía, el urbanizador del sur de la Florida Eric Sheppard acudió al gobierno federal en busca de ayuda y recibió unos $900,000 en préstamos obtenidos fraudulentamente que su empresa realmente no necesitaba ni para los que reunía los requisitos, dijo una fiscal durante las declaraciones de apertura de su juicio federal en Miami el lunes.

Sheppard usó los préstamos de emergencia para gastos personales, como la hipoteca de su casa de Bal Harbour, su tarjeta American Express y facturas de joyería, después de presentar solicitudes falsas a un programa de préstamos de Estados Unidos aprobado por el Congreso después de que la pandemia golpeara en marzo de 2020, dijo la fiscal Ana Martínez a los jurados. El programa de asistencia económica estaba destinado a ayudar a las pequeñas empresas a hacer frente a la nómina y sobrevivir durante el desastre de salud pública, no a los urbanizadores ricos como Sheppard, dijo.

Martínez dijo que las solicitudes de préstamo de Sheppard no solo contenían información falsa, sino que muchos de los documentos justificativos, como las declaraciones de impuestos de la empresa, eran falsos, incluidos algunos falsificados con el nombre, el cargo y la firma de otras personas sin su conocimiento.

“El acusado no cometió este delito porque necesitara dinero”, dijo Martínez. “Cometió este delito porque quería más dinero”.

Sheppard –el primer urbanizador del sur de la Florida acusado de fraude a los préstamos de asistencia por el COVID-19– está acusado de nueve cargos de fraude electrónico y cinco cargos de robo de identidad con agravantes entre abril de 2020 y marzo de 2021. Si es declarado culpable al final de su juicio programado de dos semanas, cada uno de los cargos de fraude electrónico conllevaría hasta 20 años de prisión y cada uno de los cargos de robo de identidad conllevaría dos años.

Sheppard, quien según los registros vive en una casa de $4.2 millones en Bal Harbour, llamó la atención por primera vez como urbanizador hace 15 años, cuando renovó el histórico Carillon Hotel en Miami Beach y lo convirtió en un complejo turístico de lujo con un par de torres de condominios y el spa Canyon Ranch. El proyecto de Collins Avenue situó a Sheppard y a su empresa, WSG Development, en la cima del mundo inmobiliario de Miami Beach.

La abogada defensora de Sheppard, Jayne Weintraub, pintó un retrato muy diferente del urbanizador, diciendo que era un millonario que se forjó solo y un hombre de familia cuyo negocio se vio afectado por la pandemia, centrándose en un centro comercial que él desarrolló en Alafaya Trail, cerca del campus de la Universidad del Centro de la Florida en Orlando.

Exhortó a los 12 jurados a viajar en el tiempo para establecer un cierto contexto durante la crisis del COVID-19, señalando que Sheppard usó los préstamos federales para pagar a los empleados y comprar materiales para reconstruir un vasto espacio que quedó vacante por la quiebra del inquilino Toys ‘R Us para dar cabida a otro gran minorista, Burlington Coat Factory.

“Eric Sheppard usó cada centavo que se le dio a su empresa por las razones correctas”, dijo Weintraub a los jurados, señalando que no gastó los préstamos federales en autos Lamborghini, relojes Rolex o viajes exóticos. “El dinero se destinó a trabajadores y suministros como se suponía que debía hacerse”.

Weintraub dijo que tampoco falsificó las firmas de nadie en su serie de solicitudes de préstamo.

“No creó empresas para conseguir préstamos”, argumentó. “Tenía empresas reales que hacían negocios reales”.

La acusación, que fue presentada en junio y revisada en agosto, acusa a Sheppard de conspirar para defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a través de su Programa de Protección de Nóminas (PPP) y otro programa de asistencia en caso de desastre.

Los fiscales afirman que sus solicitudes de préstamo para tres empresas —HM Management and Development, HM-UP Development Alafaya Trails y HM Four— eran “falsas y fraudulentas” y que usó los casi $900,000 recaudados “para su uso y beneficio personal”.

Sheppard “enmascaró pagos a contratistas independientes como salarios a empleados [a tiempo completo] W-2” para calificar para los préstamos del PPP, según la acusación.

Las solicitudes de préstamo incluían “documentos falsificados”, como formularios del Servicio de Rentas Internas (IRS) y del Departamento de Ingresos de la Florida (FDR), según la acusación. Las solicitudes también “falseaban” el tipo de negocio, así como los ingresos, la nómina mensual y el número de empleados.

“Algunos de los documentos falsificados” presentados por Sheppard también “contenían los nombres y firmas falsificadas de otras personas, sin el conocimiento o consentimiento de esas personas”.

Las solicitudes de préstamo eran del orden de $150,000 y fueron revisadas por tres prestamistas no identificados en el marco del programa de la Administración de Pequeñas Empresas y desembolsadas durante la pandemia, según la acusación. Sheppard recibió un total de seis préstamos de asistencia por la pandemia.

Como capitaldel fraude en el país, el sur de la Florida ha liderado la oleada de delitos financieros que siguió a la aprobación por parte del Congreso de la Ley CARES durante la pandemia. A partir de 2020, la legislación inyectó en la economía nacional unos $800,000 millones de dólares a través del Programa de Protección de Nóminas de la SBA, en que los bancos revisaban los préstamos a cambio de una comisión y el gobierno federal condonaba los préstamos siempre que el dinero se usara para pagar a empleados u otros gastos generales.

Unos 200 habitantes del sur de la Florida han sido acusados de defraudar al programa, presentando solicitudes por cientos de millones de dólares consideradas falsas por los fiscales federales. Entre ellos: un hombre de negocios que usó el dinero del PPP para comprar un Lamborghini de $318,000; un enfermero que supuestamente mintió sobre su empresa para obtener $474,000 que se usaron en parte para pagar el alquiler de un Mercedes-Benz y la manutención de sus hijos, y una pareja de los suburbios de North Miami que afirmó ser agricultores para recibir $1 millón en beneficios de asistencia.

Sheppard, graduado en Economía y Finanzas de la Universidad Estatal de la Florida (FSU), describe en su página de LinkedIn su sólida carrera como urbanizador. Destaca la urbanización y la construcción de proyectos comerciales y residenciales en 13 estados diferentes, incluidos hoteles, condominios y centros comerciales “con valores superiores a $1,000 millones”.

Antes de cumplir 40 años, en 2008, Sheppard llevó el complejo turístico Canyon Ranch al Carillon Hotel de Miami Beach y se labró una reputación de filántropo rico y fiable.

Aunque Sheppard nunca había enfrentado cargos penales antes, había tenido una disputa legal previa con un prestamista privado en el proyecto del Carillon Hotel y también estuvo involucrado como inversionista con el notorio estafador piramidal y difamado impulsor del football de la Universidad de Miami Nevin Shapiro. Sheppard acabó siendo demandada como parte del escándalo.

La gran recesión afectó duramente a los mercados inmobiliario y financiero en 2008, incluido su proyecto Carillon, de gran repercusión. Sheppard fue demandado por el prestamista de su empresa, Lehman Brothers, que le acusó de no pagar millones de dólares en préstamos para la remodelación del hotel y resort de Collins Avenue. El litigio se resolvió de forma confidencial. Sheppard ya no tiene intereses financieros en el proyecto.

Pero, por la misma época, la estrecha relación de Sheppard con Shapiro, un amigo de la infancia en Miami Beach, trajo consigo controversias, pérdidas financieras y problemas legales, según los registros judiciales. Sheppard, según los registros judiciales, fue demandado por un fideicomisario de la empresa en quiebra de Shapiro cuando el fideicomisario intentaba recuperar el dinero para sus víctimas de la inversión.

Shapiro, uno de los estafadores más famosos del sur de la Florida, vendió a los inversionistas la idea de comprar comestibles baratos en una parte del país y venderlos en otra con una ganancia, un negocio de distribución al por mayor que se vino abajo al mismo tiempo que Sheppard terminaba su emblemático proyecto turístico en Collins Avenue.

Sheppard perdió unos $2 millones, incluidos $1.3 millones en inversiones con el negocio de Shapiro y otros $700,000 en un acuerdo con el administrador de la quiebra encargado de recuperar los fondos para las víctimas de la estafa de $930 millones de Shapiro. El acuerdo resolvió una demanda federal que alegaba que Sheppard no fue engañado por la elaborada estafa de Shapiro, sino que participó activamente en ella.